A Joaquín de Rosas lo acosan "zombies" que se levantan a medida que se acerca la votación secreta. Los presuntos favores para con el grupo Vila; la memoria de Lafalla, su pasado como funcionario de la dictadura y sus miedos a que lo "bochen" rondan en la cabeza del aspirante. El contexto político de la elección.
Ahora que el fiscal adjunto Joaquín de Rosas es el candidato oficial a Fiscal de Estado propuesto por Celso Jaque, para cubrir la vacante que dejó en junio del año pasado Pedro Sin; es necesario conocer quién es y qué hizo para llegar a esta instancia. Por segunda vez, De Rosas buscará ocupar el sillón titular de la fiscalía. Años atrás, con Roberto Iglesias gobernador, las bolillas negras fueron mayoría. Esta vez, parece que el contexto político será más amable con él, aunque varios radicales amagan con rechazarlo.
Desde que se confirmó la postulación de De Rosas para quedarse con la titularidad del organo extra poder, comenzaron a circular sus antecedentes, como si se abriera un archivo poco conocido u olvidado u omitido. Y los "muertos" del ropero comenzaron a tomar vida. Algunos de esos recuerdos fueron comparados a los "zombies" del terror Clase B; que deambulan por la memoria oficial. De pronto, están dispuestos a presentarse como testigos de un pasado público que permanece encerrado en los expedientes, y a hablar con las heridas de sus propios cuerpos.
Los acontecimientos históricos recientes son los que primero emergen porque De Rosas ha tenido una notable participación de la vida pública e institucional de Mendoza.
Recuerdo de la prehistoria
Aunque no todos los organismos de Derechos Humanos registran este dato, ni lo consideran muy trascendente, algunos sí pusieron la lupa. ¿De Rosas fue funcional a la dictadura? Veamos: en junio de 1980 fue nombrado, por el gobierno militar, interventor de las empresas -vitivinícolas en su mayoría- que pertenecían a los hermanos Héctor y José Greco, socios de Jorge Bassil. Ése era el famoso Grupo Greco, cuya caída dejó a buena parte de la actividad viñatera en muletas.
La actuación de De Rosas duró un año. Venía de ocupar cargos como fiscal y juez civil. De Rosas dice de su pasado como funcionario de aquel gobierno de facto, que lo buscaron porque en su tramo como juez civil había declarado la quiebra de la empresa Filipini en 1978. Luego de esa experiencia como interventor del Grupo Greco, se instaló en la Fiscalía de Estado.
(Espinas) de Rosas entre Lafalla y Giordano
El que se encargó de enaltecer la figura del funcionario de la Fiscalía de Estado y candidato a la titularidad (hace 28 años que trabaja allí) fue Aldo Giordano, ex fiscal de Estado y dueño de un estilo que marcó una época dentro del organismo de control estatal.
Fue Giordano
quien “masificó” a la Fiscalía de Estado, él la puso en un espacio público inusual. Giordano fue un Fiscal de Estado que se ganó un espacio rápido en la consideración pública, por su alto perfil crítico hacia la clase política, junto a su estrategia de “puertas abiertas”. Por conocer los tiempos periodísticos, Giordano se convirtió en una usina de información y noticias justo desde ese espacio, que hasta ese momento era privativo de personajes de la ley y de bajo perfil, similares a un juzgado incrustado en la Casa de Gobierno.
La responsabilidad de la aparición de Giordano fue del ex gobernador justicialista Arturo Lafalla, que le quiso imprimir a su gestión (1995-1999) la imagen de “isla de la transparencia” en medio de un embravecido mar de corrupción en el que navegaba cómodo Carlos Menem. “Los órganos de control extra poder deben estar en manos de funcionarios que no pertenezcan al partido gobernante”, señaló Lafalla. Así impulsó a Giordano, un abogado con raíz radical aunque ahora sea senador demócrata.
En tanto, Lafalla impuso su propio sistema de control interno creando la Inspección de Gobierno, una unidad que le respondía directamente. El primer inspector de Gobierno fue Alejandro Cazabán quien se ganó el odio de propios y extraños por sus investigaciones internas. Ese fue el germen lafallista, que después se convirtió en el grupo que ejecutó la reforma de seguridad con Cazabán a la cabeza.
En ese contexto hay que ubicarlo a De Rosas –no por su perfil- sino por su capacidad de acomodarse al estilo que instaló el mediatizado fiscal. Fueron épocas de revaloración de la Fiscalía de Estado, y sus integrantes se envalentonaron detrás de Giordano que -con fiereza- hacía blanco en la clase política a la que denostaba con frecuencia. Y si eran funcionarios, con más razón. De Rosas interpretó ese mensaje de Giordano desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Recuerdos de Valencia
El mismo Lafalla ahora, a través de su libro de balance de gobierno que presentará en junio, le recrimina a Giordano no haber tenido esa misma actitud con algún juez, o con el Grupo Vila, propietario de un pool de medios y de la empresa constructora Dalvian.
