El juez José Castro, que instruye el caso Urdangarin, la pieza separada número 26 de la investigación abierta por el sobrecoste de más de 60 millones de euros en la construcción del polideportivo Palma Arena, ha imputado al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por apoderarse de fondos públicos y desviarlos a sus empresas privadas. Pero no ha hecho lo mismo con su esposa, la infanta Cristina, que comparte la propiedad de una sociedad, Aizoon, principal beneficiaria de los negocios supuestamente ilegales del yerno del Rey.
En el sumario apenas hay rastro de la infanta Cristina, pese a que era vocal del Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro que Iñaki Urdangarin utilizó para lucrarse a costa principalmente del dinero de diversas Administraciones públicas (la Comunidad Valenciana y la de Baleares, principalmente).
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