El último viernes, el Tribunal de Cuentas realizó una capacitación para periodistas en la que expusieron acerca del funcionamiento del órgano de control. En el mismo estuvo presente su presidente, Carlos Salvador Farruggia, quien reconoció que mientras que en el mundo se ha empezado a observar la eficacia, efectividad y eficiencia del gasto público, la tarea del tribunal se limita a controlar la legalidad de los actos administrativos.
"El alcance de nuestra tarea es ver que se respete las normativas vigentes y controlar la legalidad. La pregunta es si hay que avanzar al control de eficiencia, eficacia y efectividad", señaló el presidente del Tribunal de Cuentas, siempre esquivo a dar declaraciones. Si bien se inclinó a favor abrir el objeto de investigación, destacó que para ello es necesario un órgano con más herramientas y recursos.
Lo curioso es que Farruggia lleva 27 años al frente del Tribunal de Cuentas aplicando criterios que, a su entender, son insuficientes. También llamó la atención que se jacte de la independencia del órgano de control, cuando sus hijos trabajan en diferentes dependencias del Ejecutivo. Incluso, en Fiscalía de Estado, entidad que encargada de supervisar sus decisiones.
En cuanto a los recursos que reclaman: ¿quién controla el uso que le dan a los mismos? Sin ir más lejos, el año pasado los propios trabajadores del Tribunal de Cuentas se quejaron de que se incorporó a la planta de empleados a 18 individuos entre los que aparecían la nuera de Farruggia, el yerno del vocal Héctor Caputo y la nuera de la directora de Gobierno, Marta Sofía Bombini.
En total, son más de 300 las personas que hoy trabajan en el Tribunal de Cuentas distribuidas en las decenas de ramas que componen su organigrama.
Por todo ello, cuesta creer que el del Tribunal de Cuentas sea un problema de recursos. Todavía más, confiar en su supuesta independencia y menos en su transparencia. Sobre todo, si se tiene en cuenta que es uno de los pocos entes estatales que no quiso adherir al régimen de declaraciones juradas que lleva adelante Fiscalía de Estado.
Por más que la contadora Bombini destaque la adecuación a las normas ISO o que hace una década fueron premiados a nivel nacional, es un ente corto de vista. Limitado. Y esos límites favorecen a la malversación, la corrupción y -sobre todo- a la impunidad.
Una institución con las manos atadas que ante las inconsistencias que detecta aplica multas o formula cargos que -según ellos confesaron- casi nunca se pagan. Un organismo al que la gestión de Carlos López Puelles nunca le entregó información por irregularidades en la carga de combustible. "Nunca contestaron la pieza separada que se formó y no creo que lo hagan", admitió el vocal Francisco Barbazza.Hoy en día el Tribunal de Cuentas no sólo tiene la vista acotada, sino que está obligado a patear la pelota a lo del vecino. Ya sea a Fiscalía de Estado para que acuda a la Justicia Penal como denunciante, o a la Corte para que ejecute el pago de los cargos que se imponen a empleados o funcionarios.
Así lo establece la ley orgánica 1.003 del Tribunal de Cuentas de Mendoza, a la cual sus miembros aseguran remitirse a rajatabla. El problema es que está cada vez más claro que no alcanza.