La nueva denuncia en contra del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, es una ampliación de la que el jefe de la UCR, Gerardo Morales, junto a Alejandro Nieva, Ernesto Sanz y Miguel Giubergia ya tienen presentada en la Justicia. A los cargos originales --desde malversación de caudales públicos hasta "posible encubrimiento de lavado de dinero"-- le sumarán hoy abuso de autoridad, porque en el expediente del "acta acuerdo" firmada por Jaime para comprar la empresa "no hay informes técnicos ni dictamen jurídico... el expediente fue armado con premura para justificar todo", dijo ayer Nieva.
También pedirán que la Justicia ordene a Jaime y a Julio De Vido que "se abstengan de seguir con la ejecución del acta, porque es ilegítima". "Impugnamos el acta --agregó Morales-- porque es absolutamente nula, es la convalidación del gran fraude para que todos los argentinos nos hagamos cargo del pasivo de Aerolíneas."- El acta cuestionada fue firmada por Jaime y el grupo Marsans el 17 de julio, por casualidad el mismo día que el "voto no positivo" de Julio Cobos le propinó una dura derrota legislativa al Gobierno.
La ratificación de ese documento --una especie de boleto de compraventa- era el "corazón" del proyecto del Ejecutivo: al adquirir el paquete accionario, el Estado se hacía cargo también del pasivo. Pero fue extirpado del texto, y la aprobación de Diputados ni siquiera lo menciona (el valor de la empresa será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación). Los opositores piden que el acta se rechace taxativamente, porque sigue en vigencia y abre las puertas a futuros reclamos judiciales de los privados, informa hoy el diario Clarín.
En lo que coinciden las dos partes es que se va camino a una "expropiación" de la compañía. Eso sucederá en el previsible caso de que los empresarios españoles no acepten la valuación que imponga el Estado. "En definitiva, se trata del mismo objetivo: que la empresa pase a manos del Estado", dijeron fuentes de la Secretaría. Los opositores insisten en que el mejor camino sería la quiebra de la empresa, para que Argentina se haga cargo de garantizar el servicio y la fuente de trabajo pero no de la deuda.
Nuevas denuncias contra Ricardo Jaime
A los cargos originales, malversación de caudales públicos y "posible encubrimiento de lavado de dinero", le sumarán hoy abuso de autoridad.