La Cámara de Diputados de la Nación se apresta a tratar -esta semana- el proyecto que elimina las AFJP y traspasa los fondos de jubilaciones reunidos durante 14 años, más todos los activos en inversiones de las administradoras y los aportes mensuales que hagan los trabajadores en el futuro, al sistema estatal; en medio de un enorme marco de desconfianzas y sospechas que incluyen la opinión negativa de inversores, empresarios que reclaman respeto por la propiedad privada, la oposición en su arco más amplio, e incluso de aquellos simples aportantes al sistema que eligieron seguir perteneciendo al régimen de capitalización.
Desde que se lanzó el proyecto hasta ahora, el gobierno nacional ha descendido en imagen de gestión, y está en los mismos niveles que durante el conflicto con el campo.
Es que el proyecto de estatización –de por sí bastante precario- fue lanzado en medio de un cúmulo de desprolijidades, e incluso sin consenso interno. No son pocos los funcionarios –importantes- que han dejado trascender su más completa ignorancia sobre el asunto hasta que se hizo pública la iniciativa. Entre ellos se puede contar al jefe de gabinete –y ex administrador de la Anses, además- Sergio Massa, al ministro de Planificación Julio De Vido, y al presidente del Banco Central Martín Redrado, entre muchos otros. Así, cuando el país se aprestaba a vivir las consecuencias de una crisis global cuyos efectos aún no estaban bien claros, la presidenta Cristina Fernández y el ex presidente Néstor Kirchner, con su estilo tan particular de hacer política, nos arrojaron de lleno al ojo del huracán. De repente, la escasa confianza en la capacidad de pago del país de cara a 2009, y las de por sí modestas expectativas de crecimiento para el año que viene, se borraron de un plumazo. Es que nadie cree que el gobierno utilice esta enorme caja de las jubilaciones para algo distinto a pagar las cuentas de la política, la cancelación de deuda pública, y a fortalecerse de cara a un año electoral más bien complejo para el oficialismo.
Ni siquiera el propio peronismo está disciplinado con el plan surgido en la más absoluta intimidad de la Quinta de Olivos. Y el jefe de bloque del PJ en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, ya pronostica cambios en el proyecto inicial. La oposición, a su vez, tampoco se ha mostrado sólida hasta ahora en el debate. Más allá de que hay desconfianza, no es lo mismo la posición de la UCR, que la de Elisa Carrió, o la de Mauricio Macri.
Como sea, esta semana es clave. El martes comienzan a reunirse las comisiones que están tratando el proyecto, y ese mismo día por la noche o el miércoles habrá despachos de comisión. Según los parlamentarios consultados, habrá pronunciamientos por el oficialismo, por la UCR, y por otros partidos de la oposición. Y el jueves debería comenzar el tratamiento en el recinto.
Según parece, y ante la perspectiva de una derrota similar a la sufrida con el voto “no positivo” del vicepresidente Cobos, el bloque de diputados del PJ estaría dispuesto a incorporar cambios sugeridos por distintos bloques. La mayoría de las observaciones apuntan a que los fondos deberán ser garantizados, y que no se puedan utilizar para pago de deuda pública o gastos corrientes. Justo lo que Néstor Kirchner no quería hacer.
Una gran mayoría del país no cree en proyecto de estatización de las AFJP. La imagen de Cristina Fernández de Kirchner -quien encabeza una gestión que se devoró en pocos meses el favor popular- volvió a retroceder, de la mano de la desconfianza colectiva, acentuada desde que la población tomó conciencia del carácter confiscatorio del proyecto, de las múltiples consecuencias legales que va a tener, y de que incluso el Estado será ahora capaz de maniobrar con acciones de empresas privadas, o aun de meter las narices en aquellas firmas en las que las AFJP han invertido parte de los fondos de la gente, por no hablar del futuro nebuloso de las jubilaciones. Por eso, el rol de los legisladores, esta semana, y también la próxima en el Senado, es central. Deben asumir realmente su rol de representantes de los ciudadanos que los votaron, y que depositaron en ellos su máxima confianza cívica. Y discutir a fondo el problema, garantizando a la vez que no se les va a meter la "mano en el bolsillo" a millones de futuros jubilados.
El país, ante una semana clave
Desde el martes hasta el jueves será intensa la actividad en la Cámara de Diputados de la Nación, para tratar el proyecto que elimina el sistema de jubilación privada y confisca los fondos de los aportantes. Los legisladores deben recordar que la gente que los votó depositó en ellos su máxima confianza cívica. Y deben debatir este tema con seriedad y responsabilidad, pensando en los intereses de los ciudadanos. Lo otro, es el manoteo público de los fondos de los futuros jubilados.