Petróleo y política no convencional

"Tenemos un sistema de gobierno republicano, o sea que el pueblo tiene el poder. La gente va y vota a quién quiere que esté en el gobierno. En la república el poder está dividido y el presidente no es el único gobernante. Y en la república todos somos iguales ante la ley y la Constitución es la ley más importante" (Fragmento del programa "Zamba pregunta" emitido por el canal de TV oficial de contenidos educativos infantiles Pakapaka).

La sensación de perplejidad no dejaba de estar presente en el Gobierno provincial, aún cuando había transcurrido varias horas la sonora manifestación que sacudió el centro de Mendoza y que llegó al nivel de cacerolazo en escala inédita MMP (Marchas y Movilizaciones Populares) con fuertes réplicas en varios departamentos mendocinos.

Hay que reconocer que las 15 mil personas en San Martín y Garibaldi que gritaron la noche del jueves sorprendieron a los escépticos –entre los que me encuentro- teniendo en cuenta la tradicional apatía del mendocino promedio ante este tipo de llamados.

La consecuencia de ese fenómeno fue la bronca contenida y la inmediata unificación del discurso conciliador para no erizar más la piel social ya de por sí irritada. La expresión social fue contundente y mostró una acción colectiva inédita. Una movilización con un poder de convocatoria inesperado. Es como si el Gobierno nacional hubiera logrado reunirlos a todos a través del fastidio masivo. El canal de expresión preeminente fueron las redes sociales, que luego se convirtieron en las portadoras de la convocatoria. Fue durante la última semana antes de la marcha; más precisamente cuando la presidenta en una de sus tantas apariciones por la cadena nacional señaló que había que "tenerle miedo a Dios y un poquito" a ella. La verdad es que fue una ironía, un mensaje dirigido hacia dentro de su gobierno. El problema para la mandataria es que su comentario tuvo un poder detonante entre el público cautivo de la red de la televisión oficial.

Miedo a Dios...

Aquella frase desafortunada de Cristina y expandida por los medios opositores se transformó en una de las banderas de la marcha. Claro que ese mensaje sólo activó la bomba social que ya estaba armada en base a la política fiscal y cambiaria aplicada por el Gobierno nacional y potenciada por los mensajes con tonos soberbios de parte de los funcionarios kirchneristas.

Los medios convencionales, acusados por el oficialismo de "vehiculizar el fastidio de la clase media contra la presidenta" sólo se dedicaron a enumerar los motivos de esta versión 2012 del cacerolazo: no a la re reelección, en Mendoza se hizo extensivo contra la reforma constitucional, contra la inflación, contra el cepo cambiario, contra la cadena nacional diaria, contra mensajes provocadores y contra la inseguridad. Según la encuestadora porteña Graciela Römer las características de esta expresión es muy parecida a los indignados de Europa.   

El análisis que el sociólogo mendocino Enrique Bollati apuntó a su preocupación hacia la falta de estandarte de la marcha. Remarcó el profesional que la expresión de repudio hacia la política nacional fue, precisamente, política por más que uno de los motivos que enorgulleció a movilizados fue la asistencia voluntaria y sin identificación partidaria.

El "llamado de atención", tal como denominó el gobernador Paco Pérez a la marcha, dejó abierta la puerta también para que la casi imperceptible oposición  levantara el guante que arrojó Bollati en su observación. Es decir, será responsabilidad de la UCR, en especial, de mostrarse como alternativa. Pero insistiendo en esa arista, la responsabilidad se extiende a todo el arco opositor y en particular al Frente Amplio Socialista (FAP) a nivel nacional, que como oportunamente advirtió Bollati, está en plena campaña para juntar un millón de firmas contra la idea kirchnerista de la re reelección de Cristina.



Por supuesto que desde los sectores filo kirchneristas también existen las miradas críticas hacia los indignados criollos. Omar Gais el docente universitario de la Facultad de Ciencias Políticas aportó desde ese espacio de pensamiento su visión bajo el título: Nuestro pobre individualismo. "Ese sector de la sociedad argentina que el jueves se manifestó tan ruidosamente, descree de la política y del Estado, sigue pensándolos en términos de obligaciones inaceptables y ajenas, límites insoportables y ajenos, ¿por qué a mí? Valoriza el éxito individual y defiende la situación más o menos privilegiada que ha podido alcanzar. Carece por completo de un sentido de deuda respecto de lo que hizo posible ese logro; solidaridad cero con el que pasa cerca y no exhibe los oropeles del ganador. No tiene sentido de comunidad, de inscripción social, de lo que debe a ese afuera que lo sostuvo, y manda a sus hijos a escuelas privadas que replican el modelo. Allí se aprende inglés y destrezas de realidad virtual pero no se cultiva la idea de excentración: se trata de mí en este caso pero luego será a otro; yo no soy el único, yo no soy el centro. Con lo cual se cierra (o no se abre nunca) la cabeza del pequeño a lo público, lo universal, lo compartido", puntualiza negativamente Gais.

