Mendoza debutó de la peor manera en la organización de un proceso electoral, desde el principio. La ley de las PASO nació con ayuda de fórceps y su reglamentación resultó una tragicomedia de enredos. El propio secretario de la Junta Electoral, Luis Alfredo Puebla, admitió, una vez concluida la última elección, que él le había realizado al menos 35 observaciones a la legislación y la reglamentación y que ahora tiene unas 100 para hacerle.
Ensayo y error, nada menos que con el sagrado instrumento del sufragio.
A la hora de montar los comicios, faltaron 1.700 autoridades de mesa y, más allá de la notoria ausencia de compromiso que se verifica en la sociedad con su carga pública, se indicó que ni siquiera se las había notificado con tiempo y fehacientemente. Los que sí asistieron no contaban con una homogénea y sólida formación. Unos, por experiencia o cultura cívica, sabían qué hacer mucho más que otros, que hicieron agua. Lo mismo sucedió con las autoridades de control, la Policía, que no supo intervenir correctamente frente a situaciones comunes y corrientes para este tipo de eventos.
Pero eso no fue lo peor. Habrán transcurrido probablemente 15 días desde que se realizaron las Primarias cuando recién podamos conocer los resultados definitivos. En medio de todo esto, hay dos denuncias por graves irregularidades entre miembros de una misma fuerza política, el FPV, en Guaymallén y Malargüe. Deberá suspenderse la proclamación de los candidatos por ello pero, además, se afectará el normal desarrollo del cronograma electoral que nos apura, porque las elecciones generales deberían ser el 21 de junio próximo.
Las versiones difundidas en torno a por qué no se cargaron datos en tiempo y forma en el portal de seguimiento online del escrutinio es otro chiste malo: “como había ya una tendencia, dejamos de cargar”, “como estaban cansados, durmieron el lunes por la mañana”.
Improvisación y escaso profesionalismo, a la vez que ausencia de un vocero responsable por toda la tarea que, esta vez, estuvo a cargo de la provincia de Mendoza.
Desconfianza y descrédito en el sistema es lo que ha generado el control y la logística de las PASO mendocinas. Todo, mientras se otorgaron desde la Casa de Gobierno argumentos monetarios para rechazar la implementación de un mecanismo transparente, rápido y con garantías de control, como puede ser la boleta única con voto electrónico.
Una situación bochornosa, la de Mendoza, comparable con la de la provincia de Santa Fe, en donde tampoco se conoce el resultado de su elección, realizada el mismo día. Allí gobierna otro partido, diferente al de nuestra provincia, el socialismo, y están un paso más adelante al contar con boleta única. Pero no han podido superar las mañas y la ineficacia de un sistema anacrónico como es la forma clásica de emitir el sufragio.
El gobernador Francisco Pérez aludió a lo costoso de la puesta en marcha del voto electrónico para no aplicarlo Pero, ¿qué termina siendo más “caro” para los mendocinos? ¿Lo que cuesta transparentar y modernizar el sistema electoral o hacerlo “a la que te criaste”, como se hizo?
Los que frenan un sistema transparente de elección, en donde se pueda definir quién es quién con claridad y no con la trampa de las múltiples colectoras, probablemente busquen esto que está pasando: que menos gente vaya a votar, debido al descrédito y la desconfianza y que sólo lo haga la clientela habitual de la baja política.
Es posible, también, que esta confusión les permita instalar eternamente el sistema de listas sábana, en donde conocemos al primero, pero después del segundo o tercero de la lista no sabemos de quién se trata ni se nos permite sacar al que no queremos que vaya.
La continuidad del voto con boleta en mano permite el voto en cadena, en las movilidades clientelares que ofrecen los partidos políticos y que contratan con un costo altísimo y en medio de dudas en torno a si son proveedores del Estado quienes las ponen a disposición. Si así se pudiera comprobar, terminaríamos viendo que es el mismo Estado, nosotros, los que lo pagamos clandestinamente. Con esos fondos malversados, ahora bien administrados, se podría financiar abiertamente y a la luz del día un sistema moderno de voto electrónico.
Siempre se ha dicho que “hecha la ley, hecha la trampa”. Aquí, esta vez, caímos todos: es un bochorno más que la política y la justicia no den señales claras de transparencia, no cambien el sistema electoral, no lo organicen bien cuando tienen la oportunidad de hacerlo y que, al finalizar, ni siquiera puedan dar por votados, elegidos y proclamados a los candidatos.
Con los tres poderes del Estado involucrados en el papelón, ya que integran la Junta Electoral de Mendoza, difícilmente haya sanción ante esta situación.
Se impone la necesidad de avanzar hacia otra cosa, hacia el voto electrónico, con las suficientes garantías para que no le encuentren la trampa.