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La decisión dela Corte Suprema de Justicia de poner fin el próximo 7 de diciembre a la medida cautelar presentada en 2009 por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la llamada Ley de Medios, le da la orden de largada a una carrera contrarreloj para el multimedios que conduce Héctor Magnetto.
Ahora se espera que el juez Alberto Carbone, que se “sentó” sobre el expediente y hasta consideró que no había plazo alguno para expedirse, opine sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre si el artículo en cuestión es inconstitucional.
Si no lo hace antes del 7 de diciembre, la decisión de la Corte se aplicará de manera automática; si toma la postergada decisión, previsiblemente a favor de la inconstitucionalidad, el Estado apelará y será la Corte, nuevamente, la que deba opinar. Si considera constitucional el artículo de desinversión, probablemente en algún momento del año próximo, el Grupo Clarín contará con menos tiempo para encarar el proceso de venta de activos en medios que le reclama la ley, el que debería estar concluído el 7 de diciembre de 2013.
La Corte señaló que "es dable señalar que la propia autoridad de aplicación (AFSCA) no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la normativa en cuestión y ha prorrogado los plazos y suspendido las licitaciones, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir como consecuencia de la decisión del ‘a quo’ (la Cámara)". Y por lo tanto, concluyó el Tribunal, la medida dispuesta ”debe mantenerse con el plazo señalado por la Cámara", aunque tomando su fecha de inicio en 2009 y no en 2010, como pretendía Clarín.
Por último, la Corte señaló que "lo aquí decidido en cuanto al plazo de vigencia de la medida cautelar podrá ser revisado en caso de que se verifiquen conductas procesales orientadas a obstaculizar el normal avance del pleito", es decir, que impidan o pongan obstáculos para que el juez de primera instancia se pronuncie sobre la cuestión de fondo: si es inconstitucional o no el artículo 161 de la ley de Medios.
Clarín coincide con la Corte en que el Estado “no se ha mostrado demasiado apresurado en el proceso de implementación de la normativa en cuestión”, y advierte el Tribunal que de continuar esta tendencia el grupo empresario que aún preside Ernestina Herrera de Noble podría pedir la ampliación del plazo. Indicaría esto que el Gobierno no quiere que el juez alcance a declarar la inconstitucionalidad del 161. Y que apuesta a que llegue el 7 de diciembre sin una definición al respecto, lo que ahora parece improbable.
Hasta aquí el Grupo Clarín no ha mostrado disponer de una estrategia extrajudicial, por ejemplo, una que prevea alternativas empresarias "blandas" al eventual desguace del multimedios. Al menos, no hay movimientos en ese sentido: por ejemplo, una división de los brazos del multimedios entre los actuales socios. Al menos hasta hoy, el aglomerado de medios parece muy confiado en el decurso judicial de su presentación y en las lagunas legales de la norma.
(*) Julio Villalonga es director de Gaceta Mercantil www.gacetamercantil.com