Sobre el final de su artículo pondera la presencia de un gobierno como poder adquirido ante la anomia que padeció el país a principio de esta década. Esto último es un acierto de Gais, pero queda a tiro de la negación del sentido republicano el cual contempla que todo gobierno debe interpretar a todos sus gobernados. Es como una traducción académica de la tentación en que puede caer el kirchnerismo de menospreciar el suceso de la semana. Temerariamente el oficialismo parece no darse cuenta que puede generar la antinomia social, tan peligrosa como la anomia. Por eso pensar en responder al cacerolazo con otro "kacerolazo" es una reacción nociva para la república.



Los votantes que vienen

Más allá de los análisis llamó la atención la cantidad de jóvenes movilizados lo que significa en contrapartida que el kirchnerismo a sabido contener esa fuerza latente que representa la población juvenil. Y que esos jóvenes descontentos están esperando una propuesta. Por otro lado también quedó picando la sensación de que los jóvenes están ávidos por ejercer la política. Por lo que se puede decantar que los adolescentes de 16 años deberían tener la oportunidad de votar. "¿A qué le tenemos miedo? –me interrogó ayer un funcionario provincial sobre este punto-. ¿Sabés a qué? A que los pibes con su percepción distinta del mundo nos pasen por arriba. A que los 'nativos digitales' con esa 'cabeza fragmentada', cambien la política tradicional y transgredan a la larga, las reglas políticas, no escritas, que en realidad son acuerdos espurios".

Este panorama deja la puerta abierta para que quienes juegan las partidas políticas tradicionales se preparen porque puede ocurrir que de manera "espontánea" surja otra expresión similar a la del jueves. La política tiene muchas caras, es posible que estemos presenciando una forma "no convencional" de practicarla. Por eso siempre es mejor tener las herramientas para encauzar la energía y en este cuadro tenemos un diagnostico pesimista porque quienes han promocionado los sistemas modernos de representatividad democrática, paradójicamente, se han resistido a aplicarlos.

Es el caso de las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) implementadas por primera vez por el Gobierno nacional pero aún no ha sido aceptada por los dirigentes peronistas locales. Es evidente que el modelo de elección de candidatos de modo arbitrario y digitado por las cúpulas partidarias está vivo todavía. Lo mismo pasa con las listas sábanas. Sería una verdadera actitud transformadora la del gobernador si él decide avanzar en la reforma política. Pérez le daría un portazo al pasado enfermo de egoísmo tan enraizado en nosotros.



Qué pasa debajo del asfalto

Mientras todo esto pasa en el asfalto, el subsuelo mendocino sigue esperando algunas resoluciones que tiendan a preservar el desarrollo de la vida de los que habitamos este lugar y los que nos van a suceder.

En primer plano quedó el acuerdo de la YPF argentina, la de Miguel Galuccio, que firmó con la multinacional norteamericana Chevron. La alianza le da respiro al ingeniero y le enciende una luz para ir por el petróleo no convencional del superyacimiento Vaca Muerta, que se extiende en gran parte bajo el terreno de Neuquén pero que alcanza también el subsuelo de Mendoza.

También el olor a petróleo crudo y espeso de Vaca Muerta despertó la ambición extractiva de la empresa del Grupo Vila Manzano. Andes Energía hizo ver públicamente su plan de 50 millones de pesos para exploración y explotación en asocio con otras petroleras para chupar un poco de crudo.

Pero también ocurren situaciones semiocultas respecto de las acciones del Estado y su rol de protector del Ambiente. En ese cuadro tiene responsabilidad directa la Fiscalía de Estado como ombudsman ambiental. Se sabe que el órgano extrapoder ha pedido informes a las comunas sobre el daño ambiental y que ahora está contrastando esa documentación con las denuncias con lo aportado por los municipios.



Ambiente contradictorio

Está claro que es responsabilidad del Estado conocer los llamados pasivos ambientales producidos por una actividad contaminante como es la actividad petrolera. También se conoce que el Estado debe primero detectar esos eventos para obligar a quien produzca el daño remedie esa acción contra el desarrollo de la vida humana ya que las primeras “victimas” de los derrames o las filtraciones petroleras son los acuíferos que son la reserva hídrica de Mendoza.

