La dirigencia política aceptó en los últimos días la posibilidad de que detrás de los grandes hechos delictivos se encuentren policías, algo que sectores amplios de la ciudadanía se considera como absolutamente probable.
De hecho, ya hubo un policía detenido por el robo de las armas a la UMAR policial. Un policía de baja jerarquía, de menor tiempo de capacitación y que, a la sazón, era un simple guardia solitario en un lugar donde se guardaba un arsenal. No es la primera vez que esto ocurre.
Frente a las afirmaciones en ese sentido del actual ministro Carlos Ciurca y también del ex ministro Alfredo Cornejo, MDZ consultó a sus lectores: “¿Por qué te parece que pueden haber policías implicados en graves delitos?”. Las respuestas se repartieron notablemente en una abanico de opciones. Sorprendió que ganara la respuesta que indicaba que “hay tantos corruptos como en cualquier otra actividad”.
Este conformismo, no obstante, tiene lo suyo de particular, ya que no se trata de “cualquier actividad”, sino de la que tiene como objetivo luchar contra el delito, precisamente, con armas provistas por el orden institucional.
Asimismo, de la opinión de los lectores surgió una preocupación que también es nuestra: se habla del “fracaso en la formación de los nuevos policías” (14,5% de los votos de los lectores) y de que “no se purgó a la fuerza como se debía” (14,1%) como causa de su involucramiento en asuntos delictivos.
En 1998, cuando se generó por primera vez una “política de Estado” en materia de Seguridad, se le dio a las nuevas autoridades del especialmente creado “Ministerio de Justicia y Seguridad” el poder de “purgar” a la Policía de Mendoza de sus “elementos negativos”, sin que mediase para ello sumario administrativo alguno. Así se hizo.
La antigua “Policía de Mendoza” fue suplantada mediante dos leyes, las 6.721 y 6.722 por “las Policías de Mendoza”, tras ser descentralizadas en jefaturas regionales y en un cuerpo especial de Investigaciones.
Se buscaba distribuir el poder interno y así, entre otros objetivos, prevenir el anidamiento de costumbres corporativas y perversas y de prácticas corruptas como las que habían ocasionado la hecatombe interior: encubrimiento, asesinatos, gatillo fácil, negocios sin control.
Al mismo tiempo, se creó un Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) sobre bases endebles a nivel financiero, pero que resultó una gran promesa: se unían el estado provincial y la Universidad Nacional de Cuyo para formar a los nuevos uniformados. Se pusieron importantes requisitos para los aspirantes, como contar con secundario completo y no más de 25 años de edad. Se calculó que, a 15 años vista, habría una renovación total del plantel policial provincial.
En el año 2000, el entonces juez de instrucción Gonzalo Guiñazú, denunció que a causa de sus investigaciones, una banda integrada por policías planeaba matarlo. El 22 de mayo de ese año, su colega Rafael Escot abrió la causa cuando estaba a cargo del Cuarto Juzgado de Instrucción. Fueron 20 los policías detenidos e imputados, según consta el expediente 92.542.
Todos fueron liberados. Otro será el momento para evaluar las razones que le impidieron a la Justicia contar con los elementos suficientes para comprobar tan grave denuncia. Lo importante es considerar que lo que nos pasa, no ocurre por casualidad.
Escandalizado por el clamor popular que exigía seguridad y tras desmayarse en la puerta de su casa, el entonces gobernador Julio Cobos dio marcha atrás con muchos requisitos. Necesitaba sumar hombres, sin pensar en la calidad. Para ello, se abrieron “sucursales” del IUSP en los municipios, en acuerdo entre municipios y gobierno provincial. La calidad académica fue siendo dejada de lado por la necesidad de cumplir con el objetivo de aumentar el número de uniformados con que contaba la provincia.
Y aquí viene una información escasamente evaluada por las autoridades, más preocupadas por la estridencia pública de los hechos delictivos que por la seriedad y la profundización de los cambios en las políticas de Estado.
Un informe –el único hecho público, por cierto- de la Junta de Disciplina del por entonces ministerio de Justicia y Seguridad, datado en el año 2001, evaluó que, precisamente, “mientras menos capacitación obtienen los uniformados es mayor la cantidad de faltas que cometen”.
Aquel trabajo determinó lo siguiente: “Comparando jerárquicamente, la mayor proporción de faltas son cometidas por personal policial y penitenciario de menor jerarquía. Del personal policial sancionado, 77,07% son suboficiales y agentes. Mientras que 22,92% son oficiales. En cuanto al personal penitenciario, 86,20% son suboficiales y agentes, y 13,79% oficiales”.
El paper elevado por la titular de la Junta de Disciplina al ministro Leopoldo Orquín y por éste al gobernador Iglesias, incluyó una recomendación en sus conclusiones: “Podemos arribar a la conclusión que se debe capacitar mayormente a los de menor jerarquía a los fines de tener un mayor conocimiento de la ley. Redundará en una menor comisión de transgresiones a la ley policial”, señaló, para agregar inmediatamente después que: “…respecto del personal policial, por la nueva ley tenemos sólo la categoría de oficiales, pero los grados de suboficiales y agentes, por la transición entre las dos leyes: 4747 y 6722, existirán durante unos 15 años más, hasta tanto se retire el último agente o suboficial y, en este sentido, la continuidad de la Política de Estado en materia de seguridad debe considerar la posibilidad permanente de capacitar adecuadamente al personal de seguridad, ya que la transición es más larga de lo previsto”.
La conclusión, con el paso de los años, se cae de madura: es necesario revisar la capacitación de las personas a las que el Estado les pone un uniforme y les entrega un arma para protegernos.
Fue advertido a tiempo, pero la realidad nos indica que, más allá de que se redunde en organismos de control y supervisión, lo que falla es lo sustancial: qué hombres y mujeres son sumados a la Policía y con qué tipo de formación asumen tamaña tarea.
Una institución tan importante para el andamiaje democrático necesita de hombres y mujeres uniformados con excelente capacitación para afrontar los desafíos del crimen en la actualidad y para ofrecer a la comunidad una imagen transparente.