Que la sociedad argentina está descreída no es un dato novedoso, incluso frente a circunstancias de fuerte impacto e imprevisible consecuencias, como puede ser, en este caso, el intento de magnicidio que tuvo como objetivo a la persona de la Vicepresidente.
En efecto, la totalidad de las encuestas que midieron la reacción de nuestra gente frente a este hecho, nos indican que más de un 60 % cree que lo visto hasta el cansancio por todos los medios, se trató de un montaje para victimizar a Cristina Fernández de Kirchner precisamente cuando afrontaba la dura realidad del juicio que la imputa como jefa de una asociación ilícita. Sin embargo, hay datos objetivos que le dan andadura a esta generalizada percepción.
En primer término, se corrió a la Policía de la Ciudad del control del perímetro aledaño a la casa de CFK. En segundo lugar, se le dio esa delicada tarea a un grupo de militantes kirchneristas de nula capacidad y formación para tal fin. Tercero, se le exigió a la Ciudad de Buenos Aires que apagaran las cámaras de seguridad adyacentes al domicilio, con la excusa de evitar que se hiciera espionaje ilegal sobre los militantes que se reunían en las inmediaciones. En cuarto término, producida la agresión, la custodia de la
Policía Federal actuó como si no hubiera pasado nada, en lugar de poner en práctica en forma inmediata el protocolo de protección física de la agredida y su inmediata evacuación.
Fernando Sabag Montiel
Pero no solo esto genera las sospechas mencionadas. Producida la captura de Fernando Sabag Montiel por parte de militantes, se fotografía en el suelo un arma que generó sospechas respecto de si era la efectivamente la misma que aparece en todas las filmaciones. Inmediatamente de producida la intervención judicial, la jueza envía el teléfono del agresor para ser analizado por personal de la Policía Federal, resultando que por un manejo inadecuado del aparato se perdieron datos de inapreciable valor para la investigación.
Pero como si esto fuera poco (diría un vendedor ambulante arriba de un tren), cuando la jueza ordena la intervención del teléfono de Brenda Uliarte, esta orden es *malinterpretada* por personal de la Policía Federal y si no hubiera sido por la rápida intervención de la fiscalía, no se hubiera podido detenerla, Tampoco hubo inteligencia previa al hecho para determinar posibles amenazas o bien para mejorar el dispositivo de seguridad de la Vicepresidente, además de no haberse analizado en profundidad agresiones anteriores, como fue el ataque con piedras a su oficina del Senado, que hubieran podido prefigurar el riesgo al que estaba sometida.
Sin querer con lo señalado agotar la enorme serie de irregularidades que se dieron antes y después de la agresión, queda claro que a esta altura de los acontecimientos no solo el grado de descreimiento se debe a las causas mencionadas al principio,
Brenda Uliarte
También hay datos objetivos que justifican lo que la sociedad argentina percibe. Por eso, finalmente, es tan importante dejar actuar a la justicia sin ninguna presión ni condicionamiento, para que de una vez por todas los argentinos tengamos en claro que pasó, quienes son los responsables del hecho, si hubo o no instigadores y quien podría, eventualmente, beneficiarse si el disparo se hubiera materializado. Solo la justicia puede darnos claridad ante un hecho tan oscuro como dramático.
* Miguel Àngel Toma, fue diputado nacional (MC) y secretario de inteligencia.