Ahora bien, de acuerdo a la coyuntura, luego de la nacionalización de YPF, la nueva compañía privada con el Estado como mayor accionista se preparó para pelear con la española Repsol por el valor de las acciones. Esto hizo que el mismo Ejecutivo nacional difundiera la contaminación petrolera que YPF produjo en Ugarteche cuando estaba en manos de la ibérica Repsol. Todo esto para argumentar que el precio de las acciones de la empresa habían caído a causa de la acción contaminante.

Antes de avanzar hay que tener en cuenta que YPF sigue siendo una empresa privada. No es un detalle menor para identificar responsabilidades futuras. Es conveniente también recordar lo que dijo Paco el 23 abril al diario Página 12: "En la etapa previa al conflicto con Repsol-YPF habíamos realizado una denuncia penal contra la compañía, en la zona de Ugarteche, una localidad de Luján de Cuyo. Ahora investigaremos los daños ambientales que dejó la empresa. Tenemos que ver realmente cuál es el estado de la compañía, cuál es el grado de operatividad de los pozos, cuáles están fuera de funcionamiento o parados. Debemos hacer una radiografía de la compañía para saber dónde estamos parados", dijo el gobernador. Es decir, Paco habló como responsable del Estado mendocino, en esa condición hizo la demanda judicial.

Pasó el tiempo y aún no se ha realizado ninguna medida en ese sentido y los pasivos petroleros continúan produciendo daño, como el conocido "pozo milagroso" ubicado en un campo de Malargüe, cercano a la Laguna Llancanelo. Desde un grifo oxidado alternativamente surge agua dulce y petróleo crudo a la vez. La responsabilidad de cuantificar los pasivos sigue siendo del Estado y en particular del área oficial creada para ese fin: la Secretaría de Ambiente.

El 3 de septiembre el diario El Sol publicó una crónica del periodista Federico Brusotti donde se hacía constar que no se realizaba todavía ningún plan de detección y cálculo de los pasivos ambientales de YPF. Por el momento sólo se conocen 524 pasivos admitidos por YPF en declaraciones juradas.

El nivel de confusión es evidente en el mismo seno del área de Ambiente que ha quedado patentada en dos resoluciones oficiales salidas del mismo sector del Estado. La primera fue emitida el 9 de mayo pasado y fue firmada por el director de Protección Ambiental, Edgardo Martín. El funcionario ordenó a través de la resolución 86 que fuera su propia repartición pública la que debía realizar la auditoría ambiental. El mismo Martín declara la realización inmediata  simultánea de las auditorías en cada uno de los yacimientos explotados por la empresa YPF. También establece, como sector competente que él se encargará de definir las prioridades de las remediaciones de los daños, teniendo en cuenta el riesgo ambiental.

Finalmente Martín define que todos los costos deben correr por cuenta de YPF S.A. como responsable de los pasivos ambientales.

Así dispuesto, ocurrió algo inesperado para cualquier desprevenido que no conoce lo que ocurre en la Secretaría de Ambiente conducida por Marcos Zandomeni. Una semana después, Zandomeni derogó lo ordenado por Martín. Esa disposición contraria quedó plasmada en la resolución 226 firmada por el secretario Zandomeni.

Allí se fija que debe ser una universidad pública o privada a propuesta de YPF. En los considerandos Zandomeni dice que lo dispuesto por su director de Protección Ambiental "supondría la realización de una doble imposición de requerimientos, razón por la cual en mérito de los principios de economía procesal y a los fines de evitar la doble obligación de gastos al administrado, se considera dejar sin efecto la citada resolución".

Entiendo que Zandomeni decide que YPF recomiende a la auditora porque al fin al cabo es la misma empresa la que pagará ese servicio. Pero no importa en este caso si la auditoría será confiable y determinará fehacientemente los pasivos. O si el Estado mendocino está delegando su responsabilidad en quien tiene que controlar. Parece un contrasentido bastante evidente. El funcionario reduce el rol del Estado a controlar el proceso y de convalidar o rechazar el resultado. Zandomeni dice que su facultad llega hasta ahí y que no puede avanzar en la realización de la auditoría misma como lo había dispuesto su segundo, Martín.



Menos mal que Zandomeni tendrá la oportunidad de explicar por qué tomó esta decisión ante los diputados que lo han citado mañana lunes. Sobre este caso sería importante la opinión del representante mendocino en el directorio de YPF, Walter Vázquez.

Fuente:MDZ