Como un coletazo inesperado e imprevisto de la crisis que empantanó al país durante cuatro meses, la provincia de Mendoza se ve ahora envuelta en una nueva instancia crítica que involucra a su actividad madre. Tras la renuncia del secretario de Agricultura, Javier de Urquiza y la llegada de Carlos Cheppi en su reemplazo, se produjo lo que muchos temían: la salida del presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Juan Carlos Jaliff.
Por esas maravillas de la “lógica política” el presidente del INV, que asumió hace sólo siete meses, debe irse por desavenencias internas en el mismo Gobierno que lo eligió. Y eso, obviamente, es altamente perjudicial para la industria vitivinícola, de la cual los mendocinos nos enorgullecemos.
No se trata de defender específicamente la figura del ex gobernador de la provincia, al que aparentemente nadie del sector vitivinícola cuestionaba, y a quien incluso ya con su salida confirmada, el propio gobernador de San Juan, José Luis Gioja, alabó. Lo que aquí queremos poner en consideración es el daño que la vitivinicultura puede sufrir si no repara inmediatamente esta situación. Lo que también supone poner al frente a una persona que pueda estar al frente de la institución y comprender la importancia de su tarea.
En ese sentido, el rol histórico del INV ha sido determinante. Su tarea de fiscalización y control de la actividad, ha permitido que el Estado sea un fuerte sostén de la genuinidad del producto, pero también de la calidad de nuestros vinos. Pues su presencia está dada en todo momento de la industria: desde la cosecha hasta la distribución, pasando por la elaboración y el fraccionamiento.
Ante esta situación ahora planteada como una derivación de la crisis política, el sector vitivinícola ha solicitado previsibilidad y continuidad de las políticas que es algo que toda industria espera cuando se somete a una regulación tan fuerte como la que a su vez garantiza la presencia del INV en relación a la actividad vitivinícola.
Pero lo cierto y más allá de quién sea el sucesor de Jaliff, (el gobernador Celso Jaque ha planteado que tal cual como marca la tradición, ese lugar debe ser para un mendocino) la enseñanza que debe dejar este episodio es grande. Mendoza y su actividad económica más emblemática y significativa no pueden ser rehenes de decisiones políticas que se producen a mil kilómetros de la provincia.
Defender el federalismo también implica dejar en claro cuáles son los intereses de la provincia y cuál es la firmeza con la que se los ha de defender. De lo contrario, seguiremos siendo rehenes pero más que de decisiones ajenas, de nuestros propios miedos y limitaciones.
Mendoza no puede ser rehén de las internas
La salida de Juan Carlos Jaliff de la presidencia del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) debe ser leída más allá de la lógica política. Representa un duro golpe a la actividad económica más emblemática y significativa de la provincia.