La discusión en la Cámara de Diputados de la Nación viene durísima. Es que muchos legisladores, incluidos unos cuantos en el propio peronismo, advierten que será imposible aprobar el proyecto de estatización de los fondos jubilatorios y el fin de las AFJP tal como lo envió el gobierno, sin que quede la sensación pública de que le están confiscando el aporte de 14 años a la gente.
Por eso, varios diputados del oficialismo, socialistas, algunos del PRO, radicales y del ARI trabajan en un proyecto diferente que contempla una “vía intermedia” entre las AFJP, y dejarle la caja de 90.000 millones ya recaudados al Gobierno. El plan consiste en que –tal como dice la iniciativa oficial- todos los jubilados empiezan a aportar al Estado desde el 1 de enero. Pero, con los aportes que ya se recaudaron en todos estos años desde que rige el sistema (transformados en activos, plazos fijos, acciones en empresas, y diversas inversiones) se haga una cuenta especial en el Banco Nación, a salvo de las tentaciones de cualquier gobierno. Así, cada nuevo jubilado recibirá un “plus” del Banco Nación a la hora de convertirse en pasivo. Esta idea, muy resistida por Kirchner, está creciendo con fuerza aun en el propio peronismo.
El diario La Nación, pinta un panorama concreto de cómo están las cosas en el bloque del oficialismo. “El dinero de los aportantes no es ni del Gobierno ni de las AFJP” enfatizó el diputado Jorge Obeid (Santa Fe). “Estamos de acuerdo con el traspaso de los fondos al Estado y votaré a favor de la iniciativa en general, pero propondremos modificaciones para que no puedan ser utilizados para gastos corrientes y pago de deuda pública”.
Estos reparos no alteran, por ahora, la tranquilidad que hoy exhibe el jefe de bloque oficialista, Agustín Rossi (Santa Fe), convencido de que tendrá los votos suficientes para darle media sanción a la iniciativa dentro de dos semanas. Su confianza radica en que los reparos en su tropa no comprometen el corazón de la ley, que es el traspaso de los fondos privados de jubilación al sistema público de reparto, lo que implicará el fin de las AFJP.
Si este punto neurálgico no se cuestiona, entonces el proyecto no tendrá dificultades en su aprobación en general, según confían en el bloque oficialista, que con este criterio espera contar con el apoyo de los bloques de SI, de Eduardo Macaluse (Buenos Aires) y de Claudio Lozano (CTA).
La pregunta clave es si el oficialismo estará dispuesto a introducir cambios en la propuesta para reforzar la protección de los fondos jubilatorios y despejar las sospechas de que, en realidad, engrosarán la caja del kirchnerismo para la campaña electoral del año próximo.
Fuentes oficialistas no descartan modificaciones, pero éstas, de producirse, no serán radicales; tal vez algún retoque para contener a la tropa y ampliar la malla de consenso.
Hasta ayer, por lo pronto, la decisión oficial era no incorporar modificaciones medulares a la iniciativa y apurar su tratamiento en el Congreso. De hecho, el objetivo es convertirla en ley dentro de un mes.
Si bien algunas fuentes de la Casa Rosada adelantaban que la comisión bicameral que supervisará el destino de los fondos -prevista en la iniciativa- podía ser presidida por la oposición (aunque con mayoría oficialista), otras voces la descartaban de plano. El único cambio será, por ahora, discursivo: no focalizar el argumento oficial en un discurso retórico contra los intereses concentrados de la economía, sino más bien insistir en las bondades del traspaso de los aportes privados al Estado, por la garantía que éste les ofrece.
Este fue motivo de sendas reuniones que, por la mañana y luego por la tarde, mantuvieron ayer legisladores con funcionarios de Gobierno. En ellas participaron los diputados Rossi, Patricia Vaca Narvaja (Córdoba) y el presidente de la Comisión de Previsión, Juan Carlos Díaz Roig (Formosa), junto al senador Miguel Pichetto (Río Negro), el secretario legal y técnico Carlos Zannini y el presidente de la Anses, Amado Boudou.
Quienes no se contentan con simples retoques en el proyecto oficial son los diputados díscolos del PJ encabezados por Felipe Solá (Buenos Aires) y el mendocino Enrique Thomas. Este grupo -entre cinco y ocho legisladores- cuestiona que se elimine de un plumazo el sistema privado de jubilaciones sin respetar los derechos individuales de los aportantes. Afirman no defender a las AFJP, al contrario, pero son partidarios de un cambio gradual de sistema, no tan traumático.?
“El Gobierno se arroga el derecho de decidir qué es lo mejor para los aportantes a las AFJP que decidieron voluntariamente permanecer en ese sistema”, declaró Solá. “El régimen de AFPJ fracasó, pero habría que analizar soluciones intermedias”, añadió Thomas, que también reclamó un control reforzado de los recursos jubilatorios.
AFJP: Preparan un plan alternativo al de los Kirchner
En el bloque del PJ muchos diputados reclaman garantías de protección de los fondos jubilatorios, y que no se puedan usar para gastos corrientes o pago de deuda pública. El foco de la discusión es que los aportes hechos durante estos 14 años del sistema no son de las AFJP ni del gobierno, sino de los aportantes.