Hizo falta casi 100 días de paro, dos cacerolazos virulentos y una opinión pública enardecida y preocupada para que el Gobierno nacional se acordara del Congreso y el ex presidente diera una conferencia de prensa en cinco años.
Al parecer, el gobierno de Cristina Fernández ha encontrado una fórmula para salir de la crisis que derivó de la aplicación de un sistema de retenciones móviles en la República Argentina.
Tras la preparación del terreno que se produjo con el discurso de Néstor Kirchner, quien ratificó el accionar del gobierno, pero también envió algunas señales de distensión al despegarse de Luis D’ Elía y al mencionar que el ex presidente Eduardo Duhalde no forma parte de una conspiración golpista, la presidenta anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso.
La noticia, en sintonía con la propuesta que unos días antes había realizado el vicepresidente Julio Cobos, propone la solución a través del debate parlamentario, mediante el tratamiento de una ley que reemplace a la polémica resolución. La primera gestión política de gran relevancia del ex gobernador de Mendoza, que lo deja muy bien parado de cara a la opinión pública y la clase dirigente.
El asunto, que casi de manera automática distiende la crisis y toma como propio uno de los reclamos de los ruralistas, en el sentido de la discusión federal y republicana en el ámbito natural que es el Parlamento nacional, supondría una poderosa y elegante salida por parte del gobierno.
En primer lugar, porque el Gobierno no cede en su postura original y deja en manos de un órgano legítimo de la República, el Poder legislativo, la discusión del asunto. Posteriormente, porque potencia un órgano que durante mucho tiempo ha estado casi paralizado y le da impulso en un tema crucial que ha despertado profundas disidencias. Finalmente, porque la resolución que de allí salga, tendrá toda la legitimidad de una ley de la Nación y será fruto del intercambio de los representantes de todas las provincias.
Dentro de ese funcionamiento será interesante ver cómo se articulan los intereses de la pertenencia partidaria con los de las provincias o regiones de origen. Por ejemplo, ¿cómo votarán los legisladores oficialistas de provincias tan afectadas como Buenos Aires o Entre Ríos? Asimismo, este dilema no tiene que ver solamente con las zonas productoras, si no también con lo qué van a hacer nuestros legisladores mendocinos en el recinto. ¿Pedirán que los recursos sean coparticipables, o le seguirán haciendo el juego a la Nación? ¿Tendrán criterio propio o seguirán la imposición de la obediencia debida?
Es importante señalar que en nuestra opinión, tiene que haber un sistema de retenciones. Asimismo, y si alguien tiene ganancias extraordinarias, también debe aportar más. Conceptualmente, consideramos que el límite está en evitar que sean arbitrarias o confiscatorias.
En el futuro, la institucionalidad argentina debe ser lo suficientemente dinámica para revisar este sistema y adaptarlo a las modificaciones que se produzcan en el contexto internacional, a fin de redistribuir de mejor manera su producido.
Sería interesante, que con el mismo espíritu, se revisaran los aportes que realiza el sector del juego, a efectos de destinar sus millonarias ganancias a programas de redistribución social, tal como asegura la presidenta se destinará parte de las retenciones.
Pero, si bien el tema de las retenciones parece haber sido el disparador de un gran debate nacional, no hay que olvidar que todavía y sobre la mesa quedan otros temas igual o más importantes: como los inconvenientes del sector del trigo, la carne y la leche. En este tema hemos permitido, por ejemplo que Brasil y Uruguay tengan hoy una política de carnes más efectiva que la de nuestro país, y que tras la crisis, el sector tambero esté al borde de la quiebra. Asimismo, tampoco hay que olvidar a las economías regionales, el federalismo, la coparticipación y la inflación. Motivos por los cuales también blandieron las cacerolas.
El debate pasó de las calles al Parlamento
El anuncio de la presidenta Cristina Fernández significa un gran desafío para el sistema democrático, pero en especial para la generación de una discusión profunda sobre el modelo de país deseado. En ese contexto, el Congreso de la Nación y sus representantes tienen ahora una oportunidad histórica.¿Respetarán los mandatos partidarios o las pertenencias a sus provincias y regiones de origen?