El hecho de ser una zona de conflicto violento no significa que leyes locales, nacionales o internacionales no tengan que ser aplicadas. Cuando actores económicos son implicados en crímenes las leyes internacionales criminales, sí se aplican, aún cuando no hay mecanismos eficaces en el mismo escenario de los hechos. Hasta hace poco, muchas empresas creían que no había consecuencias legales de sus operaciones en zonas de guerra.
La entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional cambió todo en este sentido. Durante los últimos diez años fiscales han lanzado un número de casos contra empresas que han contribuido a la comisión de crímenes durante tiempos de conflicto armado. En algunos de ellos, las empresas han actuado conscientemente; mientras en otros no estaban del todo enterados de los acontecimientos.
Buscando aclarar las ambigüedades en este contexto, la ONG londinense International Alert y el Instituto Fafo de Noruega publicaron un tríptico llamado Red Flags en el cual demuestran las responsabilidades que enfrentan empresas operando en zonas de alto riesgo.
De hecho, estos tipos de casos legales están en aumento. Hay empresas que han enfrentado juicios por una variedad de delitos, como el corretaje de armas a Liberia; proveyendo precursores químicos al regimen de Saddam Hussein en Irak; o abasteciendo al Interhamwe de Ruanda con machetes. Hay empresas multinacionales han sido demandas en Colombia por financiar las autodefensas y en Birmania por beneficiarse de las obras construidas con mano de obra forzada aunque no fueron involucrados directamente.
Estas acciones legales han sido posibles porque en muchos países hay leyes vigentes que permiten a fiscales proceder contra violaciones de leyes internacionales. En su informe del año pasado, el representante especial de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos, John Ruggie, resaltó que la interacción compleja entre tribunales de la ONU, leyes internacionales y leyes nacionales está creando una nueva telaraña de responsabilidad corporativa por crímenes internacionales.
Importantes gremios empresariales reconocen esta realidad. La Cámara de Comercio Internacional dijo que “se espera que todas empresas respeten las leyes, aún cuando las autoridades competentes no las hacen cumplir, y obedezcan los principios de los instrumentos de leyes internacionales cuando leyes nacionales están ausentes.” Esto significa que las empresas tienen que llevar a cabo su debida diligencia para evitar su complicidad en crimines internacionales o enfrentar los gastos legales, financieros y/o reputacionales de sus pecados de comisón y omisión.
International Alert y el Instituto Fafo han señalado nueve banderas rojas que las empresas deben reconocer pare evitar su involucramiento en crimenes internacionales: expulsar gente de sus comunidades, utilizar mano de obra forzada, manejar recursos de origen cuestionable, contratar a empresas de seguridad abusivas, pagar sobornos, violar acuerdos internacionales, permitir el uso de activos de la empresas para actos criminales o destinar recursos financieros a actores capaces de cometer crímenes.
Estas banderas rojas representan un esfuerzo, en un lenguaje sencillo, para sensibilizar a las empresas sobre la evolución sus responsabilidades ante las leyes internacionales incluyendo leyes criminales y de derechos humanos.
Este año, la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 60 años y el documento Red Flags espera informar a las empresas que es lo que pueden hacer, y por ende no hacer, para apoyarla.
(*) Los autores: Salil Tripathi es un experto en temas de Derechos Humanos y asuntos corporativos. William Godnick es especialista en temas de seguridad y desarrollo en América Latina. Ambos son integrantes de la ONG londinense International Alert.