La protesta no es excusa para cometer delitos

El descontento social imperante ha profundizado el malestar general de la población, y en especial de los trabajadores que ven cómo día a día sus salarios pierden poder adquisitivo por la inflación. Y lo que es peor aún, por la difusión mentirosa de índices falsos que hacen que la realidad se vea cada vez más desproporcionada de la versión oficial.

Esta situación genera la multiplicación de conflictos laborales, que tienen especial influencia en el sector público, que pese a la movilidad de sus sueldos (en muchos casos superior a la del sector privado), toman la calle en lo que consideran el lugar más adecuado para llevar adelante sus protestas.

Así, el espacio público deja de ser tal para convertirse en un escenario de conflicto, que utiliza la vía pública para dirimir sus intereses sectoriales. La ocupación de ese espacio público, con cortes de calles, realización de asambleas y otras excentricidades sindicales, plantean una disyuntiva que no es nueva, pero sí recurrente.

¿Qué derecho tiene prevalencia, el de los empleados públicos a interferir con sus protestas el normal desenvolvimiento de una ciudad, o el del resto de los ciudadanos a circular, transitar y en definitiva hacer uso de ese espacio público (que como ciudadanos también les pertenece) ya sea en virtud de su trabajo, su educación o su esparcimiento?

Es evidente que los gremios estatales utilizan esta metodología no sólo para alcanzar acuerdos y ejercer presión de cara a las negociaciones que llevan adelante, sino que también esta presencia activa en las calles forma parte de los planes de lucha que apuntan a generar caos y descontento, no sólo de los directamente involucrados, sino también del resto de la provincia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es bastante amplia en cuanto a sus recomendaciones sobre el tema. Sin embargo, los especialistas en derecho laboral establecen que más allá de la afectación del espacio público, todas las medidas de fuerza deben tener, en primera instancia, la debida notificación al empleador.

Esta circunstancia, que parece formal no lo es tanto, ya que además ayuda a establecer entre empleado y empleador, el mejor momento y el mejor lugar para la realización de una protesta. Es decir, que el espíritu de la ley contempla que mediante el diálogo se puede atenuar el impacto de una medida, o la decisión de buscar medidas alternativas.

Esto es así, porque los mismos especialistas dicen con contundencia que toda medida de fuerza apunta a generar un perjuicio, ya que se entiende que ésta es la única herramienta para obtener mejoras laborales. Sin embargo, aseguran que a nivel de los convenios internacionales no hay indicaciones concretas sobre la locación y oportunidad de la medida.

Sí, y esto es tal vez el mecanismo que aquí esté fallando, que más que sanciones que limiten derechos consagrados en la Constitución Nacional, lo que se hace imperioso, es el accionar de la Justicia para articular la convivencia de derechos, conforme a una sociedad democrática.

Pues, los mismos especialistas creen que si el derecho a huelga genera inconductas de tipo correccional, administrativas o de otra índole, la ley también tiene herramientas para acotar ese derecho y garantizar así los derechos de terceros.

La medida de fuerza no puede ser la excusa para cometer un delito, una situación en la que parecen haber incurrido algunos de los trabajadores mendocinos que durante estos días han inundado la vía pública con sus manifestaciones, asambleas y piquetes, desoyendo no sólo las recomendaciones de las autoridades sino también de la justicia.

Finalmente, sería aconsejable que las organizaciones sindicales fueran capaces de rever sus métodos e instrumentos a fin de reclamar por los que consideran son sus derechos vulnerados, pero sin vulnerar los derechos de la sociedad que les da cabida.

El autoritarismo es en accionar repudiable en todas sus formas. Incluso en aquellas en la que se esgrime la defensa de los trabajadores o de sectores postergados. De lo contrario, sumaremos más ley de la jungla a la ya imperante, y una peligrosa concepción que se esconde en la práctica de afectar a todos porque a mí alguien me afecta. Una práctica que no solo es injusta sino que también parece propia de sociedades antropófagas que creemos muy lejos de nosotros.