Lafalla remarca que Giordano nunca fue en contra de los intereses de Dalvian y pone como ejemplo un episodio ocurrido en 1998, cuando el fiscal calificó de “inútil” a Mario Valencia, en ese entonces director de Catastro. Giordano lo atacó a través de los medios advirtiendo que había utilizado viáticos oficiales para viajar a España, y no los había rendido. Valencia le dio pelea pública a Giordano y a través de los diarios dijo que en realidad esa avanzada de Giordano tenía un motivo más bien oscuro: el director de Catastro no accedía a dar un dictamen en contra de la Universidad Nacional de Cuyo, por unos terrenos que estaban en disputa entre la casa de altos estudios y la empresa Dalvian, de Alfredo Vila, patriarca del grupo.
Es en la denuncia de Valencia en que aparece De Rosas como un actor importante de ese entuerto. Lafalla cita en su obra la crónica de la época del diario Uno –también de la familia Vila- para demostrar el “apriete” que sufrió Valencia en ese momento.
Este es el extracto de la crónica publicada en el Uno del 20 de noviembre de 1998: “…el titular de Catastro aseguró haber recibido presiones por parte del fiscal adjunto (segundo de Giordano) Joaquín de Rosas, para obtener de Catastro, supuestamente, un dictamen en contra de la Universidad Nacional de Cuyo por terrenos del piedemonte cuya titularidad se encuentra en litigio”.
En tanto ese mismo día el diario Los Andes publicaba la renuncia indeclinable de Valencia quien se fue “dando pelos y señales”, cuenta Lafalla. “La actitud de organismos de control contra la Dirección de Catastro se origina en presiones de particulares, que han llegado al extremo de ordenarme, fuera de toda facultad legal, que aprobara de determinada forma los expedientes 1456-M-96, 1463-M-96, 5489-M-97, 14.829-B-97, favoreciendo a intereses concretos de Dalvian Sociedad Anónima”, dijo Valencia a través del diario centenario.
Valencia reapareció en este gobierno peronista como subdelegado del Río Mendoza, cargo al que renunció en noviembre después de una rencilla que mantuvo con el mandamás del organismo del agua.
El episodio, ocurrido hace 12 años, debería ser tomado en cuenta por los legisladores que analizan a De Rosas por sus antecedentes como fiscal adjunto. La llamada de atención se debe a la notable desinformación que han demostrado los senadores, quienes en una consulta de MDZ sólo se limitaron a decir que los tiempos políticos favorecían a su postulación.
Más ruidos en el placard
La denuncia pública que el abogado Alberto Ortubia presentó en la Legislatura, y que fue difundida el viernes pasado; puntualizó sobre casos donde De Rosas tuvo que actuar en reemplazo de Pedro Sin. En ellos, se debían definir los pagos de unos terrenos expropiados a la familia Vila, que el gobierno debía hacer efectivos. Las parcelas forman parte de la reserva natural de Divisadero Largo. En el camino, una deuda que era de aproximadamente seis millones de dólares/pesos, terminó acordándose en cerca de 1,5 millones con el visto bueno de la Fiscalía, en el expediente que manejó De Rosas, según dijeron los denunciantes.
Relata Ortubia (a la izquierda junto a su esposa) que Pedro Sin se apartó porque el abogado representante de Dalvian había sido su socio en el ámbito privado. Por eso De Rosas se hizo cargo de este acuerdo de pago por parte de la Provincia a los empresarios. En el acuerdo también se compensaría la deuda del grupo con el Estado, por una antigua cuenta consolidada en 1,5 millones de pesos en la Dirección de Administración de los Activos de los Bancos Oficiales (DAABO).
Aquella deuda –señala el letrado denunciante que trabajó para los Vila durante 29 años- era el resultado de una serie de convenios originados en una deuda histórica, que data desde el 22 de agosto de 1979 con el otorgamiento de un préstamo del estatal Banco de Mendoza a la empresa Dalvian por 2 millones de dólares. A esa obligación se sumó una deuda de 3,7 millones de dólares del empresario Jorge Stornell, antiguo dueño de Canal 7, que Dalvian e integrantes de la la familia Vila asumieron. Todas esas deudas fueron consolidadas a 1,5 millones de pesos y sin fundar la decisión, advierte Ortubia, algo que la Fiscalía de Estado aprobó.
De acuerdo a otro convenio, esa deuda de Dalvian pasó a formar parte del "crédito" por el pago de las tierras confiscadas que forman parte de Divisadero Largo. Y Dalvian se comprometió a donar a la Provincia el dinero faltante, si el valor de los terrenos superaba el monto de la deuda que había establecido la Dirección de Administración de Activos de Bancos Oficiales (DAABO). Los terrenos (21 hectáreas más 8.900 metros cuadrados) fueron valuados en 3,7 millones de pesos por un funcionario de la Fiscalía de Estado, quien definió el valor 17 pesos el metro cuadrado en terreno llano y 14 pesos el metro cuadrado en terreno “quebrado”, siempre de acuerdo al relato del abogado denunciante. Según Ortubia, esos terrenos sin servidumbre, fueron sobrevalorados para beneficiar a Vila.
