La reforma previsional

Previo a efectuar cualquier tipo de análisis, se debe tener en cuenta que una política en materia previsional está indisolublemente vinculada con la realidad del mundo del trabajo.

Además, es una obligación constitucional del Estado el otorgamiento de  jubilaciones y pensiones. Así lo expresa el último párrafo del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles…”

Dos premisas que, al parecer, no son tenidas en cuenta por quienes intentan ejercer la defensa del sistema de capitalización individual.

Un régimen previsional funciona bien, es decir se autofinancia, cuando el aporte de los trabajadores activos y la correspondiente contribución patronal por cada uno de ellos, alcanzan a cubrir la totalidad de las pasividades. Esa es la pretendida “relación actuarial” que desvela a los que creen que la seguridad social es un problema de caja.

Pero en el mundo ocurrió algo hace dos décadas que implicó la instauración de un paradigma político y económico denominado capitalismo salvaje, neoliberalismo, o como sea que se lo quiera denominar, que provocó –entre otras maravillas- una fenomenal transferencia de recursos de los trabajadores y de los sectores más vulnerables hacia los conglomerados económicos concentrados, a través del descenso vertiginoso del salario real, la emergencia del empleo informal, el subempleo, la desocupación, la marginación y la exclusión de miles de trabajadores.

Evidentemente, este proceso conduciría inexorablemente a la quiebra de los sistemas previsionales. La ecuación no cierra: a menor cantidad de trabajadores aportantes, salarios más bajos y retribuciones “en negro”, al tiempo que los trabajadores van accediendo a la edad jubilatoria, porque aún no se puede evitar que nos volvamos viejos; el sistema se tornó insostenible financieramente hablando.

La solución imaginada por el gobierno de turno en 1994, fue la creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Sistema mixto de reparto estatal y capitalización individual. Todo muy lindo, pero de lo que se trataba en realidad era de la aniquilación del régimen previsional. Todos los principios políticos, sociales y jurídicos que dieron origen a la seguridad social fueron borrados de un plumazo con la ley 24.241 de Menem y Cavallo.

Lo que hoy realmente no se entiende es por qué tanta preocupación por “la caja”, si es una evidencia que ningún sistema previsional puede sostenerse con recursos genuinos. Para poder hacer frente al pago de las pasividades se deben generar recursos extra derivados de múltiples ingresos como por ejemplo tributarios.

Sería cuanto menos una extravagancia que el Estado deba “subsidiar” los haberes previsionales a la vez que se apropia de la caja para otros fines.

El Estado está haciendo uso de sus atribuciones constitucionales y tomando la iniciativa política en medio de una crisis que afectará a miles de trabajadores. Esto no debiera impedir que se prevean organismos de control autónomos, democráticos y con poder de veto que realicen el seguimiento de los aportes previsionales.