Las ideas más avanzadas en el mundo sobre seguridad ciudadana han llegado ya hace un tiempo a la conclusión unánime de que el problema de la inseguridad -sobre todo en los grandes conglomerados urbanos de la actualidad- es un problema complejo, que no puede ser reducido por explicaciones simplistas esquemáticas o efectistas como por ejemplo que la delincuencia se pueda reducir contener y mucho menos eliminar con mayores amenazas penales o aumentado el poder represivo de las fuerzas policiales o el número de condenas de los tribunales.
Según los institutos internacionales más prestigiosos de prevención del delito como el “Internacional Centre for Crime Prevention (ICPC o CIPC según sus siglas en francés) de Montreal los factores que inciden en el incremento y agravamiento de los delitos especialmente de los delitos urbanos son el correlato del entrecuzamiento de varias circunstancias algunas de carácter local otras relacionadas con los contextos nacionales y no pocas de carácter global. Esta es también la conclusión de la Comisión para la Prevención del Delito y la Justicia Penal de las Naciones Unidas desde hace ya tiempo.
En países y regiones como la nuestra en las que existen tremendas distancias socioeconómicas entre los sectores sociales, pero también ahora en el mundo económicamente desarrollado donde se generan cada vez más bolsones de pobreza y pobreza extrema alimentada sobre todo por la inmigración desesperada que llega de los países más pobres, es innegable el rol que juegan la marginalidad y la exclusión social como subproductos de la pobreza extendida y crónica en el aumento del delito, particularmente del delito contra la propiedad y de delitos contra las personas vinculados a los delitos contra la propiedad o a los tráficos ilegales principalmente de drogas.
La relación entre la pobreza extrema (particularmente su impacto en sectores juveniles) y el delito contra la propiedad aparece como más evidente aun si se observa el asombroso paralelismo entre la evolución de las estadísticas delictivas y la de los indicadores combinados de distribución del ingreso, desocupación y pobreza en un área determinada durante un lapso más o menos extendido de tiempo.
En la Argentina a partir del 2003 justamente la disminución de los índices de marginalidad, desocupación y pobreza se han reflejado en una disminución persistente de los índices de delitos contra la propiedad en todo el territorio nacional con escasas y no significativas excepciones.
Ahora bien si es cierto que la resolución de los graves problemas de exclusión e injusta distribución de la riqueza es una condición necesaria para afrontar con seriedad el problema del delito y de la inseguridad cotidiana también es cierto que no es condición única ni suficiente.
Aquí es donde aparece el rol de las políticas públicas de seguridad del estado.
En primer lugar es claro, de acuerdo a lo que se viene exponiendo, que cualquier política pública de prevención del delito de un gobierno ya sea municipal o provincial e incluso nacional debe empezar por profundizar el impacto de las medidas sociales y económicas generales de comprobada eficacia en la disminución del delito. Como se trata de políticas de prevención del delito la estrategia en este caso es la de direccionar y reforzar la oferta de oportunidades económicas, laborales culturales, deportivas y sociales hacia aquellos sectores en los que la combinación de exclusión con adolescencia o juventud genera situaciones de mayor riesgo (para terceros pero también para ellos mismos) de involucramiento en actividades delictivas o en situaciones de violencia.
Estas situaciones de riesgo se potencian si se agregan otros factores concurrentes como el acceso a estupefacientes y la falta de contención familiar. Estos grupos o individuos han sido identificados por las elaboraciones teóricas sociológicas como “comunidades vulnerables” y es claro que aun en el caso de que se sostuvieran y profundizaran las medidas económicas y laborales generales hasta un punto óptimo y en el menor plazo posible ellos serían los últimos en ser alcanzados por sus efectos. En muchos casos además el nivel de exclusión ha profundizado el deterioro de la relación de estas personas con la sociedad en general pero incluso con los círculos más próximos de su comunidad familiar y barrial.
