“Ojalá pudiéramos discutirlas libre y abiertamente”.
Esa frase pronunciada por el obispo de Mendoza, en una sus respuestas a la entrevista que mdz online le hiciera el pasado 22/05/08 nos da la posibilidad a quienes disentimos, de plantear algunos cuestionamientos a fin de debatir no sólo ideas sino, fundamentalmente, hechos.
Los temas a debatir tienen que ver: 1. con la contribución que hace el Estado al sostenimiento económico de la Iglesia; 2. con la vigencia de los derechos humanos en el seno de la Iglesia, y la política que esa institución tiene respecto a este tema; 3. con el uso que la Iglesia le da a las estadísticas que miden la cantidad de católicos en nuestro país; 4. con las referencias que hizo a hechos históricos que dio en su entrevista.
1. El sostenimiento económico de la Iglesia por parte del Estado
Dijo el obispo: “la idea de que el Estado sostiene a la Iglesia argentina, que es muy divulgada, o la idea de que la Iglesia argentina es tan rica que no necesita que le den un peso, son ideas equivocadas. Y que son precisamente las ideas que requieren un cambio. No es cierto que la Iglesia argentina sea rica. No es cierto que la sostenga el Estado. Tampoco es cierto que la sostenga el Vaticano. Esas ideas proceden de un equívoco”. Veamos si lo que dice el obispo se refleja en la realidad.
El art. 2 de la Constitución Nacional dice que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico y romano”. La interpretación que la doctrina del Derecho Constitucional hace de esa norma, se divide en dos corrientes: a. la mayoritaria, manifiesta que el sostenimiento es sólo económico; b. la minoritaria, que este “sostenimiento” no se reduce sólo a lo económico, sino que va más allá, significa una relación de privilegio que el Estado le concede a la Iglesia y que se manifiesta, por ejemplo, en una “unión moral” más estrecha, y en el reconocimiento de la Iglesia como persona jurídica de derecho público no estatal (art. 33 del C. Civil). Esa es la norma y su interpretación en líneas generales.
El ordenamiento jurídico, pues, indica que el Estado contribuye al sostenimiento de la Iglesia Católica. Y esa contribución no sólo se hace mediante la partida presupuestaria pertinente, sino a través de las leyes concordantes y que han sido dictadas en sucesivas dictaduras militares, a saber:
1. El pago de sueldos a obispos (ley 21.950 sancionada en la dictadura militar de Videla);
2. Pago de jubilaciones a obispos por edad avanzada o invalidez (ley 21.540 sancionada en la dictadura militar de Videla);
3. Subsidios para zonas desfavorables (ley 22.162 sancionada en la dictadura firmada de Videla).
4. Jubilación sin aportes con 5 años de servicio acumulados con otras (ley 22.430 sancionada en la dictadura militar de Videla);
5. Becas estatales a seminaristas (ley 22.950 de la dictadura militar firmada por el dictador Bignone);
6. Asignación mensual en caso de vacancia (ley 22.552 de la dictadura militar, firmada por el dictador Galtieri).
Por lo expuesto, se puede afirmar: 1. Que el Estado Nacional contribuye al sostenimiento de la Iglesia. Ese sostenimiento se manifiesta en la ley general de presupuesto y fundamentalmente a través de leyes de la dictadura militar. Esto último debió ser destacado por el obispo; 2. Esta obligación legal implica no sólo un atentado contra la igualdad de cultos, sino una muestra más de la vergonzosa complicidad de la Iglesia Católica con los gobiernos de facto; 3. Asimismo, hay que destacar que los obispos reciben un sueldo que representa el 80% del que percibe un juez de 1ª instancia y el Sr. Arancibia no dijo nada al respecto.
Las riquezas de la Iglesia
Decir que la Iglesia es rica o pobre depende del punto de vista desde el que se mire el problema.
