La República Argentina necesita al ex gobernador de Santa Fe y líder del Partido Socialista Hermes Binner como presidente de YPF.
Es urgente cumplir, efectivamente, con el compromiso asumido por la presidente, Cristina Fernández, en el discurso que anunció la decisión política de estatizar YPF, en el sentido de organizar una empresa estatal, y no del gobierno de turno, guiada con criterios de política de estado y riguroso profesionalismo.
Hay que aprender de los errores propios y no cometer los mismos errores del pasado, que terminaron por destruir riqueza nacional por el estilo de manejo coyunturalista de las empresas del Estado. El caso más parecido es el de los Ferrocarriles.
Cuando fueron estatizados por Perón en 1948, surgió la mayor empresa de la Argentina, la cual, a su vez, representaba el mejor sistema de transporte terrestre de América Latina. La red argentina era superior a la de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y varios más, juntos.
Cuarenta años después, cuando el mismo peronismo la privatizó, esa empresa había cambiado mucho. De la mayor empresa y el orgullo nacional, quedó convertida en chatarra: un sistema obsoleto y peligroso para la integridad física de sus usuarios. ¿Qué pasó en esos 40 años? ¿Quién fue el responsable? Basta observar un solo dato: en ese tiempo la empresa tuvo 20 directorios. Es decir, se cambiaban las estrategias, los criterios y los objetivos cada dos años, en promedio! Con ese mecanismo, el final estaba cantado desde antes de comenzar! El problema fue que cada nuevo gobierno cambiaba al directorio y colocaba allí a sus militantes. Era una especie de privatización encubierta, donde el dueño de la empresa no era el Estado sino el grupo que coyunturalmente llegaba al poder!
Eso es lo que ahora hay que evitar por todos los medios. El directorio tiene que ser permanente, y quedar a salvo de los coyunturales cambios de los gobiernos. Tiene que estar en manos de representantes del dueño real, es decir, el Estado, no el gobierno. Por eso, es necesario tener a Binner a la cabeza, e integrar el directorio con referentes de las distintas expresiones del país, gente con trayectoria cívica, compromiso con el servicio público y capacidad de construir confianza. El peronismo tiene figuras de este perfil, como Carlos “Chacho” Álvarez, José Octavio Bordón y Carlos Reutemann. El radicalismo puede aportar referentes como Raúl Eduardo Baglini y Federico Storani. Los sectores del centro derecha pueden tener allí presencia con Ricardo López Murphy. De esta forma, esos referentes podrán construir una política de Estado, y mantenerse en sus puestos aún después del cambio de los gobiernos. Eso sería asegurar la autonomía de la empresa para tomar decisiones en función del país y no para usarla como botín al servicio del gobierno de turno.
Si el gobierno transita el camino inverso, las perspectivas son distintas. Si insiste en subordinar los organismos del Estado a los intereses de sus militantes, entonces el futuro es negro. La Cámpora ya ha demostrado su incompetencia técnica en el gerenciamiento de Aerolíneas Argentinas, que sólo funciona gracias al regalo de dos millones de dólares diarios de las cajas del Estado. Si se le entrega ahora YPF, las cajas van a tener que aportar mucho más. Y el final va a ser el conocido: el mismo que Ferrocarriles del Estado.
Si se usa esta metodología ¿dónde van a terminar las reestatizadas YPF, Aerolíneas Argentinas y demás? En el mismo lugar donde llegaron antes, allí donde las contempló, frustrado, el mayor republicano que ha dado el país en el último medio siglo: Raúl Ricardo Alfonsín. Militante de un papel activo del Estado como impulsor y protagonista de la actividad económica para promover el desarrollo con equidad, Alfonsín soñaba con empresas estatales fuertes, poderosas y eficientes. Pero promediando su administración, al conocerlas de cerca y de adentro, advirtió que había una inconsistencia importante entre las necesidades de la sociedad y la economía, por un lado, y las capacidades reales de esas empresas estatales en términos de recursos técnicos y capitales, por otro. A pesar de su buena voluntad, honestidad y compromiso con los ideales de la equidad, Alfonsín advirtió que no había forma de resolver ese dilema sin elevar las capacidades de esas empresas. La Argentina no lograba el autoabastecimiento de energía; la luz se cortaba periódicamente, lo cual afectaba la vida cotidiana en forma feroz (una anciana que vivía en un piso alto, no podía entrar ni salir de su casa durante la mayor parte del día por falta de ascensor). Entel era tan ineficiente y desfinanciada que muchas veces se compraba un departamento porque tenía teléfono. Un teléfono en el mercad negro costaba 4.500 dólares, una verdadera estafa. Además, esas empresas demandaban muchos subsidios del Estado para poder funcionar, lo cual contribuyó a aumentar la inflación hasta niveles inaceptables.
El final de la novela iniciada en los años 40 por Perón, al estatizar las empresas de servicios públicos, se produjo a fines de los 80, con la hiperinflación de Alfonsín, y luego, la privatización desesperada y desprolija del peronista Carlos Menem, aplaudida por buena parte del peronismo, incluyendo, en primera fila, a los Kirchner.
Ahora estamos comenzando a transitar el mismo camino. La decisión de Cristina de estatizar no surge de convicciones (ella misma fue privatista hace pocos años) sino de las urgencias: el resultado de sus políticas energéticas generó la desinversión y ahora no tiene recursos para pagar por energía importada. Es una decisión correcta desde el punto de vista teórico (en el mundo hay muchas empresas estatales que funcionan bien), pero muy peligrosa si no se gestiones en forma adecuada. Por eso, lo urgente es ponerla en manos de un directorio de estadistas y no someterla a la tutela de una facción del gobierno. Si Cristina insiste en recorrer el camino de entregar la empresa a sus militantes, el resultado ya lo podemos predecir.