El gobierno nacional anunció la estatización del sistema jubilatorio, y la medida ha despertado todo tipo de opiniones y desconfianzas. Basado en el cambio de escenario producto de la crisis financiera internacional, se prevé recaudar unos 15.000 millones de pesos anuales más para la "caja", más los fondos ya reunidos por unos 94.000 millones en activos financieros que las administradoras del sistema -once en total- deberán pasarle al gobierno.
Desde sectores afines al oficialismo se expresa que esta medida corregirá todas las deficiencias que este sistema de capitalización creado por Menem y Cavallo en 1994 ha tenido; especialmente por la gran cantidad de jubilados del sistema privado que no alcanzan a cobrar ni siquiera la jubilación mínima, y las escasas expectativas que las condiciones se reviertan y las AFJP puedan hacer frente a una masa mayor de jubilados propios.
Los más desconfiados aseguran que con estos activos se pagará deuda pública y se fortalecerá la campaña 2009. Es decir, se contará con una importante cantidad de dinero que servirá como “caja” en un año electoral. Descreen que la preocupación sea el futuro de los jubilados y sí piensan que las chances electorales del kirchnerismo, que caído en las encuestas y sin posibilidad de fondos para obras públicas y promesas ad hoc, son muy malas. Claro que esto no es gratis. El gobierno, al tomar los aportes que los trabajadores hacen mensualmente, y utilizarlos en otros fines, lo que hace es adquirir deuda con los futuros jubilados. Se trata de una obligación que irá creciendo, y que -lógicamente- van a heredar además el gobierno que siga a los Kirchner, y a varios más por unos cuantos años.
Más allá de las especulaciones y las verdaderas intenciones del oficialismo, es importante repasar algunos hitos de este fallido proyecto, que en todo momento ha tenido injerencias y modificación de las leyes del juego.
Cuando el sistema de capitalización vio la luz, surgió entre otras ideas, con la intención de que el gobierno de turno no pudiera seguir desviando recursos destinados al pago de jubilaciones para otras obligaciones, lo que evidentemente, significaba una descapitalización de las entonces cajas jubilatorias.
Además, el sistema nacía con la intención de generar un mercado nacional de capitales conformado por los aportes de los trabajadores en actividad, que pudiera no sólo subsidiar a los pasivos que se adhirieran, sino también interactuar en el sistema financiero, lo que teóricamente, debería haber mejorado y fortalecido las condiciones de la economía nacional. En ese contexto, las condiciones para las AFJP -hay que decirlo- fueron maravillosas, con millones de clientes cautivos y jugosas comisiones, gastos y coseguros que terminaba pagando la gente, ya que casi el 35% de sus aportes se esfumaba en el mantenimiento del modelo previsional.
Nada de lo originariamente pensado (o en realidad muy poco) se cumplió. Los gobiernos siguieron inmiscuyéndose en las cuentas de las AFJP, no de manera directa, pero sí mediante la obligación de comprar títulos de la deuda nacional (que después fueron defaulteados) o generarles asistencias diversas en situaciones de emergencia. Asimismo, ese mercado de capitales fue cada vez más condicionado a invertir en lo que se iba fijando, más que en aquellas operaciones que pudieran resultar más rentables.
Con el tiempo, las AFJP fueron disminuyendo, cerrando o fusionándose ante las dificultades de una economía en altibajos, con grandes índices de desempleo, y con vaivenes de confianza que les hicieron perder muchos afiliados. Miles de ellos hasta optaran volver al sistema de reparto, así como otros se mudaron -con expectativa- a la AFJP del Banco Nación, que aseguraba un estadio intermedio.
Lo cierto es que la medida tomada por la presidenta Cristina Fernández es un golpe de gracia a un sistema que -es cierto- podría haber redituado mejor, pero que nunca pudo desenvolverse con plenitud ante los constantes embates del poder político.
Más allá de esta polémica que recién comienza, y de la ratificación parlamentaria o las consecuencias judiciales que esta acción puede generar, es importante señalar que el gobierno nacional deberá seguir garantizando los aportes individuales de los trabajadores activos. De lo contrario, esto se tratará de una nueva actitud confiscatoria. Un "corralito" a los aportes de los ciudadanos.
Asimismo, quedará también para el posterior análisis la actitud que tomarán las AFJP, los bancos y las entidades que las sostienen, que de manera abrupta ven cómo sus negocios (buenos, malos o excelentes) se ven cerrados por una decisión política. Un caso similar podrán plantear los ahorristas que durante todos estos años pagaron una comisión para la administración de sus fondos y que hoy y de manera compulsiva ven cómo sus depósitos van a un pozo negro, que tal vez sea un fondo común, del que tampoco les garantiza la jubilación.
Finalmente, están los trabajadores de las AFJP que ante esta coyuntura, también ven peligrar sus fuentes de trabajo.
Como puede apreciarse, se trata de una medida más que polémica, que promueve la inseguridad jurídica y que generará una catarata de juicios contra el Estado. Evidentemente, tal vez esta no es la mejor manera de realizar una reforma previsional, y en todo caso, su certificado de defunción no hace más que ratificar una vida breve y plena de sobresaltos, acordes con la volatilidad del poder y las decisiones compulsivas en Argentina.
Un "corralito" a los aportes de los ciudadanos
Nacida al calor del menemismo y al retiro del Estado de las actividades estratégicas, el sistema de capitalización nunca pudo desarrollarse según lo pensado. Las constantes intervenciones derivaron en un proceso que hoy se da por terminado, tal vez de la peor manera: de forma compulsiva y generando tanto para los aportantes como para las empresas una profunda sensación de inseguridad jurídica.