Si miramos al Estado Vaticano, a un estado soberano, observamos que el mismo tiene un banco central, tiene reservas, inversiones en títulos, acciones, divisas extranjeras, un cuantioso e invaluable patrimonio inmobiliario, tiene funcionarios con privilegios, con sueldos importantes, tiene un balance. Desde esa perspectiva la Iglesia es rica.
Si observamos ciertos grupos o movimientos católicos (Opus Dei, Legionarios de Cristo, etc.), son colectivos integrados por personas de clase media y media alta, profesionales, ejecutivos, con facultades, hospitales de primera línea, donde los pobres no participan, sólo son vistos como destinatarios de la evangelización. Visto desde ese punto de vista, esos sectores de católicos son los “ricos” de la iglesia y podrían colaborar en el sostenimiento. Tendrían que publicar sus estados financieros para evaluar si comparten aquel estado de pobreza de la Iglesia.
Mientras que si observamos a las iglesias particulares la cuestión es más discutible ya que cada una tiene su propia realidad.
Nadie negará entonces que:
1. para decir si la iglesia es rica o pobre la jerarquía debería “blanquear” su estado patrimonial y financiero, de manera pública, para que todos los católicos sepan dónde están parados, y si las limosnas y contribuciones que se les pide se justifican o si se les miente u oculta algo; 2. Quienes deben dar el ejemplo son sus jefes. En su entrevista el Sr. Obispo no dijo nada.
El reparto de los bienes que hace el Estado:
“Cuando el Estado reparte los bienes que tiene … ¿Y por qué no la religión? … Nosotros no pedimos que el Estado fomente exclusivamente la religión católica”.
Hago referencia a esos párrafos porque guardan relación.
Un Estado laico no tiene por qué repartir bienes a lo cultos, ni fomentar ninguna religión. Debe asegurar el pleno ejercicio de la libertad e igualdad de cultos, su exteriorización, y la difusión de sus ideas o doctrinas. Pero no su fomento, ni mucho menos su financiamiento. La religión raras veces es materia de políticas públicas, ya que los valores religiosos no son exclusivos de ellas sino de la ética, y esta no es propiedad privada de la Iglesia Católica. Son las personas adherentes a las diversas religiones quienes deben financiar sus iglesias. Lo contrario implica seguir con privilegios, no querer perderlos y seguir “colgados” del presupuesto de la Nación.
En el caso de la Iglesia implica, además, una contradicción ya que por un lado hace crítica política ante el gobierno de turno, y por otro extiende la mano para que el Estado le de dinero.
De las declaraciones del obispo no se ve muy claro que esté a favor de un estado laico, sino de uno que mantenga las prebendas hacia las religiones. Habría que preguntar a otras confesiones religiosas (judíos, musulmanes, protestantes), si el Estado contribuye o las sostiene y cómo se financian.
2. Los derechos humanos y la Iglesia
Es llamativa la frase “La iglesia, en el tema de los derechos humanos, quiere tener la autoridad que le da fundamentalmente el Evangelio, que confirma la dignidad de lo humano”. Veamos si la Iglesia tiene autoridad, o puede dar el ejemplo en este tema.
“Que los derechos humanos constituyen un problema no resuelto en la vida y en la organización de la Iglesia, es algo que todo el mundo sabe y que los mismos dirigentes eclesiásticos reconocen públicamente, como después indicaré. Por supuesto, sabemos que el Concilio Vaticano II hizo una mención elogiosa de "los derechos de la persona": libre reunión, libre asociación, expresión de la propia opinión y profesar la propia religión (GS 73) Sabemos también que Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II han reconocido y elogiado el ideal proclamado por la Declaración Universal de 1948.
