Se politizan las ocupaciones de tierras

La toma de tierras en la ciudad de Buenos Aires parece haberse transformado en una disputa política sin retorno. Mientras, las ocupaciones ilegales siguen y algunas hasta crecen.

Hasta ayer se mantenían usurpados el predio del club Albariño, en Villa Lugano, y los terrenos del ferrocarril linderos a la villa 31, además de otras 12 tomas en el área metropolitana.

"Se hacen los giles con el problema" de la toma del club, dijo ayer el jefe de gabinete local, Horacio Rodríguez Larreta, en referencia a la pasiva actitud adoptada por el gobierno kirchnerista. "Es un disparate" pagar un subsidio a los ocupantes ilegales -dijo Larreta-, tal como anteayer había reclamado la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré.

"Garré ayer [por anteayer] propuso lo contrario de lo que acordamos hace una semana", dijo Rodríguez Larreta respecto del convenio porteño con funcionarios nacionales, como el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

"Ella dijo que nosotros tenemos que solucionar esto dándole un subsidio a la gente, pagándole con plata de los vecinos a los que toman el espacio público. Hace una semana acordamos que no se les puede pagar a los que usurpen un espacio público porque estaríamos promoviendo tomas por todos lados", advirtió el funcionario.

Garré había dicho anteayer en conferencia de prensa que "el gobierno de la ciudad no quiere colaborar para resolver el conflicto" y denunció que eran punteros macristas las personas sospechadas como autores intelectuales y materiales de la toma.

Rodríguez Larreta rechazó de plano esa posibilidad: "No tenemos nada que ver con esa gente, que la investigue la Justicia. Mientras Garré hace esta denuncia, los predios siguen tomados, hay una orden de un juez federal a la policía para que desalojen y no hacen nada. Pareciera que con la denuncia se hacen los giles con el problema", insistió.

Ayer declaró ante el fiscal Sandro Abraldes el apoderado de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, quien acusó al diputado macrista Cristian Ritondo y a Ciro James (que fue liberado ayer, sobre lo que se informa en Política) de haber estado detrás de la toma del parque Indoamericano.

Pero los enfrentamientos no terminaron allí. Ayer también intervino el juez porteño Roberto Gallardo, que llamó a declarar al ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, para que explique por qué no había tomado medidas respecto de una denuncia realizada en noviembre pasado sobre la posible ocupación de terrenos en Retiro.

Gallardo aseguró ayer: "Estamos recabando informaciones porque hay elementos documentales que vinculan a sectores medios del gobierno local con las personas que están sindicadas como las organizadoras de las tomas. Vamos a recabar todos los datos y enviarlos a la justicia federal".

Santilli volvió a declarar: "No hubo ningún funcionario del gobierno de la ciudad involucrado en la toma de [terrenos linderos a] la villa 31".

Cabe recordar que hace una semana el gobierno nacional y el porteño anunciaron un plan conjunto para afrontar la crisis habitacional. Durante ese anuncio se advirtió que no habría ningún beneficio para quienes tomaran tierras. Incluso, se aseguró que quien lo hiciera perdería todo beneficio social adquirido.

Por otro lado, no se conocían anoche detalles de ese plan compartido.

Ayer, el representante de la villa 15 Alejandro "Pitu" Salvatierra, entregó a la fiscalía de Abraldes, que investiga las tres muertes en los disturbios que se produjeron en Soldati hace dos semanas, una bolsa con "casquillos de bala" presuntamente disparadas en el Indoamericano.

La existencia de esa bolsa fue relatada al fiscal por numerosos testigos de los hechos e incluso habría sido ofrecida por Salvatierra al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien le aconsejó que la conservara para aportarla a la investigación.