Una de las más importantes es la de fijar retenciones al agro, contemplada en el Código Aduanero. Pero en el listado opositor figuran normas tan relevantes como ésa. Por ejemplo, la polémica ley de abastecimiento que agitó en las últimas horas el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para presionar a las principales empresas petroleras, o la que regula la Comisión Nacional de Valores, que controla los mercados y que también utiliza el oficialismo para marcar de cerca a las empresas.
Malas noticias para el Poder Ejecutivo: en apenas ocho días, caducarán cientos de normas con facultades que le delegó el Congreso y que resultan neurálgicas para la gestión pública. La preocupación es mayúscula, pues la oposición no le concederá una nueva prórroga y batallará para recuperar algunas de esas facultades, o bien las modificará para recortar la acción del Gobierno.
El paquete incluye alrededor de 200 leyes con delegaciones vigentes, pero los opositores pusieron el foco en apenas una treintena, sabedores de que, sin ellas, el Gobierno se encontraría atado de pies y de manos. Una de las más importantes es la de fijar retenciones al agro, contemplada en el Código Aduanero. Pero en el listado opositor figuran normas tan relevantes como ésa. Por ejemplo, la polémica ley de abastecimiento que agitó en las últimas horas el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para presionar a las principales empresas petroleras, o la que regula la Comisión Nacional de Valores, que controla los mercados y que también utiliza el oficialismo para marcar de cerca a las empresas.
No sólo eso: el paquete incluye delegaciones tributarias esenciales para el cobro de impuestos -contempladas en la ley de código de procedimiento tributario-, así como para la regulación de las entidades financieras -que figuran en la ley de entidades financieras y la Carta Orgánica del Banco Central-. Por si fuera poco, figura, además, la ley de emergencia económica, que cede al Gobierno la potestad de fijar la relación de cambio entre el peso y las divisas; de establecer compensaciones a las entidades financieras y renegociar los contratos de servicios públicos.
La ley de reforma del Estado, que vía delegación legislativa permitió la privatización de numerosas empresas públicas, también figura en el paquete. Incluso en la ley de coparticipación federal hay una delegación clave que el Congreso cedió al Poder Ejecutivo, que es la de distribuir los fondos de los Aportes del Tesoro de la Nación (los polémicos ATN) entre las provincias a su discreción en caso de emergencia.
¿Qué sucederá con todas estas delegaciones? La oposición muestra opiniones divergentes; los más duros pretenden acotar lo más posible la acción del Gobierno, como la Coalición Cívica, pero otros bloques se exhiben más flexibles en algunas normas clave de gestión. De todas maneras, la premisa en común es no conceder una nueva prórroga en bloque de todas estas normas, como viene sucediendo desde 1999 hasta la fecha. La idea opositora es rediseñar, por ley, cada una de las delegaciones que caducan, otorgándoles las bases y los plazos que impone el artículo 76 de la Constitución Nacional. Al establecer estos límites precisos, el Gobierno quedará recortado en su accionar, esgrime la oposición.
"Hay regulaciones que resultan de estricta política económica -como normas tributarias o aranceles aduaneros- que no podría asumir el Congreso. Otras deben adecuarse a las exigencias constitucionales", enfatizó el diputado Gustavo Ferrari (Unión Pro). Similar opinión esgrime la diputada Graciela Camaño (Bloque Peronista), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La prórroga
"Estamos en contra de cualquier prórroga y, en el caso del Código Aduanero [derechos de exportación], creemos que las facultades debe asumirlas el Congreso", sostiene la diputada Alicia Terada (Coalición Cívica).
"El radicalismo expondrá su posición esta semana, pero estamos contra una nueva prórroga. La ley de abastecimiento, por ejemplo, hay que derogarla", lanzó, por su lado, el diputado Ricardo Gil Lavedra. "Tenemos un gran desafío institucional: construir un nuevo sistema funcional para las facultades delegadas. Ponerlo en práctica exige consenso y responsabilidad", afirma Paula Bertol (Pro).
