Enrique Thomas cuestionó enérgico el fallo de la Corte

El diputado nacional por Mendoza Enrique Thomas (Peronismo Federal) salió con los tapones de punta a cuestionar al máximo tribunal de la Nación. Sostuvo que hay que repensar la división de poderes.

Foto: MDZ
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Tras el fallo de la Corte Suprema que revoca la suspensión de la aplicación de la Ley de Medios, el diputado nacional por Mendoza Enrique Thomas (Peronismo Federal) salió con los tapones de punta a cuestionar al máximo tribunal de la Nación. Sostuvo que hay que repensar la división de poderes. Thomas fue el amparista en el trámite judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación levantó la suspensión de la Ley de Medios que fue decretada por la Justicia de Mendoza, aunque sólo quedan suspendidos algunos artículos para algunos casos en particular. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner festejó la decisión del máximo tribunal.

Sin embargo, el diputado mendocino por el Peronismo Federal, Enrique Thomas, quien presentó la medida cautelar para que quede suspendida la aplicación de la ley, salió a cuestionar la decisión de la Corte.

El legislador expresó a través de un comunicado de prensa la llamativa celeridad con la que los magistrados trataron el tema y llamó a reflexionar sobre la división de poderes.

Esto abre un nuevo round en la lucha que mantiene el Gobierno contra la oposición y también contra los empresarios de medios de comunicación que están enfrentados al kirchnerismo y también a la ley.

El comunicado de Thomas
"Frente al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación del día de la fecha  por el cual se revoca la sentencia que como medida cautelar dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley 26.522, llamada de Servicios de Comunicación Audiovisual, estimo necesario formular algunas apreciaciones, sin que las mismas puedan implicar desconocer la autoridad del Alto Tribunal como titular de uno de los poderes del Estado."

"Sigo estando convencido de que la norma en cuestión, al originarse en la violación deliberada del reglamento de la Cámara de Diputados, altera el juego imprescindible de mayorías y minorías en  la representación parlamentaria. También mantengo la convicción de que ignorar la trasgresión de los reglamentos, que rigen el funcionamiento parlamentario, produce un daño irreparable para la institución; puesto que se soslaya la única posibilidad que la sociedad tiene de ser —y sentirse— correctamente representada y obstaculiza el normal desarrollo del trabajo del legislador."

"Pero a pesar de considerarla incorrecta, la decisión adoptada no me hace dudar de mi absoluto respeto por el dictamen de los tribunales competentes. Los fallos están para acatarse, en el marco del respeto institucional; especialmente, cuando nos resultan adversos. No dudo de la honorabilidad ni de las capacidades de los miembros de la Suprema Corte, aún cuando su decisión se contrapone con mi visión del problema. Si lo hiciera, me estaría equiparando a quienes, en forma sistemática, utilizaron descalificaciones y agravios como forma de discrepar con mis planteos de fondo en este litigio."

"La celeridad con que el máximo tribunal ha resuelto un asunto de tamaña complejidad es, cuanto menos, llamativa. Pero abrigo la esperanza de que estos plazos sean los nuevos tiempos de ejecución de la justicia; de ser así, redundará en un beneficio sustantivo para aquellos que, ante reclamos de menor impacto comunicacional, tuvieron que aguardar por años sus resoluciones o aún esperan." 

"Obviamente el fallo de la Corte ha sido dictado en un tiempo inusual para los  que normalmente se observan en pronunciamientos similares. De hecho, baste advertir que para pronunciarse sobre la admisión de la demanda de la Provincia de San Luis sobre la misma Ley, en jurisdicción originaria de la Corte, ha demandado al menos seis meses. Y es la primera providencia."

"Este fallo nos invita a reflexionar una vez más sobre la necesidad de reforzar y revisar la real vigencia del principio constitucional de división de Poderes de la República y replantearnos cuestiones trascendentales que pongan a los ciudadanos y a los legisladores a cubierto de leyes formal o sustancialmente inconstitucionales, que no den vía libre a la política de los hechos consumados."