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En un cross de izquierda directo a la mandíbula, y a modo de respuesta en la misma semana en que se difundió cómo ha crecido su actual patrimonio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció públicamente que el periodista Marcelo Bonelli cobraba un sueldo de Repsol YPF. En el mismo gesto comunicacional, defendió el uso que su gestión confiere a la cadena nacional.
A primeras luces, el escrache se inscribe en el enfrentamiento entre el Gobierno y el Grupo Clarín, pero también deja entrever algunas contradicciones en el discurso oficial y ese deseo conocido que tiene el poder de reducir a todo periodismo que sea cuestionador.
El mensaje de Cristina sirvió además para reclamar por una ley de ética pública que regule el trabajo periodístico, lo cual también puede tomarse como un intento de acorralar a la prensa en general.
No es la primera vez que se aboga por un código de ética para la prensa, aunque sí es significativo que el pedido venga desde la máxima jefatura de la Nación y apurado por una contienda de intereses político-económicos que definen primeras planas y medidas políticas no menores. En la época de estudiante en la UNCuyo, uno de los debates que esporádicamente se daba en Ciencias Políticas y Sociales -donde se cursa la carrera de Comunicación y una de las casas de estudio más politizadas- se concentraba en la necesidad de contar con un colegio profesional que regulara la conducta de los comunicadores sociales. Aquellos debates nunca llegaban a una síntesis y las propuestas quedaban truncas.
Pero la propuesta lanzada por Cristina deja, a su vez, en evidencia la problemática relación que el kircherismo mantiene con la prensa o, por lo menos, con un sector del periodismo.
En cinco años de gobierno, la presidenta sólo ofreció tres conferencias de prensa. El primer hito ocurrió en 2008, en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y los sectores del agro nucleados en la Mesa de Enlace. En el segundo y en el tercer encuentro con los periodistas quedó en claro la tensión que exhibe el kirchnerismo ante la posibilidad de preguntar -y, claro, repreguntar- sobre cuestiones vitales.
En febrero de este año, Fopea - Foro de Periodismo Argentino- señaló "la imperiosa necesidad" que tiene este instrumento de mediación y remarcó la importancia de hacerlo "sin condicionamientos ni prerrogativas", a días de la llamada tragedia de Once y sin que los funcionarios dieran la posibilidad de efectuar preguntas a la prensa en las conferencias de prensa.
En todo este tiempo, el Gobierno ha optado por el atril: la cadena nacional, que le otorga la enorme ventaja de no contar con intermediarios. Un mensaje que se difunde no sólo por la medios públicos, sino a través de medios privados que le son afines. Y deja a ese buen instrumento de democratización sancionado por este gobierno, la Ley de Medios, reducido a la utilización de los medios de comunicación estatales para los fines del poder, desde la Televisión Pública hasta la Agencia Télam.
Según el sitio televisión.com.ar, a junio de este año la presidenta llevaba unos 502 minutos de cadena nacional. La cadena nacional de mayor duración ocurrió en la apertura de las sesiones ordinarias de este año, con 194 minutos, más de tres horas frente al mic.
Esto ha motivado un proyecto opositor en el Congreso para acotar el uso de este instrumento de comunicación, que está regulado por la ley. Claramente, la apelación constante del Gobierno a esta herramienta excede las características excepcionales, pero es la respuesta que ha encontrado para contrarrestar lo que la mandataria ha llamado "cadena nacional del desánimo".
La cadena nacional, entonces, se ha transformado en la puesta escena que incluye una voz a veces combativa y crítica de ciertos sectores -económicos, políticos, sindicales y mediáticos; ya sea por separado, ya sea en un frente común y opositor-, a veces que impone un registro dramático sobre la "entrega de la política"; una movilización masiva de militantes y un cerco de funcionarios y gobernadores que convalidan ante las cámaras en vivo y en directo, a pesar de las disrupciones -el caso del sciolismo-.
Sucede que la denuncia contra el periodista de "A dos veces" también choca con las limitaciones del discurso K contra aquellos medios a los que consideran "opositores". Precisamente, porque el Gobierno considera que hay medios o productoras de contenidos que son "aliados", sostenidos por la fuerte pauta publicitaria que el Estado nacional vuelca sobre los mismos. Entre ellos, los que pertenecen a Sergio Szpolski, Diego Gvirtz y Cristóbal López, más la relación de afinidad actual con el Grupo Vila-Manzano.
La cadena nacional como una puesta en escena y una alternativa potable a la conferencia de prensa. El hecho de no ser interpelado por periodistas. Mandamiento que se derrama a las bases del hiperkirchnerismo y su resistencia a tener en el periodismo un intermediario con la realidad.
Esta relación oficialismo-prensa también se grafica de otra manera. Cada vez que Cristina ha llegado a Mendoza, el protocolo presidencial cumple una orden de hierro. Los periodistas no pueden acercarse a la mandataria y su acción se restringe a un espacio reducido que, en la mayoría de las veces, resulta incómodo. Una vez que entraste en el corralito periodístico, la seguridad presidencial - o los prenseros locales que actúan como seguridad en esas ocasiones- cierran la tranquera. Es literal. No hay metáforas.
Esto ha generado en el último año una campaña impulsada por los mismos periodistas: el "Queremos preguntar", que se difundió primero por las redes sociales -principalmente, Twitter- y luego llegó hasta Periodismo Para Todos, el programa de Jorge Lanata que es considerado a la postre como "opositor" -oposición que ha sabido construir no sólo en los informes sino también en contraposición al programa insignia del periodismo K, "678", y simbolizado en el fuck you, frente al gesto del loser, o perdedor, en la pantalla estatal-.
Pero mientras Cristina reclama por una ley que regule la labor periodística en su aspecto ético, en el Congreso de la Nación todavía duerme una ley aún mucho más urgente. Aquella que regula el libre acceso a la información pública.
No es una simple declaración. La iniciativa -en rigor, hay más de una- otorga transparencia a las acciones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Una ley que permite al ciudadano seguir de cerca los pasos de sus representantes. Será por eso mismo que los intentos hasta el momento han sido en vano desde 2001 en adelante. La historia de este proyecto que toca a la fibra íntima del ejercicio democrático puede seguirse a través del sitio web Chequeado y que en la actualidad se encuentra estancado en la Cámara de Diputados de la Nación en medio de pujas entre oficialismo y oposición.
En una democracia sin acceso libre del ciudadano a la información de las instituciones públicas, el relato es una espacio de lucha donde se construye los significados, la hegemonía.