El oficialismo procura mostrarse despreocupado ante esta situación. Primer síntoma de esta indiferencia es que no presentó (ni presentará) una nueva ley de prórroga de las facultades delegadas que caducan. "Sabemos que la oposición la rechazará, y no vamos a darle ese gusto. Ellos no muestran predisposición para acordar nada", indicó el diputado oficialista Jorge Yoma a LA NACION. Yoma es uno de los legisladores que más conoce este tema de la legislación delegada, pues fue quien promovió la primera prórroga, allá en el crepúsculo de la gestión de Carlos Menem.
La pregunta, entonces, es: ¿cómo se las arreglará el Poder Ejecutivo sin estas delegaciones si no solicita una nueva prórroga? El pragmatismo oficialista ofrece una rápida respuesta. "Apelaremos a los decretos de necesidad y urgencia [DNU] y a la ley de emergencia económica -que se aprobó en la crisis de 2002 y seguirá vigente hasta diciembre de 2011-, que contiene infinidad de delegaciones", explican los oficialistas. Entre los legisladores del kirchnerismo están convencidos de que el Senado jamás convertirá en ley el proyecto para acotar el uso de los DNU y que la derogación de la emergencia económica tampoco prosperará en el Congreso.
Por eso se muestran confiados, pues creen encontrar un atajo en esos instrumentos e insisten en que todos los actos ya producidos por el Poder Ejecutivo en función de las polémicas delegaciones legislativas ya están ratificadas y, por lo tanto, seguirán vigentes hacia el futuro.
¿QUE SON LAS FACULTADES DELEGADAS?
Son facultades que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo desde 1853 hasta 1994. El paquete incluye 1901 leyes con facultades delegadas, pero tras un arduo trabajo de depuración que realizó la oposición, se estima que alrededor de 200 siguen vigentes.
En el paquete de leyes con delegaciones neurálgicas para la función pública, figuran: emergencia económica, reforma del Estado, Código de Procedimiento Tributario, ley de entidades financieras, coparticipación federal, ley de abastecimiento, ley que regula la Comisión Nacional de Valores, ley de ministerios, Código Aduanero, Carta Orgánica del Banco Central, ley de entidades financieras.
El próximo 24 de agosto caducarán esas facultades delegantes en el Poder Ejecutivo, porque así lo ordena la última ley de prórroga aprobada el año pasado.
El Congreso nunca se abocó a fondo al estudio de las facultades delegadas. Desde 1999 hasta la fecha, se limitó a prorrogarlas sucesivamente. Este año, la oposición decidió que no las prorrogará y que asumirá algunas facultades, como la de fijar las retenciones al campo.
DIXIT
GUSTAVO FERRARI
Diputado de Unión Pro
"Hay regulaciones que resultan de estricta política económica -como normas tributarias o aranceles aduaneros- que no podría asumir el Congreso"
RICARDO GIL LAVEDRA
Diputado de la UCR
"La UCR expondrá su posición esta semana. Pero estamos contra una nueva prórroga. La ley de abastecimiento, por ejemplo, hay que derogarla"
PAULA BERTOL
Diputada de Pro
"Tenemos un gran desafío institucional: construir un nuevo sistema funcional para las facultades delegadas. Ponerlo en práctica exige consenso"
JORGE YOMA
Diputado del FpV
"Sabemos que la oposición la rechazará, y no vamos a darle ese gusto. Ellos no muestran ninguna predisposición para acordar en nada"
Alrededor de 200 leyes claves son objetivo opositor
Una de las más importantes es la de fijar retenciones al agro, contemplada en el Código Aduanero. Pero en el listado opositor figuran normas tan relevantes como ésa. Por ejemplo, la polémica ley de abastecimiento que agitó en las últimas horas el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para presionar a las principales empresas petroleras.
