Se cumple una semana desde la convocatoria de Celso Jaque al “Acuerdo social por la seguridad” y ahora que se aquietaron las aguas alteradas por aquel tono vehemente y cubierto de promesas del gobernador, aparecen imágenes más reposadas respecto de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir con esta cita multisectorial.
En este sentido, será importante que intentemos ver por encima del mismísimo modo de ver del gobernador. Su promesa de mano firme (léase dura, aunque él busque trabar diferencias), su inequívoca declaración de guerra a un enemigo invisible, aunque lo imaginamos pobre, se produjo en un marco de análisis tan amplio que deberemos estar lo suficientemente atentos para que esa dureza no caiga de plano, sin meditación, y se convierta en una herramienta poderosa y cruel de criminalización de la pobreza.
Mucho se está diciendo en ámbitos como los medios de comunicación y las reuniones pautadas por el gobierno. Por eso, bueno será rescatar aquello que intrínsecamente tiene que ver con la protección de los derechos humanos fundamentales.
Hablamos de los derechos de la inmensa mayoría de los mendocinos. Esa mayoría que en generosa porción está compuesta por inocentes y por pobres. Ellos, los inocentes y los pobres, han de ser los depositarios de los mejores esfuerzos que tiende a generar y fomentar este pacto.
Afortunadamente, no es una postura generalizada en nuestra sociedad, pero cierto es que hay gente ignorante o malintencionada que confunde pobreza con delincuencia. Este es uno de los planteos más violentos que una sociedad se puede permitir, especialmente una sociedad como la nuestra, en la que alrededor de la mitad de la gente es pobre.
Trabar relación entre pobreza y juventud y delincuencia debiera ser explícitamente penado por la ley, ya que esta visión, y en esto sí debemos ser claros, firmes y duros, configura un acto delictivo desde lo simbólico.
Resulta increíble que, en una provincia que tiene más de 500.000 pobres, haya alguien que considere que esa tremenda masa humana se dedica a vivir con malas artes. ¿Imaginan el territorio devastado que sería Mendoza si así fuera?
Muy por el contrario, resulta habitual encontrar en este segmento social valores como la honestidad y la solidaridad.
Por ello, en el marco del llamado de Jaque al pacto social no está de más aclarar que ninguna política de seguridad debe desconocer o tratar superficialmente el tópico de la criminalización de la pobreza.
Ocuparse en derribar esa relación es una verdadera política de derechos humanos que estamos obligados a promover y a defender para todos los mendocinos. Que haya mano dura y apego a la ley con los que corresponda (muy especialmente con los delincuentes, claro), pero que también la haya con aquellos que cometan cualquier tipo de excesos con inocentes, sean portadores de rostro o no.
El Estado tiene un solo territorio en el que puede desarrollarse: el de la legalidad.
¿Pobre = Ladrón?
En momentos en que el pacto social convocado por el gobernador Celso Jaque busca tomar forma, es muy importante aclarar que criminalizar la pobreza o la juventud es uno de los peores pecados que como sociedad podemos cometer. Si hay mano dura, que caiga sobre quienes corresponda y que también se castiguen los excesos del Estado.