Hace un año, el Gobierno puso en marcha el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, iniciativa con la que, en palabras del entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, se buscaba disminuir la cantidad de armas en circulación como una forma de combatir la violencia y salvar vidas humanas. Los ciudadanos respondieron con creces a la expectativa puesta en este plan y entregaron 88.428 armas y 638 mil municiones en sus 247 días de vigencia.
Pero, en los últimos meses, el Poder Ejecutivo no ha hecho lo suficiente como para sostener, con los recursos a su alcance, el éxito que el programa tuvo en sus primeros seis meses, gracias a la participación de la sociedad y el esfuerzo que ha puesto en su implementación el Registro Nacional de Armas. Algunas circunstancias ajenas al plan, como ser el conflicto que la administración central mantiene con los productores del campo por las retenciones agropecuarias, impusieron demoras y restricciones en la continuidad del esquema de puestos móviles, vital porque acercaba el programa a la gente. Pero otras medidas pudieron haber sido aplicadas sin que el conflicto de referencia tuviera incidencia alguna.
Todos los ministerios nacionales, gobiernos provinciales y municipales deberían intervenir, desde sus ámbitos, con propuestas y acciones tendientes a contribuir a que la lucha contra la violencia en general, y la violencia con armas en particular, sea una política de Estado y no simplemente una acción coyuntural y descontextualizada. También debe el Gobierno poner en práctica una estrategia de comunicación que haga públicos los objetivos del plan, que cree conciencia en la sociedad sobre los peligros que entraña la tenencia injustificada de armas en los hogares y propicie la participación ciudadana, tanto en el programa de desarme como en una estrategia integral de seguridad basada en lo principios de convivencia, tolerancia y resolución pacífica de conflictos.
La RAD convoca a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas sensibilizadas por la problemática de la violencia a reclamar de parte de las autoridades más cercanas y de la dirigencia en general, una actitud proactiva tendiente a promover la convivencia pacífica de la ciudadanía.
El programa de desarme voluntario estará vigente hasta fines de este año. Para entonces, sería oportuno que el Estado contara con una nueva ley de armas, que al tiempo de actualizar la normativa vigente, permita que el Gobierno intensifique los controles sobre las existencias de armas y sobre las personas habilitadas para utilizarlas en las diversas actividades autorizadas. Desde la RAD urgimos a los funcionarios nacionales a trabajar con premura y seriedad para renovar el éxito del plan vigente y para proveer al Estado de las herramientas legales necesarias para mejorar los controles sobre las armas y su uso.
También renovamos el pedido de que se abran las iniciativas a la participación de la sociedad civil, convencidos de que cuando la sociedad se moviliza, el éxito en las políticas públicas está garantizado.
Un año del plan de desarme
