Desde AAMJuS nos manifestamos profundamente preocupados por una serie comportamientos que han tenido lugar por parte de las principales figuras de la fuerza política “Cambia Mendoza”, la cual busca acceder a la gobernación de nuestra Provincia en las próximas elecciones del 21 de junio, que en la actualidad se presenta como una tendencia del devenir del sector.
Señalamos que esos comportamientos muestran claros indicios de afectación de la Independencia Judicial que nuestro sistema Constitucional establece, y que en forma reiterada estos mismos dirigentes enarbolan como bandera en defensa del más puro y siempre autodefinido republicanismo. Asimismo algunas de esas situaciones han tenido lugar con relación a miembros del Poder Judicial que presentan serios cuestionamientos en sus criterios o respuestas judiciales.
En reiteradas oportunidades se dado un llamativo acercamiento de figuras políticas de ese espacio con funcionarios y magistrados que deberían resguardar su independencia.
En primer lugar, el día 18 de febrero de este año, subido al fervor del caso Nisman, en un acto de oportunismo sin igual, el Intendente de Godoy Cruz Alfredo Cornejo, hoy candidato a la gobernación, junto con otros dirigentes radicales montó un acto partidario en el que participaron los jueces penales José Valerio y Alejandro Gule, los fiscales de Godoy Cruz Gustavo Felman y Horacio Cadile, y la defensora oficial Silvina Bancalari.
Vale recordar que el Juez Valerio es quien encabezó una resistencia mediática por parte de un grupo de magistrados contra la acordada que los obliga a visitar a las personas que están privadas de la libertad para verificar su estado de detención.
Asimismo fue ese magistrado quien suscribió una resolución por la que se revocó el procesamiento y se dispuso la falta de mérito de un acusado, basándose en consideraciones tales como que, el homicidio había tenido lugar por su “desviada sexualidad” y su conducta “licenciosa”.
También omitió en otro fallo la aplicación de visión de género condenando a una mujer víctima de violencia, que dio muerte a su marido en defensa propia, ante las sistemáticas agresiones que sufría a manos de éste. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia revocó esa condena señalando que la Segunda Cámara no había aplicado la normativa que dispone el resolver con perspectiva de género, disponiéndose entonces la absolución de la Sra. Rojas Echevarrieta por haber actuado en legítima defensa.
En enero de este año apareció misteriosamente muerto en la Comisaría Nº 27 de Godoy Cruz el joven Leonardo Rodríguez, luego de que fuera detenido por averiguación de antecedentes. El hoy candidato a Gobernador, abrumado y tan preocupado por la aparición sin vida del Fiscal Nisman, jamás se pronunció por la muerte de su joven vecino Leonardo Rodríguez ni contra las detenciones por averiguación de antecedente que ocurren masivamente en su Municipio, ni por la inacción frente a estas prácticas inconstitucionales de los fiscales de Godoy Cruz con los cuales compartió un acto político, ya que todos los días los responsables de las Unidades Fiscales no actúan frente a las habituales detenciones por averiguación de antecedentes de jóvenes humildes de Godoy Cruz sin ningún tipo de intervención judicial.
Cabe señalar que este tipo de detenciones se realizan en los barrios del Oeste dejando un claro sesgo discriminatorio y que casualmente, es el mismo lugar donde las obras del Municipio no llegan.
El día 21 de marzo pasado el representante de los abogados del interior en el Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano encargado de la preselección de Jueces Federales y de la evaluación de su conducta, Miguel Piedecasas, encabezó un acto partidario en el Comité Radical Provincial.
Debe recordarse que los dirigentes radicales rasgaron sus vestiduras durante el debate de la democratización de la justicia en el año 2013, cuando se pretendía lograr una mayor transparencia en el modo en que se elegían esos representantes mediante el voto popular. En dicha oportunidad no se cansaron de repetir que esos representantes debían ser independientes, que el Gobierno Nacional quería afectar la independencia de ese órgano partidizándolo, entre otros argumentos independentistas. Luego resulta que la memoria les jugó una mala pasada y no tuvieron problema en mostrar que preferían un sistema cerrado y corporativo sin elección popular para poder seguir teniendo representantes partidarios que le son afines en ese organismo constitucional.
El día 7 de mayo de este año en otro acto partidario el candidato a gobernador Cornejo contó con la presencia del Fiscal Mariano Carabajal y el Juez federal Alejandro Piña, demostrando una vez más su acercamiento a lo judicial y contradictoriamente con su discurso, de lo judicial con el poder político.
Finalmente, en una nueva acción que demuestra una tendencia permanente a invadir la esfera judicial, el día 3 de junio pasado la candidata a vicegobernadora por “Cambia Mendoza” Laura Montero se reunió con presidente de la Corte Suprema Nacional en plena campaña electoral.
Todos estos actos encienden la alarma sobre la futura connivencia que tendrá lugar entre estos dirigentes y muchos miembros del poder judicial en el hipotético caso de que este espacio político llegue a la gobernación, así como la falta de compromiso con relación a temas muy sensibles como las situaciones de violencia institucional, no discriminación y protección ante situaciones de violencia de género.
Consideramos saludable que de una vez por todas, en nuestro país y en nuestra provincia, se torne transparente la participación política de los miembros del poder judicial permitiendo un debate claro, democrático y de cara a la sociedad, asumiendo su corresponsabilidad como miembros activos de la política estatal, en lugar del sostenimiento de discursos hipócritas que confunden a la ciudadanía, no dan respuestas sobre las problemáticas sociales e impiden realizar las transformaciones que requiere nuestro sistema judicial .
Lucas Gómez Portillo
Presidente Abogados y Abogadas de Mendoza por la Justicia Social (AAMJuS)