Una constitución es una forma de organización social y política; es un orden jurídico que debe ser estable hasta donde lo permita las alternativas y transformaciones en que se desenvuelve la vida de relación.
Pero su estabilidad está condicionada a un determinado periodo de tiempo y a este respecto cabe recordar las palabras pronunciadas por Manuel Quintana al inaugurar las sesiones de la Convención de 1870-1873 de Buenos Aires: “Ninguna Constitución –dijo- está destinada a regir eternamente los destinos de un pueblo. Participando de la naturaleza deleznable de las cosas humanas tiene que sujetarse a la influencia de las modificaciones que el curso de los tiempos impone a las sociedades políticas”.
Como decía en el Senado el 6 de mayo de 1987, cuando hablábamos de reforma -observen la fecha- la Constitución de 1853 sirvió de base o pilar fundamental para la organización nacional que diera solidez a la pretensión de garantizar los derechos fundamentales del hombre, poniéndole un freno al exceso del poder, ley suprema que subordina todas las demás normas, esa constitución liberal, que con el tiempo cambió dando lugar a la incorporación de nuevos derechos, debería servir para crear una sólida y eficaz institucionalidad.
Los partidos políticos fueron fortaleciendo la idea de incorporar además los nuevos institutos.
La reforma del 1916 se anticipó a la nacional de 1957, incorporando derechos sociales que tuvieron vigencia en 1917 en México, en 1919 en Weimar y la Unión Soviética, surgiendo una nueva tendencia constitucional, que supuestamente haría más justa la organización social, la distribución de la riqueza y la eliminación de la pobreza, fortaleciendo las políticas de educación y salud, así nació el 14bis de la C.N.
Ya nadie puede ignorar que el estado como director de grandes políticas está llamado a conducir esa sociedad, dentro de los mecanismos que la constituciones establezcan, por la voluntad soberana del pueblo.
Ese constitucionalismo social que protege los derechos de la asistencia social, la del salario digno, mínimo, vital y móvil; la del derecho de huelga, el de asociaciones profesionales, no considera al hombre aislado sino a este como parte de los grupos que forman la sociedad su conjunto, para servirse y no para que se sirvan de él, el trabajo no fue más una mercancia, es un valor inherente a la persona humano, que motivó en el siglo 20 después de la primera y segunda guerra mundial, un nuevo horizonte constitucional: el social.
De nada valdrá la discusión en el debate si no tomamos conciencia que la ley fundamental debe surgir de la entraña propia de la sociedad, del sentimiento de la comunidad mendocina. Esta no va a reformar algo del cual no está convencida y menos cuando no se dán las condiciones de confiabilidad necesaria, cuando está puede estar sospechada de servir a unos pocos, o cuando exigen el cumplimiento de la vigente diciendo 'para que se va a reformar si todavia no se la cumple'.
La sociedad tiene otras preocupaciones, como las fuentes de trabajo, la inseguridad, la educación, el respeto a los derechos ya consagrados, la igualdad, la justicia, la inflación, la falta de ahorro, la competitividad de nuestros productos, la salud, el deficit avitacional, la desigualdad, la pobreza, la desnutrición infantil, la corrupción, el prestigio de nuestro país en el ámbito internacional. Hay muchas cosas que debe hacer el gobierno para instrumentar políticas de Estado que lleve implícito un acuerdo nacional y provincial, con todos los factores de poder, grupos de presión, con todos los intregrantes de la sociedad, debiendo con posterioridad poner en marcha el poder constituyente, que declare la oportunidad y necesidad de la reforma.
De nada vale la ley impuesta, mas valor tiene hacer caso a las corrientes ideológicas de la sociedad de Mendoza, a sus aspiraciones, a sus desconfianzas, a sus pretensiones, a sus ideas; de lo contrario, se caería en un vacío de derecho y perdería vigencia y valor, se produciría un fracaso y una mutación más.
Desgraciadamente en muchos aspectos esto nos ha sucedido con la reforma de 1994. ¿Qué pasa con el Consejo de la Magistratura, y con el prometido Primer Ministro (hoy Jefe de Gabinete)? ¿Qué pasa con la ley de coparticipación federal y la descentralización de recursos fiscales? El actual Gobierno va para los diez años. La actual presidente fue convencional en 1994. Han tenido mayorías legislativas y los gobiernos provinciales afines, las necesarias para consagrar la descentralización y dictar las leyes que hoy reclaman para una nueva constitución.
La política debe generar confianza y seguridad jurídica para que los votantes esten seguros de que los representantes serán fieles a los principios y la buena fe.
Después de tanto tiempo podemos decir que hemos puesto nuestra orientación política en la búsqueda de una estructura que nos permita reconstruir nuestro porvenir.
Hemos dejado pasar los desencuentros, que son muchos, pero debemos poner por delante el futuro, el porvenir, las nuevas generaciones que nos observan, respetando lo que la Constitución Formal nos marca. El procedimiento de la reforma debe ser insospechable para todos. Debemos iniciar una etapa nueva, para estructurar nuestro futuro, para eso la reforma tiene que surgir del acuerdo, para lograr los mejores procedimientos, así lograremos despertar una confianza firme en nosotros y en nuestras posibilidades. Este será nuestro reaseguro dejando atrás los fracasos.
Es muy importante el mensaje: tenemos que establecer un criterio solidario y ético que debe preñar el debate institucional de la reforma de la constitución, buscando las coincidencias, dejando atrás las divergencias, buscando la unidad, basados en los principios éticos, solidarios y de justicia social y no en el atropello a la justicia, a los jueces, a los disidentes, al Congreso, al Consejo de la Magistratura, a las libertades de prensa y de empresas periodísticas, a todos los todos que integran el cuerpo social.
Hoy esto último no se dá, no hay confianza para arrancarnos un nuevo contrato social que nos contemple a todos.
Debemos encausar el debate por la senda de los valores fundamentales, sin olvidarnos de los principios que dieron origen a la constitución de 1916, avanzada y moderna, pero no eterna.
La experiencia tiene que ser la luz que nos marque el porvenir que las generaciones futuras nos reclaman para una Mendoza mejor, bajo el signo de la libertad y la paz: son los valores indiscutibles de una Mendoza repúblicana nueva.
Esteban Echeverría decía “La Patria no es la tierra, es la libertad”. Nosotros agregamos la Patria es el futuro, es la igualdad ante la ley y el principio de justicia, premiando el trabajo, la productividad, la cultura, la educación, la salud, la verdad que hoy falta.
Porque somos fieles a los principios alberdianos, a la constitución que es nuestro programa, a la filosofía de Karl Christian Friedrich Krause y porque nos destacamos por defender la autonomía de las distintas esferas de lo humano, como la ciencia y la educación, reivindicamos la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, los derechos de los niños así como los derechos de la naturaleza.
Porque no están dadas las condiciones para hacer realidad lo que aquí sostenemos, consideramos que no es oportuno abrir el proceso de reforma. Trabajaremos incansablemente y haremos todos los esfuerzo para que Mendoza y el país cambie, siendo más federal y más respetuoso del conjunto.