Queda en claro entonces que estas situaciones demandan un esfuerzo especial de oferta de inclusión o de propuesta de reorganización de vínculos de manera que estas personas opten por abandonar la situación de riesgo permanente en la que se encuentran. Todo ello requiere de planes programas y estrategias gubernamentales munidas de los recursos materiales y humanos mínimos para llevar a cabo estas estretegias de inclusión social específica. Ello debe ser el núcleo y puntapié inicial de cualquier política de prevención del delito que aspire a resultados concretos.
El segundo componente de una política de seguridad es el que está relacionado con el accionar de uno de los principales instrumentos del estado en materia de seguridad: la policía.
A nadie escapa que las insituciones policiales se encentran desde hace ya tiempo y no solo en nuestro país, en un proceso de cuestionamientos, reflexión e intento de cambios y reformas. El mantenimiento de formas de organización y funcionamiento atrasados y con fuerte impronta de la militarización que les impuso el hecho de funcionar como policías políticas en gobiernos civiles o apéndices de las fuerzas armadas en los gobiernos militares y la influencia que han tenido durante años sobre las practicas policiales cotidianas las estrategias clientelares de los partidos políticos y el funcionamiento corporativo y recaudador han destrozado la legitimación pública y sobre todo la eficacia de las agencias policiales para actuar como elemento fundamental en la prevención del delito. Es imposible plantearse una estrategia eficaz de prevención del delito y la violencia con policías que adolezcan de esta pesada carga.
La forma más adecuada para ir dejando en el camino estas lacras que impiden el funcionamiento legítimo pleno de la institución policial es abordar con decisión política las reformas que la lleven a su modernización no solo técnica sino institucional y política que implica entre otras cosas pero fundamentalmente el gobierno y el control de la policía por el gobierno político a través de sus estructuras específicas como el Ministerio de Seguridad con “staffs” altamente capacitados para ello.
De todos modos el reaseguro para que estas reformas no sean solo formales o “en los papeles” sino que devengan en cambios reales en el funcionamiento ( y existe también unanimidad en la opinión especializada al respecto) es la construcción , paralelamente a la reforma orgánica e institucional, de estructuras de participación y control comunitario permanente del funcionamiento policial a lo largo y ancho del territorio.
La construcción de estas estructuras y dinámicas de participación son responsabilidad política del gobierno ya que además implican un sistema de información y relación permanente entre el gobierno local y el provincial con los vecinos de cada barrio (sin exclusión de barrios ni de sectores sociales) en una suerte de auditoría democrática del accionar policial concreto y del impacto de toda la política de seguridad en cada lugar. Que estos esquemas participativos de auditoría y discusión colectiva permanente de la seguridad funcionen realmente depende fundamentalmente del esfuerzo gubernamental en la convocatoria organización y ordenamiento de los debates y recolección de demandas y sugerencias, análisis de las mismas y respuestas racionales y pertinentes cuyos resultados han de volver a ser evaluadas colectivamente.
En un juego de ensayo y error continuo que vaya encontrando las mejores soluciones en cada caso y dando respuestas a las nuevas situaciones Esto requiere decisión política para la puesta en marcha y sobre todo mantenimiento en el tiempo del funcionamiento permanente de esta dinámica participativa, con los recursos necesarios.
Finalmente todo ello debe ser acompañado con la implementación de las reformas del sistema de justicia penal y del sistema penitenciarios y post penitenciarios cuyas posibilidades de tornarse reales y efectivas aumentan en la medida que las estrategias anteriormente expuestas bien aplicadas empiecen a tener efectos en la reducción significativa de la cantidad de hechos delictivos y situaciones de conflicto.
Todo esto sería la base de un programa realista de seguridad, frente a lo cual las simplificaciones que pretenden ofrecer soluciones con un par de cambios legislativos en el “endurecimiento de las leyes” o reforzar alguna que otra capacidad operativa en forma indiscriminada, tan comunes en el discurso de seguridad no solo en nuestro medio sino aun en los países “desarrollados”, solo aportan confusión y sobre todo pérdida de tiempo.
(*) El autor: Mariano Ciafardini es docente de Criminología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es director Nacional de Política Criminal, abogado, consultor de organizaciones internacionales y autor de numerosos libros en materia penal y sobre criminología.