Puerto Rico defiende decisión de impago de deuda

"Todavía hay gente que piensa que debía haber pagado. Pues no", dijo el gobernador. La deuda es tan grande que el país está en estado de quiebra.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reafirmó hoy su decisión de no pagar el plazo de la deuda pública del país que venció el pasado viernes y reiteró su posición de dirigir los recursos disponibles a cubrir los servicios esenciales para la ciudadanía.

"Todavía hay gente que piensa que debía haber pagado. Pues no", dijo el gobernador durante una actividad pública en la que participó, rechazando así reclamos de políticos de la oposición que critican su postura.

El mandatario hizo las expresiones durante una actividad en la que se colocó la "primera piedra" de un proyecto de construcción que conlleva una inversión gubernamental de 13 millones de dólares.

"Hay quién piensa que esos 13 millones en incentivos yo los debí haber utilizado para pagar deuda. Cuando alguien diga qué debí haber pagado a Wall Street es a esta obra a la que se refieren. Esto es un ejemplo de para lo que preferí usar el dinero. De eso es que se trata", afirmó García Padilla.

El pago total de la deuda que venció el pasado viernes fue de 2.008 millones, pero el impago real, indicó hoy el gobernador, fue de 911 millones.

El resto del servicio a la deuda correspondía a corporaciones gubernamentales y a otros préstamos que están garantizados por un impuesto al consumo. Estos fondos ya estaban separados por las corporaciones o en el fideicomiso que se creó en su momento para depositar regularmente el dinero que habría que pagar por los mencionados préstamos.

La decisión de no hacer los pagos a la deuda que se cubre con dinero del Fondo General del gobierno central, coincidió con la firma por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de la ley que impone una junta de control fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico.

Dicha ley incluye además un mecanismo para reestructurar la deuda y dispuso de inmediato un periodo de moratoria en el que los acreedores no podrán demandar al gobierno de la Isla en cobro de sus deudas.

Dicho periodo especial vence en febrero de 2017, pero la misma ley establece que puede ser extendido hasta junio de ese año, para dar tiempo a los esfuerzos de renegociación de la deuda que se supone desarrolle la mencionada junta.

La deuda total de Puerto Rico está sobre los 68.000 millones de dólares y tanto el gobierno de Puerto Rico como el Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos han concluido que la misma es impagable en los términos actuales, por lo que se hace necesaria la renegociación.

En estos momentos se esperan los nombramientos que deberá hacer el presidente de Estados Unidos de los integrantes de la Junta, que serán recomendados por las mayorías y minorías políticas en ambos cuerpos del Congreso de Estados Unidos.

Se espera que esos nombramientos se produzcan en algún momento del mes de agosto próximo y que la Junta comience a operar en septiembre.