La seguridad es responsabilidad de todos

Hace unos días le propusimos a nuestros lectores un fuerte desafío: debatir, con propuestas y aportes concretos soluciones integrales para la seguridad. Para ello consultamos a especialistas y sintetizamos una serie de ítems con la sana intención de contribuir con nuestros gobernantes, y asumir como medio de comunicación, nuestro responsable rol ciudadano.

Aquel análisis y batería de propuestas llevó como título “Basta de gestionar el desorden”, y principalmente apuntó a poner las cosas en su lugar. Ya que no se trata de recetas mágicas, ni de soluciones instantáneas, sino de recuperar y anteponer la política en un rol protagónico que de ninguna manera puede estar supeditado a decisiones meramente técnicas o a una mirada exclusivamente policial del problema.

Justamente por su carácter multicausal y por la complejidad de un fenómeno cada vez más intenso, es que se requieren soluciones menos apresuradas, más científicas, que estén orientadas en una clara dirección: la de mejorar la calidad de vida de los mendocinos sobre la base del respeto de los derechos de todos los que aquí deseamos construir un lugar cada vez mejor.

En ese mismo artículo, y respetando nuestra característica de medio interactivo, también quisimos conocer la opinión de nuestros lectores y formulamos una encuesta multiple choice que merece algún análisis de nuestra parte.

La pregunta pretendía indagar sobre “¿Quién cree usted que puede aportar soluciones al problema de la seguridad?” Con ello quisimos conocer los alcances del mensaje que nuestra nota incluía, pero también indagar respecto de cuál es la percepción que los mendocinos tienen respecto a su responsabilidad en el tema.

Con casi 300 casos registrados al momento de escribir este nota editorial, y de la docena de opciones previstas como respuesta a la pregunta, surge, de manera contundente un resultado revelador: el 45,5% de los que aceptaron el desafío de responder la encuesta consideraron que la seguridad es un problema que atañe a “todos”. Esta opción, la más votada, incluye a una larga lista de actores sociales de diversa índole que generalmente tienen una mirada parcial sobre el asunto.

En primer lugar, el propio Estado, que entre otras acciones tiene la tarea de articular intereses y fomentar el bien común y que en este modesto sondeo de MDZ recibió el 22,8 % de los votos. Es decir la mitad de los que recibió la opción más votada, lo que habla también a las claras que hay una percepción mayoritaria respecto a que con los esfuerzos públicos no alcanza para superar lo que existe, pero que sin embargo, tiene un rol prioritario en su solución.

Lejos en la consideración, pero con un importante caudal de votos se ubicó a la “sociedad civil”, como otra opción capaz de proveer soluciones y que acaparó el 7,9%. A continuación, se ubicó el ítem “la policía”, con el 5,5%, que si bien es un porcentaje que a primera vista aparece como importante, disminuye su peso específico si por ejemplo se incluye a muchos de los otros ítems –como de hecho lo están- dentro de aquel con el que quisimos representar la generalidad de un colectivo social denominado “sociedad civil”. Y estamos hablando de los propios “ciudadanos en forma individual”; opción que obtuvo el 2,8%; “las universidades” el 4,1%; “los partidos políticos” 2,1%;  “las iglesias y demás cultos” 1,7%; “los organismos de derechos humanos” 1,7%; “el sector privado” 1,4% y “las organizaciones no gubernamentales” (ong's) con el 0,7%.

Es decir que si se suman estos porcentajes, se puede afirmar que la sociedad civil en su totalidad registra una preferencia del orden del 22.4%. Un índice no menor pues se posiciona detrás del Estado como la opción con más clara responsabilidad y capacidad de generar aportes que puedan traducirse en soluciones.

Más allá de estos guarismos, es importante destacar que la encuesta refrenda lo que suele ser un lugar común: que nadie puede salvarse solo, que como sociedad debemos aunar esfuerzos, cerrar (incluso desde lo conceptual) filas, y comprender que ya no hay margen para especulaciones de ninguna índole. En definitiva, generar un compromiso que comprenda y contenga a todos.

Sí, llama la atención algunos módicos porcentajes de instituciones con presencia pública  y que sobre estos temas tienen postura tomadas, como es el caso de las universidades (recordemos que la UNCuyo elaboró un plan al respecto), las ong's que incluso muchas de ellas han surgido como resultado de la misma situación crítica y los organismos de derechos humanos que constantemente han marcado presencia con su prédica.

No es menos llamativo la escasísima presencia que logran las iglesias, que también suelen expedirse habitualmente sobre el tema, o el sector privado que en forma particular o de manera orgánica a través de sus entidades representativas, también han generado aportes a la materia.

Aunque justamente, y por otra parte, lo que aquí ha de leerse no ha de ser tanto el porcentaje, sino la “dispersión” de actores/opciones que en definitiva, desde su postura individual o en asocio con otras pueden (y deben) generar nuevas y creativas maneras de enfrentar los problemas.

Asimismo, y finalmente, es de consideración el porcentaje de escépticos y desencantados, para quienes la opción “ninguno” es la que mejor representa su pensamiento respecto a quién puede aportar soluciones para la seguridad. Ese 3,8% también habla del hartazgo y la sensación de desamparo e incredulidad que muchos mendocinos tienen a la hora de establecer un horizonte superador de las actuales condiciones. Tal vez sean ellos los que mejor representen el grado crítico que la seguridad ha alcanzado en nuestra provincia. A ellos, y a todos los mendocinos, deben estar dirigidas las políticas y especialmente el compromiso de una sociedad inclusiva, solidaria y democrática, lo que también implica equidad, justicia y valores que aseguren avances en vez de retrocesos.