“Hace un tiempo, escribí unos comentarios acerca del discurso dado por nuestro Gobernador a raíz de la situación de inseguridad que vivía nuestra provincia, en el que se afirmó categóricamente que “el delincuente es el enemigo”. En aquella oportunidad, analicé todo lo referente a la inconveniencia de esta postura y las graves consecuencias que ocasiona por la influencia perniciosa que ejerce en la sociedad, viniendo de quién tiene la mayor responsabilidad en la conducción del Estado Provincial.
Aquella afirmación, no hacía más que confirmar el grado de imprudencia y oportunismo exhibido por el Sr. Gobernador, cuando, manipulando el miedo demagógicamente, afirmó tener un presunto mapa del delito que permitiría por sí solo, disminuir los niveles de comisión del delito en un 30% en sólo seis meses.
Oportunismo demagógico, ligereza e irresponsabilidad configuran, en un tema tan complejo y trascendente, un panorama desolador por las repercusiones nefastas que produce sobre la sociedad.
Lo que sucedió en la Penitenciaría Provincial San Felipe no es sino la consecuencia lógica que deriva de la línea de razonamiento utilizada por este Gobierno para encarar el grave problema de la seguridad. Es el comportamiento que viene a jugar el papel de conclusión esperable si la premisa gubernamental expuesta es “erradicar al delincuente de la sociedad”, como se expuso en aquél discurso. En este sentido, el Sr. Gobernador no es solo el responsable político de las faltas de los penitenciarios, sino también, su aval doctrinario.
Pero con sólo éste enfoque, estamos acotando el problema al ámbito del ejercicio del poder estatal y de la responsabilidad política, cuando hay un escenario aún más inquietante.
La opinión emitida por un porcentaje importante de la sociedad mendocina, a juzgar por los comentarios que se realizan en los diarios online o redes sociales que publicaron la noticia de lo ocurrido en el penal San Felipe, es la evidencia más clara de que hoy vivimos en una sociedad que guarda en su seno un alto nivel de violencia y soberbia que se muestra indómito.
Por más extraño que parezca, vale decir lo siguiente: que el gobierno viole las garantías constitucionales más elementales de nuestra sociedad, es de inusitada gravedad porque conspira contra las instituciones y la seguridad jurídica de las personas. Sin embargo, tal vez esto no sea lo más grave. Lo que es gravísimo, desde mi punto de vista, es que, aparentemente un porcentaje elevado de la sociedad exprese su aval y conformidad con las torturas y vejaciones cometidas en contra de los reos por el personal penitenciario. Esto implica que es la propia sociedad la que cree que esos medios son válidos para hacer justicia, con lo que denota una crisis valorativa y un desprecio por la Constitución Nacional.
Pero no sólo eso, sino que también es contradictoria, pues es ésta misma sociedad la que se regocija de justicia con la condena de delitos de lesa humanidad cometidos por los represores del Proceso. Recientemente declaró en una extensa testimonial el Sr. Rabanal, quien fue miembro de alto rango en Montoneros, organización guerrillera que cometió numerosos delitos durante la década del setenta. Hoy en día juzgamos a dichos represores, y con razón, porque a pesar de haber cometido delitos, nadie puede ser castigado con torturas, apremios ilegales y vejaciones, porque el Estado no puede sistematizar un aparato de poder destinado a reprimir de esta manera. Ahora bien, pregunto: ¿estamos siendo coherentes al afirmar que estos reos de hoy, seguramente autores de delitos de menor gravedad que aquéllos, sí merecen la tortura? Si avalamos la tortura, ¿quién juega el papel de Dios eligiendo a quién se tortura y a quién no?
En definitiva, somos los mismos argentinos los que estamos, hoy en día, justificando y avalando una forma de ejecución de la pena en San Felipe, a la vez que la estamos condenando, como corresponde, en los Tribunales Federales.
En la Constitución Nacional se establece:
“Quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella…” y “Todos los habitantes son iguales ante la ley”.
El texto es de 1853, pero en 2011 la mayoría de la sociedad cree tener el conocimiento necesario para asegurar que esas garantías esenciales que constituyen pilares de nuestro sistema jurídico, no deben aplicarse a los sujetos para los cuales están directamente dictadas.
La anomia bajo la cual vive la Argentina ha llegado a un punto tal en el que, por lo menos en la Provincia de Mendoza, ya ni siquiera la Constitución Nacional está exenta del “implacable juicio de un argentino común”. Pareciera ser que la opinión que se emite no necesita ser fundada, no necesita sustentarse en la lógica, ni en el respeto a las instituciones, porque nos sentimos con la capacidad y el conocimiento necesario para hacer valer nuestras opiniones aún en contra de la propia Constitución Nacional. En un gesto de inusitada soberbia, la desconocemos, afirmando que lo que en ella está garantizado para todos los habitantes de la Nación, no lo está para el delincuente, porque según el gobernador “el delincuente es nuestro enemigo” y por lo tanto no merece el trato humanitario propio de las personas.
Sin embargo, y pese a quienes piensan así, es necesario que nos hagamos cargo de que los delincuentes son también personas, son seres humanos que viven y conviven en nuestra sociedad, y que no son nuestros enemigos, sino una consecuencia de un sistema social excluyente del cual sólo reciben marginación, odio y hoy, hasta torturas! Soberbia y anomia, llevadas a estos extremos, denotan que algo anda mal en nuestra sociedad, que está enferma si puede avalar que se cometan torturas.
No es muy difícil deducir que este enfrentamiento “Sociedad vs. Delincuencia” no nos lleva a ninguna parte y que la única manera de lograr un avance es con políticas inclusivas y de desarrollo social a largo plazo, ajustándonos estrictamente a derecho y no potenciando dicho enfrentamiento con posturas que conciben al delincuente como un enemigo.
Hasta que aceptemos que el delincuente es parte de nuestra sociedad, que es un problema social que debemos atender y del que nos debemos ocupar en forma inclusiva y no barrer debajo de la alfombra, hasta que no revisemos nuestra escala de valores, hasta que entendamos que la justicia no es venganza, la situación se pondrá cada vez peor.