La falta de un ordenamiento claro que regule la utilización de agroquímicos, es una de las principales insistencias de quienes se oponen al uso de estos productos. Si bien este punto siempre ha generado un gran debate, en los últimos meses, las discusiones se incrementaron. Especialmente, tras las medidas anunciadas en diferentes municipalidades sobre la aplicación de ciertos fitosanitarios como el glifosato. En medio de este incesante debate sobre los efectos de los agroquímicos en la salud humana, el gobierno presentó una serie de pautas para la correcta aplicación de estos productos. Sin dudas, algo necesario para darle claridad a un tema polémico. Pero en un debate en el que las acusaciones pueden más que la ciencia y la ley, las soluciones parecen no tener importancia. Aquellos que con tanta insistencia reclamaban la introducción de un marco regulatorio, ahora tampoco se conforman con las pautas presentadas por el gobierno. Su único objetivo, parece ser el de lograr la prohibición de estos productos. Mientras tanto, los productores intentan demostrar que las medidas restrictivas generarán grandes pérdidas, algo que el sector no se puede permitir.
Un documento con doce pautas sobre aplicaciones fitosanitarias, fue el resultado al que llegaron los miembros del grupo interministerial formado con el único propósito de crear un marco integrador. No es casualidad que en el informe se aclare que las recomendaciones van en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporados en la Agenda 2030, ya que una de las prioridades el gobierno argentino es alinearse con las tendencias mundiales. Algo que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, dejó bien en claro durante la presentación del informe, al decir que "la OCDE y la Agenda 2030, nos obligan a no mirar para otro lado". Quizás le faltó agregar que, más allá de los compromisos internacionales, los debates que se están llevando a cabo en Argentina sobre la sustentabilidad de los agroquímicos, obligan a no mirar hacia otro lado. Con las discusiones sobre el uso de glifosato sobre la mesa, principalmente en Entre Ríos y Rosario, está claro que se necesita una respuesta por parte de las voces certificadas, para poner paños fríos a una situación que por más actual que parezca, ya lleva años en el banquillo. Y en ese sentido, el ministro Bergman acertó al decir que se necesita una mayor interacción para que no hayan debates ideológicos, cuando lo que se necesita es "solidez y contundencia en cuanto tener producción cuidando el desarrollo para salir de la pobreza".
Las palabras de Bergman, demuestran algo que es evidente, los fitosanitarios son una herramienta de trabajo clave para los productores. Las restricciones y peor aún las prohibiciones de estos productos, tienen consecuencias directas en la producción. Y por supuesto, no es momento para generar pérdidas. El esquema es claro, una prohibición de estas características, impacta directamente en el rendimiento, lo que a su vez significa un aumento en los costes de producción. Lo que se traduce en un aumento del precio de los alimentos.
El caso del glifosato es quizás el más repetido en la actualidad. Este herbicida, ha estado en la boca de muchos, luego de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), lo señalara como "probablemente cancerígeno". En ese momento, el herbicida conocido por ser el más utilizado a nivel mundial, empezó a ser cuestionado por sus posibles efectos en la salud humana. Esta clasificación marcó el comienzo de una serie de acusaciones, que muchos creen, son infundadas, como que el glifosato causa cáncer, problemas respiratorios, malformaciones congénitas y muchas otras más. Sin embargo, hasta ahora, la literatura científica ha descartado problemas de toxicidad del glifosato. La FAO, la Organización Mundial de la Salud, y diferentes autoridades regulatorias como la Autoridad Europea en Seguridad de los Alimentos y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, son algunas de las que presentaron estudios científicos que avalaron la seguridad del glifosato. Sin embargo, hay quienes, no contentos con los resultados científicos, siguen insistiendo en prohibir este herbicida.
Este es un debate que requiere que se hable con pruebas en la mano. Pruebas científicas, claro. Porque no se le puede dar el mismo estatuto a una idea generalizada o una creencia que a un estudio científico avalado por organismos internacionales. Cuestionar la seguridad de los productos es algo legítimo. Lo que no es legítimo, es estigmatizarlos a pesar de que ya se haya concluído que los mismos no producen efectos negativos para la salud o el medioambiente. Aquellos que promocionan la prohibición del glifosato, olvidan o esconden, que este método de control de malezas, ha permitido implementar sistemas innovadores como la siembra directa que ayuda a reducir la erosión del suelo, como así también a disminuir las emisiones de CO2 de la rotación del suelo. Sin olvidar también que reduce el uso de maquinaria y que al unirse al suelo, el glifosato se degrada con el tiempo lo que hace que no haya ningún rastro del herbicida en alimentos.
Tampoco se entiende cuál es la propuesta concreta de quienes se manifiestan a favor de la prohibición del glifosato. Hasta ahora, no se han escuchado propuestas con alternativas. La realidad es que no hay demasiadas opciones. Si se prohíbe el glifosato, se deberá volver a implementar métodos de control de malezas anticuados, ya sean mecánicos o químicos. Esto significa, por ejemplo, volver a la labranza, lo que incrementaría la erosión del suelo. Es decir, reemplazar el glifosato no solo causaría pérdidas económicas, sino que arrastraría un mayor impacto ambiental