Como se ha dicho, las amenazas a jueces, los ataques a monumentos que recuerdan a víctimas de la dictadura, la campaña contra abogados vinculados a la defensa de derechos humanos, las bravuconadas y amenazas, no constituyen hechos aislados.
Se trata de una despreciable tarea de grupos minúsculos que resisten el juzgamiento de criminales de lesa humanidad, cuyas osamentas están yendo a parar, (por acción de la justicia que centenares de asesinados y miles de perseguidos no tuvieron) donde hace rato debieran estar.
Se trata de uniformados y civiles que creyeron que la obediencia debida, el punto final y el indulto iban a garantizarles impunidad de por vida. Ven que se les desmorona y actúan en consecuencia. Realizan acciones, en una primera etapa de acción sicológica, orientadas a generar temor
Creen que el 13S y el 8N constituyen una cobertura social para sus despropósitos e ideario criminal.
La presencia de carteles vivando “A LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD” y los grupos de extrema derecha y servicios mezclados en las movilizaciones sociales, son expresión de sus intenciones.
Lo cierto es que en este país ni el oficialismo ni la oposición comulgan con intencionalidad golpista alguna.
Mucho menos la sociedad y sus distintas manifestaciones.
Se identifican con la desestabilización, los participantes de todas las fuerzas represivas que actuaron durante la tiranía asesinando, persiguiendo y torturando. Y los civiles cómplices. Que no fueron pocos. Algunos otrora integrantes de grupos paraestatales.
Si de ellos dependiera, harían lo que fuera necesario para no terminar sus días tras los barrotes.
Se reúnen. Conspiran. Odian a quienes impulsamos sus procesamientos y condigno castigo.
Les quedan resquicios en el Estado para actuar obstaculizando la acción de la justicia. Destruyendo y amenazando.
Se impone todo el peso de la ley para contra estos sujetos despreciables. Primos hermanos del gatillo fácil no casualmente enseñoreado en la fuerza policial .
Se impone estar atentos. Estamos frente a los primeros escarceos.
Se impone comprender que tan malo es caracterizar al oficialismo de fascista, como a los opositores de destituyentes o golpistas.
No se trata de una problemática inherente solo a los organismos de derechos humanos.
La vida y la seguridad son valores consagrados por nuestra Constitución que se impone garantizar.
La comunidad toda es la que debe velar por ellos.
El gobierno y la Justicia, deben investigar y ubicar a los responsables.
Y todos estar prestos a aplastar con la movilización social, política, democrática y plural los movimientos de estos energúmenos que todavía se mueven en la oscuridad.