Bajar el delito 30 por ciento en 6 meses: Es ridícula la promesa en términos genéricos porque su cumplimiento podría darse por el hecho de lograr una disminución en un año de 10 a 7 hechos calificados penalmente pero que no tienen ninguna relevancia social.
Ahora bien, si la referencia es a los delitos que más preocupan a la población (delitos violentos, particularmente contra la propiedad), seguro que es posible lograr reducciones en los índices a través de una planificación estratégico-táctica integral.
Sin embargo, esto supone haber realizado previamente un certero diagnóstico no sólo de cómo están funcionando las instituciones vinculadas con la seguridad en la provincia y de la normativa vigente que las regula, sino además sobre cómo funcionan los mercados que regulan esos delitos en la provincia y a nivel regional (me refiero en este caso a robo de automotores, tráfico de drogas, trata de personas y robo de mercancías de algún valor de consumo significativo) y que cuente con mecanismos de intervención no comprometidos con estos circuitos y de coordinación bien aceitada con el Ministerio Público Fiscal y con las instancias de prevención social de la violencia en la Provincia y con las demás áreas de políticas sociales destinadas a comunidades vulnerables”.
Por ende, la probabilidad de una reducción -que de ningún modo a priori podría estimar en un porcentaje específico- supone una serie de intervenciones previas que entiendo ninguna gestión política de la seguridad está planificando a este nivel en la Argentina.
Celebraría que así sea, pero sería algo bastante llamativo porque estaría tocando estructuras de poder importantes y esto tendría relevancia mediática en todo el país (como es el ejemplo de la PSA y los escándalos por haberse metido con negocios históricos en el ámbito aeroportuario).
(*) El autor: Darío Kosovsky es miembro de INECIP, el Instituto de Estudios Penales y Sociales de Buenos Aires. Es miembro fundador de la Red Argentina para el Desarme y autor del libro "El ciudadano sheriff".