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La tragedia de Once es la primera crisis política de la segunda presidencia de Cristina Kirchner y el punto de partida de este mandato. Los 51 muertos en la estación terminal de la ex línea Sarmiento, como es natural, tienen el peso de lo incontestable.
La presidente Cristina Kirchner acusó el golpe. Se tomó dos días para hablar con el secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi, a quien recibió en la Casa de Gobierno el viernes pasado a la tarde. Nada oficial se supo de aquel encuentro, pero este lunes la primera mandataria no lució bien en el acto por el bicentenario de la creación de la bandera que se celebró en Rosario. Anímicamente no parecía recuperada del impacto que le produjo el choque de la formación 3772 contra el paragolpes de la estación Once. La Presidente buscó recuperar alguna iniciativa política al reclamarle a la Justicia –otro poder del Estado– que no tardara más de quince días en establecer lo sucedido allí.
Es evidente que lo que ocurrió en Once la semana pasada no es un accidente. Decenas de incidentes menores o el cruce de un colectivo en un paso a nivel de Flores, en septiembre del año pasado, que fue embestido por dos formaciones con un saldo de 11 muertos y 228 heridos, están registrados por una repartición del propio Estado, la Auditoría General de la Nación (AGN), que aún conduce el radical Leandro Despouy. El informe de la AGN, que es púbico pero desde el miércoles 22 a la noche está sobre el escritorio de la Presidente, exime de cualquier comentario. Cristina sabe perfectamente que la empresa concesionaria, TBA, no invierte según se lo exigen los pliegos desde hace años. Y todos, desde el ministro responsable, Julio De Vido, pasando por Schiavi y por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), trabajaron para priorizar al servicio de transporte y carga a través de ómnibus y camiones, respectivamente, por sobre la red ferroviaria. El “ferricidio”, como lo bautizó un anciano dirigente sindical del sector, comenzó con la presidencia de Carlos Menem y jamás se detuvo en las administraciones posteriores. El transporte de pasajeros por tren se redujo en la última década a las rutas que conectan la Capital con el Conurbano, y eso sucedió en unas condiciones materiales que muestran una decadencia patética. Y cuyas consecuencias eran absolutamente previsibles.
Ni la Presidente, ni De Vido ni Schiavi tienen derecho a indignarse. La indignación es sólo para los familiares de las víctimas. Y para los cientos de miles de ciudadanos que todos los días se suben a un tren para ir a trabajar o para volver a sus humildes casas suburbanas. Es verdad que esto ocurre desde hace décadas, pero no ha dejado de ocurrir en la última etapa kirchnerista. TBA es el modelo de todo lo que no debe hacer el Estado cuando delega funciones, se trata de una virtual gerenciadora con ningún riesgo empresario. Y así lo quisieron los administradores kirchneristas del sistema nacional de transportes.
El homenaje a Lucas Menghini Rey por parte de sus padres y amigos, este lunes, activó un alerta político en el Gobierno, que percibió que podría enfrentar su propio “Cromañon” pero con una eventual conducción muy lúcida, como la que mostraron los familiares en ese acto en la estación de Once.
La madre del joven, María Luján, repudió el comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza Nilda Garré “en el cual se deja entrever que Lucas tenga la responsabilidad sobre lo sucedido”. La ministra había asegurado que Lucas fue hallado en la cabina del “motorman” que estaba en desuso, con las puertas clausuradas y donde estaba prohibido el ingreso de pasajeros. “Todos sabemos que en un vagón abarrotado, cada uno se acomoda donde y como puede”, sostuvo la mamá del muchacho, quien advirtió que tratar de responsabilizar a la víctima es “un recurso vil, bajo, bastardo y canalla”. El padre de la víctima apuntó debajo de la línea de flotación del Gobierno y de la concesionaria, TBA. “Es responsabilidad de la empresa que los pasajeros no ingresen a lugares prohibidos”, agregó Paolo Menghini. Su mujer exigió saber as razones por la cuales Lucas fue hallado más de 48 horas después del choque entre dos vagones. “Queremos saber si solo fue soberbia, incompetencia o puja de poderes entre distintas jurisdicciones en las que quedamos atrapados los ciudadanos comunes”, reclamó.
Los padres de Lucas pusieron blanco sobre negro varias cuestiones. El estado casi criminal del material rodante administrado por TBA; las condiciones inhumanas en que viajan millones de pasajeros todos los días; el peligro latente de que otra tragedia evitable pueda volver a producirse en cualquier momento. Es decir, todo lo que el propio informe de la AGN le advirtió al Gobierno (De Vido-Schiavi), que lo único que hizo fue aumentar a monto de los subsidios para enfrentar unos mayores costos producto de la inflación. Y que siempre le garantizaron a TBA su rentabilidad.
Schiavi y De Vido, ya no importa el orden jerárquico en este tándem, después del discurso de Cristina pidiéndole al juez, Claudio Bonadío, que no tardara más de 15 días con las pericias, anunciaron en una rueda de prensa este martes la intervención administrativa, técnica y operativa de la concesión de TBA en los ex ferrocarriles Mitre y Sarmiento hasta tanto se conozca el resultado de las pericias.
El rechazo generalizado a la postura inicial del Gobierno, que pudo verse en particular en las redes sociales, estuvo en el origen de esta medida, que la Presidente esperaba anunciar en un clima de menor presión en un par de semanas.
Como todo en nuestro país, la inacción de la Administración central y el discurso considerado “autista” de la Presidente en Rosario, se convirtieron en un título, el martes, cuanto menos “gataflorista”: “Intervención expréss” editorializó en un “zocalo” TN, la señal de noticias del Grupo Clarín.
El golpe político al Gobierno de Cristina Kirchner todavía no puede ser medido con precisión. Como en otras crisis, la Presidente y su reducido equipo están mostrando algunos reflejos vitales. Muy probablemente, la caída de TBA trate de ser inscripta en una nueva mística epocal contra aquellos capitalistas amigos que acompañaron a Néstor Kirchner cuando el kirchnerismo no existía y que ahora son considerados “impresentables”. La oposición seguirá brillando por su ausencia, sumida en un letargo que lleva –con intervalos– casi nueve años.
No insistiremos más en las “gaffes” de los funcionarios. La de Garré, denunciada por los padres de Lucas Menghini; o las de Schiavi, a quien el gobierno decidió usar de pararrayos después de sus primeras e infelices declaraciones sobre la “oportunidad” de la tragedia.
De ahora en más comienza una etapa distinta: sin opositores, el Gobierno confronta de manera directa con los ciudadanos. Se vio en las redes sociales, como dijimos, que no son el mejor de los barómetro pero son un modo de medir climas sociales. Al menos eso ha registrado el kirchnerismo desde el auge de Facebook y Twitter, dos de los terrenos de batalla predilectos de la “armada telemática” que ha sabido armar, dueña de una fidelidad digna de una causa. Al haber apostado tanto a la ausencia de intermediación de los medios por su guerra contra Clarín, el Gobierno y sus espadas han quedado a la descampada frente a un incidente inesperado. Inesperado para quienes no han querido ver.
*Director de www.gacetamercantil.com