El gobernador Celso Jaque ha tomado algunas decisiones que merecen ser destacadas y que, de alguna manera, tienden a abordar la realidad de Mendoza desde una perspectiva más profunda. Durante demasiado tiempo se ha prestado más atención a la coyuntura que al fondo del asunto, a la vez que se ha apelado a los parches más que al bisturí. Así, las medidas que se toman apenas son ocasionales para paliar asuntos complejos y diversos que no pueden resolverse si se piensa que gobernar es sólo congraciarse con la opinión pública. Esto es pan para hoy y hambre para mañana.
Gobernar es tomar decisiones y marcar rumbos. Aunque a veces esas decisiones y esos rumbos resulten antipáticos, incluso para las mayorías. En esa concepción se inscribe el reciente acuerdo al que el Poder Ejecutivo ha llegado con el Poder Judicial respecto de un viejo conflicto que no sólo ha significado una fuente de tensión permanente entre estos dos poderes, si no también la conformación de un clima adverso y ataques cruzados que mucho mal le han hecho a la institucionalidad de la Provincia. Durante largos lapsos de tiempo de las gestiones de Roberto Iglesias y de Julio Cobos, Mendoza tenía dos de sus tres poderes referenciales en pie de guerra, mientras el tercero hacía y sigue haciendo malabares con su devalúo.
La suspensión de la indexación de los sueldos de los jueces permitirá tener previsibilidad sobre el presupuesto del área y no –como sucedió en reiteradas oportunidades– que un embargo judicial congele cuentas públicas para que los magistrados cobrasen diferencias reclamadas. Sin dudas, este acuerdo es un muy buen paso sustentado en distintos argumentos que hace que Mendoza deje atrás una etapa de confrontación entre poderes para avanzar en la solución conjunta de problemas más urgentes y necesarios como, por ejemplo, la seguridad y el equilibrio y la sinergia institucional.
En este mismo plan parece inscribirse la readecuación salarial decidida políticamente por el Ejecutivo y el Legislativo que eleva el sueldo del gobernador, y con él, de los principales funcionarios de gobierno. Es hora de que, de una buena vez, la Provincia abandone las prácticas demagógicas y pensadas para agradar, más que para poder tener un servicio público de calidad.
A modo de sentencia fundacional, debe quedarnos en claro que el capital humano es la base de la competitividad. Por lo mismo, pagar un buen salario no sólo depende de consideraciones de equidad, sino de eficiencia. Un suelo adecuado para un funcionario hará que ese funcionario trabaje mejor y que responda de mejor modo a los niveles de exigencia pretendidos.
El gobernador de Mendoza debe cobrar un mejor sueldo, incluso mucho mejor que el que cobrará con este reciente aumento. Esa persona no sólo es la depositaria de las esperanzas y los sueños de todos los mendocinos, sino también es el administrador de un presupuesto varias veces millonario. Tales menesteres deben concretarse con responsabilidad, eficiencia y muy buen salario, comparables con los del sector privado.
Esa exigencia que la ciudadanía tiene para con la cosa pública y también para los circunstanciales funcionarios, también debe ser remunerada en relación a la dificultad y a la responsabilidad de la tarea. Un ejemplo: ¿cómo pretender que un par de abogados del Estado mal pagados enfrente los intereses de corporaciones de abogados del sector privado que ganan cuatro o cinco veces más que ellos? Mendoza no puede depender de héroes anónimos, sino de instituciones sólidas. Y, por cierto, Mendoza tampoco puede permitirse que existan funcionarios que lleven un tren de vida que no se condiga con los salarios que perciben.
Ha de haber una pirámide lógica, un escalafón claro, un prestigio de la labor técnica, un ejercicio habitual de los concursos para acceder a cargos… Ministros, subsecretarios, directores, subdirectores y jefes son una línea clave para el destino provincial. No podemos permitirnos que estos profesionales no ganen lo que les corresponde según el grado de responsabilidad que asumen. Los municipios deberían hacer lo mismo.
Tampoco podemos seguir teniendo funcionarios y técnicos jerarquizados que llegan a la administración pública por descarte, ya que, antes de él, muchos dijeron que no por la simple razón que la actividad privada suele ser más redituable. Mendoza necesita a los mejores, con la mejor vocación de servicio y a ellos hay que pagarle lo que se merecen para después exigirle que cumplan con su misión sin excusas. Funcionarios y técnicos que, si no funcionan, se vayan inmediatamente, sabiendo que hay reemplazos con altura para el desempeño de la tarea. O sea: se les paga muy bien y se les exige, mejor.
Simplemente nos permitimos prevenir –como ya lo hicimos en su momento- que tales decisiones no pueden superar las pautas presupuestarias previstas. Pues, si así ocurriera, se estaría involucrando a las finanzas públicas en un serio déficit, que ya se ve complicado ante el reciente aumento acordado con los trabajadores estatales, y que de ninguna manera se debe contribuir a incrementar.
En la medida en que se despejen conflictos –tal el caso del acuerdo con el Poder Judicial– y en que se revalore la actuación pública –caso del aumento salarial–, el escenario de desarrollo de la cosa pública puede ser propicio para la modificación de la realidad, que día a día, presenta dificultades y desafíos que sin la cabeza despejada y los recursos necesarios no es posible enfrentar.
Dos aciertos de la gestión de Celso Jaque
El Gobierno Provincial decidió aumentar los salarios de primera línea en el Ejecutivo, al tiempo que llegó a un acuerdo con el Poder Judicial. La institucionalidad, con esta clase de medidas, se ve beneficiada en Mendoza. Mejorar ámbitos de trabajo permitirá contar con los mejores en la gestión, acrecentar las exigencias y tomar medidas rápidas con quienes no funcionen como es debido.