En marzo de 2011, el año en que cayó Mubarak, los egipcios dieron luz verde a una denominada declaración constitucional del entonces gobernante Consejo Militar que debía regular el proceso de transición a la democracia. Las primeras elecciones libres que siguieron llevaron en 2012 a los Hermanos Musulmanes al poder, que a su vez establecieron una controvertida nueva Carta Magna con elementos islamistas y con un apoyo limitado.
El referéndum que le dio luz verde celebrado en diciembre de 2012 no establecía una participación mínima necesaria para validar la consulta y bastó el resultado de 64 por ciento a favor y 33 en contra de quienes acudieron a votar para adoptarla como nueva Constitución egipcia.
En julio del año pasado el Ejército derrocó a un cada vez más impopular Mursi tras protestas multitudinarias y desde entonces son los militares quienes gobiernan de forma indirecta.
El comandante en jefe y hombre fuerte en el país, Abdelfatah al Sisi, nombró un gobierno de transición. Una comisión de expertos dirigida de forma indirecta por los militares y que contaba con su visto bueno presentó a finales de 2013 el borrador de una nueva Constitución que ahora deberán votar los ciudadanos.
Ésta contiene "mejoras significativas" respecto a las anteriores leyes fundamentales, considera el experto constitucional Said al Ali del instituto de investigación electoral internacional IDEA. Así, contempla los derechos y la igual de las mujeres y detalla una serie de derechos sociales.
Pero al mismo tiempo no rompe con la mala tradición de las constituciones egipcias de favorecer al Estado y a su órgano constitucional a costa de los ciudadanos. "No contiene una nueva visión sobre las competencias del Estado y la protección de los débiles y desfavorecidos en la sociedad", considera Al Ali.
Activistas defensores de los derechos humanos critican sobre todo los privilegios que sigue asegurándose el Ejército en la Carta Magna, que continúa siendo un Estado dentro del Estado egipcio. Por ejemplo, los militares se reservan la potestad de elegir al ministro de Defensa entre uno de los suyos y el presupuesto de las fuerzas armadas y su "imperio económico" seguirá siendo secreto y quedará fuera de cualquier revisión por parte de las instituciones civiles.
También se mantendrán los controvertidos tribunales militares contra civiles.
Además, casi es imposible hacer campaña por el "no" a votar a la nueva Constitución o a su boicot. Los medios utilizan desde hace meses una propaganda tan estridente como efectiva que señala casi como "traidores de la patria" a quienes se alejen mínimamente de lo propuesto pro la cúpula egipcia.
Las manifestaciones de seguidores de los Hermanos Musulmanes son reprimidas por la fuerza y la organización, que llamó al boicot del referéndum, fue primero ilegalizada y después declarada por el gobierno asociación terrorista el mes pasado.
La mayoría de los egipcios aspiran al final de los tiempos convulsos y a lograr estabilidad para el país. La aceptación de la nueva Constitución se da por ello por segura, pues pretende allanar el camino a la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero la fijación de los privilegios del Ejército y otras debilidades, temen muchos activistas, no hará posible la creación de verdaderos estándares democráticos.
Aún no está claro si tras el voto constitucional se elegirá primero a un nuevo presidente o a un nuevo Parlamento. La tendencia es a celebrar una elección presidencial pronto, señaló el diario "Al Masry al Youm" a comienzos de febrero, algo que podría suponer que el militar Al Sisi se presentara como candidato prácticamente imbatible. El referéndum legitimará por tanto un proceso que conducirá a un régimen poco o nada distinto de sus predecesores, temen sus críticos.
Las diferencias más importantes entre ambas son las siguientes:
DERECHOS FUNDAMENTALES: Según expertos y activistas, la nueva Constitución contempla más derechos y libertades que la anterior. Entre otros, obliga al Estado a garantizar la independencia de la prensa. También es novedosa la prohibición de toda actividad política "con una base religiosa".
RELIGIÓN: El artículo 2 establece que "el Islam es la religión del Estado". En consecuencia, "los principios de la Sharia (la ley islámica) son la principal fuente de legislación". Esta formulación ya figura desde el año 1971 en la Constitución egipcia. Sin embargo, se eliminó el artículo 219 de la antigua Carta Magna, que definía de manera más completa los principios de la Sharia. Los críticos vieron aquí una puerta de entrada a una legislación religiosa más estricta.
EJÉRCITO: El poderoso ejército conserva muchos privilegios. El artículo 234 le da derecho a elegir en los próximos ocho años al ministro de Defensa. Muchos activistas critican especialmente el artículo 204, que también permite los procesos contra civiles ante tribunales militares.
PARLAMENTO: La nueva Constitución debilita la posición del Parlamento en relación al presidente. También elimina el Consejo de la Shura, la Cámara Alta, y deja el poder legislativo únicamente en manos de la Cámara de Representantes.