Diputados denunciantes, el martes

El escándalo que desató la denuncia sobre presiones del oficialismo a diputados opositores para facilitar la aprobación del presupuesto 2011, el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, promete subir de voltaje en los próximos días: la Comisión de Asuntos Constitucionales citará a las dos diputadas que hicieron públicas esas presiones, Cynthia Hotton (Valores para mi País) y Elsa Alvarez (UCR) para saber, con nombre y apellido, quiénes del oficialismo fueron los responsables.

A instancias de Elisa Carrió (Coalición Cívica), que planteó en el recinto una cuestión de privilegio para que las denuncias sean investigadas, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá este martes. Bajo la batuta de la peronista disidente Graciela Camaño, los opositores -mayoría en el cuerpo- definirán el curso de acción. Hay dos posiciones: Carrió afirma que la comisión tiene plenas facultades para investigar y citar a legisladores. Lo mismo sostiene Oscar Aguad, jefe del bloque radical.

"Creo que la comisión tiene amplias facultades; las citaciones compulsivas y el eventual arresto de un legislador que incurrió en el delito de dádiva no se podrían producir si no se investiga plenamente", sostuvo Aguad.

En el mismo sentido, se expresó Carrió. "La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene amplias facultades de investigación; hay antecedentes anteriores que lo prueban", dijo.

En cambio, Camaño y Ricardo Gil Lavedra (UCR) advierten que la comisión no tiene facultades para investigar un supuesto delito de dádiva. "En una cuestión de privilegio, se debe averiguar si hubo una ofensa hacia los fueros de un legislador, si su libertad de conciencia fue violentada. Pero si hubo delito lo tiene que investigar la Justicia", fundamentó Gil Lavedra. El diputado Gustavo Ferrari (PJ Federal) sostiene lo mismo, aunque aclara que la norma faculta al cuerpo -es decir, a la Cámara de Diputados- a juzgar a uno de sus pares si cometió un hecho ilícito.

Más allá de esta discusión, todos coinciden en que las dos diputadas denunciantes deben dar su testimonio ante la comisión, y se analiza invitar también, con garantía de total reserva, a aquellos diputados que también recibieron en aquella sesión ofertas de operadores del Gobierno para facilitar la aprobación del presupuesto.

Según consignó LA NACION en su edición de ayer, por lo menos 12 diputados -incluidas Hotton y Alvarez- recibieron todo tipo de presiones y promesas de legisladores y funcionarios kirchneristas para que abandonen el recinto antes de la votación del proyecto o bien lo avalen en general. A diferencia de las dos diputadas, los demás opositores prefirieron mantenerse en reserva, aunque comentaron su experiencia a sus respectivos jefes de bloque.

La Comisión de Asuntos Constitucionales analizará la semana próxima cómo reunir esos testimonios reservados. Los opositores están convencidos de que, así, podrán escalar en los más altos estamentos del Gobierno. "Aquí están involucrados hasta los ministros más encumbrados, empezando por Julio De Vido [ministro de Planificación]", afirman altas fuentes opositoras.

El oficialismo no se inquieta ante esta ofensiva opositora. "La diputada Alvarez dijo públicamente que recibió llamadas, pero ninguna oferta concreta. Entonces, no hay delito", sostuvo el diputado Alejandro Rossi (Frente para la Victoria), vicepresidente de la comisión.

Otra situación es la de Hotton, que públicamente confesó haber recibido una llamada de un operador oficialista en la que se le ofreció aportes para el trabajo social que ella desempeña. Empero, Hotton no quiere revelar el nombre, y sólo lo haría ante la Justicia si llega a ser citada, según expresó.

El oficialismo retruca. "Hotton deberá aportar pruebas", advierte.