Roza el absurdo y, acaso, la burla que el gobernador de la provincia de Buenos Aires ordene, tras el brutal ataque contra el ex futbolista Fernando Cáceres en Ciudadela, un virtual endurecimiento de las leyes contra la inseguridad. Es como si el conurbano bonaerense, acosado desde mucho tiempo por este flagelo, hubiera amanecido ayer con la novedad del pavoroso aumento del crimen y del consecuente y entendible miedo de la gente. Un anuncio de esa naturaleza poco y nada contribuye a paliar la desprotección de la cual se ven cautivos los impávidos vecinos de esa populosa área que rodea a la ciudad de Buenos Aires, así como los porteños y los argentinos en general.
Sólo el gobierno nacional parece convencido de que la inseguridad, como la inflación oculta en los índices manipulados del Indec, es una sensación de la cual se aprovechan sectores opositores para empañar su gestión. El ataque contra el ex defensor del seleccionado es uno más de un modus operandi que se ha hecho frecuente últimamente: intentaron robarle el coche en el que circulaba.
Si se suman el asesinato del empleado bancario Gonzalo Etcharrán frente a su esposa embarazada, también mientras iba en su auto y también en Ciudadela, y el del estudiante de musicoterapia Santiago Urbani, de 18 años, durante un asalto en su casa en Tigre, la ecuación demuestra que, más allá de la saña de los criminales o incluso del consumo de drogas para actuar con tanta sangre fría, la falta de presencia policial en las calles por indecisión o incompetencia de las autoridades es, en realidad, la causa principal de estos luctuosos sucesos.
Se supone que Scioli, nacido en la política bajo el ala de Carlos Menem y crecido al calor de Néstor Kirchner, tiene aspiraciones políticas superiores. De ser así, en lugar de prestarse a las especulaciones de ese tipo, debería darse cuenta del terreno minado en el cual transita su actual gestión después de haberse prestado a ser candidato testimonial para no asumir el cargo de diputado nacional en diciembre. Pedir mayor dureza y rigor una vez que el crimen ha sido consumado es como darle una aspirina a un enfermo de cáncer. De nada valen las condolencias, si no se sabe prever aquello que puede ocurrir y si no se actúa a tiempo.
No es momento para reflotar discusiones extremistas, como la pena de muerte, en un país que requiere serenidad y orden para tomar decisiones acordes con las circunstancias. Scioli no está solo: durante una semana, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires advirtió que la Policía Federal iba a dejar de prestar servicios en determinados lugares por una deuda impaga. Mauricio Macri aprovechó la oportunidad para reclamar el derecho de tener policía propia y el gobierno nacional aprovechó para dejar que los avisos del gobierno porteño se decantaran en miedos trasladados a la gente.
Más allá de la habitual indiferencia del gobierno nacional ante estos temas, vale tener en cuenta que Macri, como Scioli, también tiene aspiraciones superiores. No será a costa del miedo de los demás cómo alcanzarán esas metas. Va siendo hora de que ambos, más allá de la posición presidencial, se impongan metas y, si no reciben colaboración, diseñen un plan conjunto de seguridad que permita, al menos, volver a confiar en ellos en la lucha contra la inseguridad.
En un terreno tan delicado como éste, en el cual la gente paga con su vida los desatinos políticos y las riñas sectoriales, es inadmisible que la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, recorridos en forma cotidiana por miles de personas que no distinguen límites entre ellos, estén sujetos a restricciones más mentales que legales para aplicar las leyes como corresponde y prevenir delitos antes de lamentar más muertes.
Si ahora se vuelve sobre el tema, se debe a la conmoción que ha provocado el ataque contra alguien conocido como Cáceres. Los otros crímenes, tanto o más aberrantes que ése, suelen ser considerados casos aislados en función de su trascendencia. No debe ser así ni deben ser tomados a la ligera los robos ocasionales, los secuestros exprés y las salideras de los bancos, reducidos en la mayoría de los casos al área de competencia de la víctima.
Toda política de seguridad, como hemos dicho varias veces en estas páginas, debe empezar por una información actualizada, seria y responsable sobre los peligros potenciales a los cuales nos vemos expuestos. Sin ella, más patrulleros en las calles, como se reclama habitualmente, de poco y nada servirán si, incluso, sus ocupantes pueden distraerse o dormirse. Es probable que esa información que se reclama obre en poder de los delincuentes, atentos a los flancos débiles de las fuerzas de seguridad para asestar sus macabros golpes. De ser así, las autoridades deberían plantearse si están capacitadas para ejercer los cargos que ocupan y si, acaso para evitar absurdos y burlas, será conveniente que tomen el toro por las astas en vez de esperar que un gobierno como el nacional, que cotiza en oro el diálogo porque carece de él y no lo alienta, se digne a reconocer las falencias estructurales sobre las cuales no parece interesarse ni preocuparse como la gente de a pie y desprotegida.
Editorial de hoy de diario La Nación