Por estos días se debate en la Legislatura provincial un proyecto del Poder Ejecutivo que permite la contratación directa de obras públicas sin necesidad del correspondiente llamado a licitación pública que prevé la Ley de Contabilidad de la Provincia.
De más está decir que en pos de la transparencia y del buen uso de los dineros públicos, de ninguna manera un proyecto de estas características puede avanzar en Mendoza. Mucho menos cuando estamos a las puertas de un año electoral que le permitiría al gobierno, sin ningún tipo de control ni garantías, hacer un uso político de esa masa de dinero.
Creemos que Mendoza no puede ni debe otorgar al gobernador Celso Jaque superpoderes como estos que está reclamando. Especialmente, porque el gobierno y los bloques oficialistas han tenido todo un año para plantear la agilización de plazos que ahora se esgrimen como obstáculos en la generación de empleos vinculados a la obra pública.
Además, porque si ese es el verdadero argumento, habrá que estudiar con tiempo y de la manera más razonable cuáles son las alternativas, pero no se puede permitir que, de un plumazo, se borren todos los mecanismos de control, al eliminarse directamente la licitación pública.
Afortunadamente, la oposición ha puesto todas las luces de alerta y ha razonado que ceder a esta pretensión es generar un serio daño a la institucionalidad. Nunca las reglas claras y generales pueden ser usadas como excusas para evadir el cumplimiento de la ley. Ojalá que Mendoza pueda seguir siendo parte de esta tradición.
No a los superpoderes de Jaque
La idea de eliminar las licitaciones para la adjudicación de obra pública, es peligrosa desde cualquier punto desde el cual se lo mire. Mucho más en un año electoral, que exige cautela y responsabilidad en el uso de los fondos públicos.