Es difícil a esta altura del debate agregar algo porque se ha dicho casi todo, pero lo peor que me pasa es que me parece que yo misma me repito, y lo voy a explicar.
Este año particularmente, en todos los importantes y vitales debates que hemos tenido ‑me refiero al tema del campo, al de Aerolíneas Argentinas y al presupuesto 2009‑ el eje de mi discurso ha estado siempre vinculado con un tema que yo no considero menor, y que es la calidad institucional.
Hoy nuevamente tenemos que hablar del sistema de jubilaciones y pensiones de nuestro país, algo que involucra a varias generaciones. Acá se ha hablado del pacto intergeneracional que sustenta este sistema, y debo decir que en relación con esto voy a tener que volver a hablar de la calidad institucional.
Creo que hoy vamos a marcar un récord, un triste récord, vinculado con el uso y abuso de las sesiones especiales. Creo que ya antes alguien se refirió a eso, yo lamentablemente llegué tarde, pero lo tenía para el inicio de mi discurso.
Abusando de las cuestiones reglamentarias, hoy, como se hizo con la resolución 125, con el tema de Aerolíneas, con el presupuesto y con algún tema más que no me acuerdo, el oficialismo ha recurrido al uso de las sesiones especiales.
Creo que estas cuestiones vinculadas con lo que se hace institucionalmente nos revelan dos cuestiones: una, la pobreza institucional, y otra que yo llamaría la prepotencia de los números. Aquí, con mayorías que son absolutamente circunstanciales, se atropellan y se chocan las instituciones.
Fíjense que este sistema previsional integral argentino, el SIPA, como se lo llama en el proyecto oficial, va a ser aparentemente aprobado en cinco días. Acá se ha hablado de dos semanas pero en realidad el debate se ha circunscrito a cinco días: tres días la semana pasada, cuando escuchamos a los distintos involucrados en el tema, esta semana se sacó el dictamen de comisión en un día, y hoy en una extensa jornada se aprobará el proyecto.
Cinco días para tratar un tema que como decimos tiene que ver con varias generaciones y que tenemos la esperanza de que sea el sistema definitivo, lo que yo he dado en llamar el tercer sistema, porque venimos de dos sistemas anteriores que en mi opinión fracasaron: un sistema de reparto y un sistema de capitalización. Ahora vamos a un tercer sistema, que por la premura con la que se trata y por la improvisación con la que se ha redactado el proyecto, creo que también va a fracasar.
Permítanme que haga un comentario respecto de las cosas que me preocupé por analizar para ver si el sistema que se propone es bueno o malo. Haciendo una especie de legislación comparada en mi oficina relevamos alrededor de dieciséis regímenes previsionales del mundo. Sólo me referiré a dos de ellos, no al régimen propiamente dicho sino a su proceso de aprobación.
Uno es el sistema chileno. La presidenta Bachelet asumió en enero de 2006 y una de las primeras cosas que hizo -estaba en su campaña- fue convocar a un grupo de quince notables para estudiar y evaluar un nuevo sistema. En realidad era una complementación al vigente, que es el paradigma del sistema de capitalización, como fue nuestro modelo.
Luego del debate y de la conformación de esa comisión de notables la primera etapa de esa reforma entró en vigencia dos años después, a principios de 2008, y se espera la segunda parte para fines de este año o principios del próximo. Esto significa que se discutió y se generó el consenso necesario durante dos años.
Otro caso más llamativo es el de Suecia, que en mi opinión debe ser uno de los mejores sistemas previsionales del mundo. Ellos debatieron durante cuatro años, luego de lo cual lograron un consenso del 85 por ciento y definieron una transición de dieciséis años entre los sistemas anteriores y los nuevos.
Tras analizar estas cuestiones queda como corolario que las cosas se pueden hacer de otra manera: a partir del consenso, el debate serio y la posibilidad de aportar desde los distintos sectores.
Con sus aciertos y errores, mi partido, el radicalismo, podríamos decir que siempre ha sido coherente en la posición que ha tenido respecto de quién debe garantizar el sistema previsional, quién debe hacer la previsión de la seguridad social, que es el resguardo de los mayores y el seguro de ese pacto intergeneracional. Siempre hemos pensado que es el Estado el que está en mejores condiciones de hacerlo. Por eso en los años noventa nos opusimos tenazmente a la reforma.
Hoy también pensamos que es el Estado quien debe asumir ese rol, pero más que aprobar un régimen improvisado y elaborado de una manera casi urgente, deberíamos estar tratando las bases de un nuevo sistema previsional. Eso es lo que hemos pretendido incluir en nuestro dictamen de minoría.
Consideramos que deberíamos discutir qué cuestiones debería contener ese sistema y generar un amplio debate con todos los involucrados para aprobar ese sistema que podríamos pensar como definitivo, y que yo he denominado “tercer sistema”.
Es indudable que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la obligatoriedad y la garantía que el Estado debe dar a esto basado en los principios de equidad y solidaridad. Sin embargo no creemos que la forma en que se está implementando sea la correcta.
Cuando se preguntó a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional cuál es la forma de asegurar que los fondos no se usen para otros destinos se habló de una mejor administración, como si el voluntarismo permitiera llevar adelante exitosamente esta cuestión previsional.
Con la experiencia que existe en este país de sucesivos saqueos públicos y privados por distintas razones y los fracasos que estos regímenes han mostrado, parece un chiste pretender que un sistema que hoy tiene ausencia de controles se pueda llevar adelante basado solamente en una mejor administración.