Pero el hecho es que, hasta este momento, no existe un documento oficial de las autoridades eclesiásticas aceptando públicamente el texto de la Declaración y comprometiéndose a ponerlo en práctica. Y la razón de este hecho es clara: la Iglesia católica, tal como está organizada y tal como de hecho funciona, no puede aceptar el texto íntegro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque no puede aceptar la igualdad efectiva y real de hombres y mujeres. Ni la libertad de expresión y enseñanza sin recortes. Ni las garantías jurisdiccionales en el enjuiciamiento y medidas disciplinarias. Ni la participación de todos los miembros de la Iglesia en la designación de los cargos eclesiásticos.
Y la lista de cosas que la Iglesia no puede aceptar, en lo referente a derechos humanos, se podría alargar mucho más”. (Iglesia y Derechos Humanos. José Ma. Castillo, SJ, Revista Exodo). Lo resaltado me pertenece. Y el Código de Derecho Canónico sigue aquella línea. Basta leer los cánones 331, 333, 1372 y 1404.
3. El uso que la Iglesia hace de las estadísticas sobre la cantidad de católicos
Dijo el obispo: “mucha gente católica ha dejado de serlo. Lo sabemos aún antes de cualquier estadística precisa. Porque, además, hay ciertas mediciones”; “Yo cuando era chico podría haber dicho que el 93 o 94 % de los argentinos eran católicos. Hoy no podría decirlo, aún antes de tener una estadística actualizada. La estimación es del 85 %, pero es una estimación, nada más. Si hubiera un sondeo o un censo propiamente tendríamos la cifra exacta. Y esa cifra nos haría pensar, no nos asustaría. No somos insensibles al hecho de que algunos católicos hayan dejado de serlo. Sería tonto negarlo u ocultarlo. Por otra parte es un fenómeno mundial. Si la encuesta se hace en España o en Francia, también los últimos veinte años han mostrado un cambio”.
El punto a debatir aquí es el uso que la institución hace de las estadísticas. En numerosas circunstancias la Iglesia utiliza las mismas para presionar al gobierno de turno, con el fin de que no se sancionen leyes que irían en contra de las creencias de esas supuestas “mayorías”.
Es relativo (por no decir falso), decir que los católicos son mayoría. Es probable que los bautizados en la Iglesia lo sean, pero no así quienes creen en sus dogmas, doctrinas, cumplen sus mandatos, preceptos y celebran sus ritos. Estos son una minoría. La propia Iglesia lo dice y lo sufre.
El obispo pierde una hermosa oportunidad para aclarar esas “estimaciones” a las que hizo referencia. Como también para demostrar que la institución no quiere ser obstáculo a todas aquellas leyes que no coinciden con la ideología católica.
4. Las referencias históricas
Entre lo ingenuo y lo tendencioso, puedo calificar la respuesta que el obispo dio sobre este tema. Dijo: “Y una de las grandes preocupaciones que tenían era la forma de catequizar a los indios, y qué tipo de vida llevaban los indios en ese tiempo. Los obispos hicieron reglamentaciones muy interesantes donde dejaron escrito cómo tratar a los indios, cómo preservar su vida en familia, cómo evitar que hicieran trabajos de esclavos, cómo catequizarlos, cómo conocer las lenguas en las que hablaban”.
Creo que los hechos históricos son abrumadores en el sentido contrario: la Iglesia católica fue cómplice no sólo del saqueo de las riquezas que sufrieron los pueblos originarios de este continente, sino de la cultura y la religión. Ni hablar de la quema de libros. No hay que ser ateo ni anticlerical para llegar a conclusiones más acordes con la historia. Las declaraciones de Arancibia se enrolan dentro de las que formuló Benedicto XVI cuando fue a Brasil, manifestando que las comunidades indígenas estaban “esperando” a los conquistadores. Suena a burla, Tampoco menciona a los clérigos disidentes contra la política invasora de España, por ejemplo, Bartolomé de las Casas.
Estos cuestionamientos no pretenden agotar el debate, pretenden nutrir el necesario disenso que debe existir en una sociedad democrática que no se apoya en verdades absolutas, sino en certezas que deben construirse día a día.