Finalmente, según el escrito firmado por Ortubia, en otro convenio del 19 de diciembre de 2007 se realizaron las “compensaciones” por esos terrenos. De esa operación Dalvian quedó con un saldo a favor de casi 2 millones de pesos que -como se comprometió la empresa en el convenio- debían ir a la Provincia. Sin embargo, denuncia Ortubia, hubo dentro del convenio un detalle –no menor-, es que esos dineros que debían ir a las arcas provinciales, fueron distribuidos entre un grupo de una docena de profesionales de la Fiscalía de Estado y de la misma DAABO. Este es el texto fiel de la denuncia.
Todo esto está asentado, de acuerdo a la denuncia por escrito que está en poder ahora de los senadores que deben estudiar los antecedentes de De Rosas, en una compulsa penal que el juez civil derivó en la Sexta Unidad Fiscal y que al decir del abogado denunciante "no ha tenido avances sustanciales". Ortubia ha dicho que en marzo de 2007, él y su esposa; la también abogada Ana María Federigi, se desvincularon de Dalvian por problemas en los pagos de honorarios.
Lo declarado en metros cuadrados
Sólo con la idea de curiosear, hay que observar la declaración patrimonial de De Rosas que está en manos de los legisladores. Allí el fiscal adjunto declaró un patrimonio total de 1.464.500 pesos y entre los tres inmuebles que declaró como propios figura un terreno ubicado en el Barrio Dalvian, de 800 metros cuadrados valuado en 470 mil pesos, es decir que De Rosas valuó ese inmueble a razón de 587,5 pesos el metro cuadrado. Éste el más cuantioso inmueble en cuanto a valuación, dado que la casa de Dorrego donde vive el fiscal está tasada en 450 mil pesos y otros dos terrenos localizados en el Barrio Trapiche ascienden en su valoración a 280 mil pesos.
La leche hirviendo
De Rosas ha dejado trascender su temor de que le pase lo mismo que le ocurrió hace diez años, cuando fue propuesto por el entonces gobernador radical Roberto Iglesias. “Vos sabés lo que dice el dicho: ‘Cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora’. Eso es lo que siento”, confesó en las últimas semanas.
Tiene fresco el recuerdo cuando terminó en medio del fuego cruzado entre el oficialismo radical y la oposición peronista. Iglesias se desgañitó culpando al justicialismo de la mala herencia que recibió en su primer discurso como gobernador frente a la Asamblea Legislativa el 1º de mayo de 2000. Eso fue imperdonable para los legisladores peronistas. Cuando llegó el pliego de De Rosas al Senado, días después de aquella sesión, hubo un clima que no se advirtió adverso a De Rosas. Y la venganza fue silenciosa por parte del peronismo, que junto con otras bolillas negras que aportaron anónimamente otros radicales, le truncó el sueño a De Rosas, y la designación de Iglesias.
Ahora esta etapa parece diferente para el destino del fiscal adjunto, que tiene 69 años y lo siente como su última oportunidad. Aunque estas denuncias y sospechas de favorecer a intereses particulares, estos "zombies" que lo rondan, ya generan un clima de tensión.
En la intimidad De Rosas cree haber hecho bien los deberes frente a un gobierno que lo tuvo en "la parrilla" tostándose a fuego lento, durante nueve meses pensando en su destino como funcionario. Sus colaboradores admiten que se notó algún freno en la actividad de la Fiscalía en la medida que avanzó el tiempo.
Las casos que le han interesado promover al gobierno de Jaque, De Rosas los ha terminando cerrando u avanzando rápidamente según la conveniencia. El caso del destino de los tickets Vale Más, lo terminó desguazando en distintos sumarios administrativos. Eso le convino tanto a peronistas como radicales implicados en el caso. O el expediente de los préstamos a las conserveras de San Rafael, de parte del municipio de ese departamento cuando era gobernado por el radical Ernesto Sanz. De Rosas le puso toda la acción posible, aun cuando Pedro Sin, el ex fiscal, y el Tribunal de Cuentas, ya habían dictaminado en contra. Luego de que Sin se fue, en medio de denuncias del gobierno por no investigar, De Rosas lo reabrió y le puso fuego, para calmar la demanda política del gobierno, y después lo terminó cerrando, tal como había hecho Sin.
Por supuesto que -en contrapartida- De Rosas hizo poco y nada para conocer si hubo o no (claro que lo hubo) algún perjuicio al Estado con el caso conocido como el "Cadillacsgate". En la Fiscalía de Estado, el caso de la contratación irregular de una productora local para que los Fabulosos Cadillacs se presentaran en febrero de 2009 es un tema vedado.
Como si fuera una ironía es oportuno recordar lo que dijo De Rosas hace tres meses atrás a propósito de su perfomance cuando era fiscal de Estado sustituto y prendía velas para que Jaque lo nominara: “Este gobierno respeta la institucionalidad y lo único que obtienen de mí, como fiscal, es rapidez en la resolución de los requerimientos”.
Todos estos temas serán puestos a consideración pública el 26 de este mes, después del Bicentenario y el fin de semana largo de cuatro días, en una audiencia pública citada a las 10 de la mañana. Ese día, y a esa hora, los muertos del ropero del fiscal adjunto deambularán por el Salón Rojas del Senado.