Esta mañana, el país amaneció un poco menos democrático. Y con una larga sombra de dudas tendida sobre libertades públicas tales como el derecho a la información y a la expresión. El tratamiento de la Ley de Medios aprobada esta madrugada en general, así como el enrarecido clima de sospecha en que se llegó a la votación en el Senado, y varios de los artículos de este instrumento que se aprobaban ya cerca de las cuatro de la mañana en particular; así lo indican.
Ninguna ley de la democracia destinada a destruir a alguien puede ser buena. Y aunque fue inspirada en los 21 puntos por una radiodifusión democrática, cuya construcción merece el elogio a las organizaciones que participaron del debate durante varios años, la verdad es que la letra de la ley, en artículos clave, significa un avance brutal contra los medios y una intromisión inadmisible en el control de los contenidos que podrá hacer el Estado-Gobierno de la Argentina.
El debate en Diputados ya había sido muy pobre. Y se votó en el Senado en medio de graves denuncias y sospechas de compras de votos, coimas y favores políticos, las que deberán ser aclaradas alguna vez. Como el 90 % de las leyes que este año trató la Cámara Alta, la Ley de Medios atravesó el recinto sin corregir siquiera una coma. Así, el Senado se ha transformado en la escribanía más cara y de mayor presupuesto de la Argentina.
La ley sancionada tiene muchos artículos superadores del actual marco legal. Incluso la oposición estaba dispuesta a acompañar casi un centenar de los ítems. Pero tiene otros que están claramente destinados a golpear especialmente en el corazón del multimedios Clarín, el principal enemigo que el gobierno tiene ahora. En este sentido, hay que tomar muy en serio las palabras del jefe de bloque del oficialismo, el rionegrino Miguel Pichetto, cuando admitió en su discurso de cierre que “tal vez” el canal TN “deba transformarse en una señal local”.
TN es la señal que el kirchnerismo bautizó como Todo Negativo, y al que el propio Kirchner responsabiliza por la derrota política contra el campo primero, y en las elecciones después. Visto así, las palabras de Pichetto son casi una confesión. Lo mismo pasará con otros canales de noticias y radios que hoy se escuchan en todo el país. Sinceramente, no se entiende cómo la destrucción de los medios que no dependen del poder o no son sus amigos, puede aportar pluralismo, y más voces para que todos –y todas, claro- tengan más opciones para elegir una fuente de información. El efecto de esta ley, lo veremos con el tiempo, será el contrario. Y aún hay que ver qué sucede con Papel Prensa, la empresa que el gobierno quiere intervenir o expropiar, al menos según lo que les ha dicho el secretario de comercio Guillermo Moreno a los atribulados representantes del Estado en esa firma, con denuncias de amenazas de columnas partidas y ojos reventados de por medio. Una medida así sólo tendría como objetivo controlar a los diarios impresos a través de la provisión de su insumo básico.
Es rara la Argentina. Un gobierno débil y rechazado, al que siete de cada diez argentinos no votaron en las elecciones del 28 de Junio y que goza de una pésima imagen entre los ciudadanos de este país, incluida una porción importante del peronismo, consiguió una ley clave para sus planes futuros, que significará casi un relanzamiento y el impulso a la candidatura presidencial de Néstor Kirchner en 2011. Para ese momento, el ex presidente espera un escenario más amable, con medios atomizados y domesticados, y con el Estado teniendo injerencia directa sobre el 66 % de la producción audiovisual, e indirecta sobre el otro 33 %. Tal vez Kirchner no ha tomado el ejemplo de la historia. La ex URSS se vino abajo con la única voz del Pravda y la agencia oficial TASS como voces unívocas de lo que ocurría. Pero eso, es otra discusión.
La nueva Ley de Medios impuesta por el oficialismo merced al número de sus legisladores y –dicen- el dominio de la billetera; es anacrónica. Atrasa 30 años, por lo menos. No tiene en cuenta la evolución de las tecnologías, y en poco tiempo más no servirá para nada. El mundo, como bien dijo Carlos Pagni ayer en La Nación, va hacia la banda ancha y el universo de Internet, algo incontrolable no sólo para este gobierno, sino para cualquiera, salvo que vivamos en China, donde hay censura directa del Estado sobre los contenidos a los que puede acceder la población. Australia anunció que el 90 % de su territorio tendrá banda ancha en diez años, y el otro 10 % se nutrirá de la red de forma inalámbrica. Y aquí, se sanciona una ley que tiende a desfavorecer la inversión tecnológica, y a reducir el pluralismo introduciendo en la vida pública de los argentinos un Gran Ojo Vigilante sobre lo que vemos y oímos en los medios, cuando no de lo que tengamos a disposición para leer, habrá que verlo.
La Argentina perdió la oportunidad, al menos ahora, de tener una buena Ley de Servicios Audiovisuales. El debate en medio del apriete, las denuncias cruzadas, y las operaciones políticas y mediáticas, no favorecieron la discusión. Y lo más probable es que ahora haya un largo tramo judicial, y habrá que analizar entonces la capacidad tanto de los multimedios afectados como del gobierno, para “convencer” a los jueces con sus argumentos. En todo caso, lo que viene ahora es una extenuante batalla de estudios de abogados. Y va a ganar el que pueda pagar a los mejores, y tener a la Justicia de su lado. Es una pena, pero en eso terminará el debate.
Está claro que Clarín, el adversario agro-mediático-sojero del kirchnerismo cerril, se benefició durante años de su posición dominante en el mercado. Lo hemos dicho con claridad. También hemos explicado las ventajas y desventajas de esta ley en un largo trabajo, hace dos semanas. Pero esta madrugada, los grandes carteles que portaban los manifestantes en la Plaza de los Dos Congresos confirmaron todas las presunciones negativas. En las pancartas se podía ver al isologo del Gran Diario Argentino con el clarín invertido, y colocado firmemente entre las nalgas.
Esta, a no dudarlo, es la ley de la venganza, el instrumento de la revancha fálica que el poder dolido logró imponer. Es, desde ese punto de vista, la nueva Ley Oscura de la Argentina.