La crisis que aqueja a la provincia de Buenos Aires plantea, por un lado, el conflicto entre las provincias y el gobierno nacional, al mismo tiempo que la situación que afecta a la más grande de ellas.
La Constitución de 1994 estableció el plazo de un año para sancionar un nuevo régimen de coparticipación. Han pasado casi dos décadas y ese mandato explícito y concreto de los constituyentes continúa sin cumplirse.
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