Hay un consenso general, incluso entre nuestros gobernantes provinciales y municipales, además del sector minero, de que la ley nacional N° 24.196, llamada “de inversiones mineras”, promulgada en la época de Menem, es lesiva para los intereses provinciales. En esto están sorprendentemente de acuerdo desde los ambientalistas más radicalizados hasta las empresas y sectores promineros, quienes pueden disentir en muchas cosas pero no en la necesidad de modificar o derogar –según el sector- esta cuestionada ley.
Por otra parte, todos estos sectores que cuestionan los contenidos de la ley, argumentan que para cambiar la situación es necesario llegar hasta el Congreso de la Nación, y que nuestros legisladores nacionales, y los de otras provincias afectadas, no tienen el peso suficiente como para romper el bloque de oposición que se beneficia con los alcances de esta norma. Asumiendo entonces que cambiar la ley, derogarla o siquiera intentarlo, es imposible de hecho en estos momentos, propongo que analicemos lo siguiente para encontrar una solución que satisfaga los reclamos sociales y las aspiraciones de otros sectores menos progresistas.
Las leyes nacionales de este tipo requieren de la adhesión expresa de las provincias, sin la cual se transforman en letra muerta. En Mendoza, la ley provincial N° 6.090, promulgada en 1993, adhiere a la ley nacional que tantos perjuicios trae a las economías regionales y que es la base de un paquete de leyes nacionales que permite que las empresas mineras extraigan los minerales, sin aportar al desarrollo de las provincias dueñas de los recursos naturales. Todo va a parar a la Nación. No tenemos política provincial minera porque la Nación se ha encargado de imponernos la suya a través de un conjunto de leyes cuya ley marco es precisamente la ley nacional N° 24.196.
¿No es hora de que los mendocinos hagamos algo al respecto? ¿No queremos acaso ser dueños de nuestro destino como tantas veces se pregona? Pues bien, aquí hay un camino, propongo que se derogue la ley provincial N° 6.090/93 y sea reemplazada por otra con mayor participación de la sociedad mendocina, donde exista una política minera decidida a partir de lo que Mendoza quiera para sí misma. Sería un buen comienzo ¿no lo creen?.
Para apoyar mis dichos, y para dar inicio a este proceso ejerciendo mi ciudadanía de manera activa, presentaré en la legislatura provincial un proyecto de ley, pidiendo a los señores legisladores que lo recepten, y convoquen a los ciudadanos a debatirlo, estableciendo mecanismos de audiencia pública para la discusión de proyectos de ley que prevé la ley provincial N° 6.902/01.
El autor: Eduardo Sosa es Licenciado en gestión ambiental y Presidente de Oikos red ambiental.