El fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, presentó anoche la imputación formal contra el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros en el juicio de responsabilidades abierto en su contra por las decenas de muertes ocurridas durante el levantamiento popular de octubre de 2003.
Según radio La Plata de Sucre, la imputación fiscal es por los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, graves y leves, lesiones seguidas de muerte, privación de libertad, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilios y resoluciones contrarias a la Constitución, según despacho de la agencia italiana Ansa.
Junto al ex presidente Sánchez de Lozada son imputados los ex ministros Carlos Sánchez Berzain, Jorge Berindoague, Javier Torres Goitia, Hugo Carvajal Donoso, Guido Añez Moscoso, Adalberto Kuajara, Dante Pino Archondo, Erick Reyes Villa, Mirtha Quevedo y Jorge Torres Obleas.
En Sucre, sede de la Corte Suprema, a 780 kilómetros al sudeste de La Paz, donde se realiza el juicio, están sólo presentes los ex ministros Adalberto Kuajara, Pino Archondo y Reyes Villa.
Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague residen en Estados Unidos desde octubre del 2003, cuando el ex presidente renunció obligado por las movilizaciones sociales.
Los otros imputados están en el exterior y son los ex ministros Torres Goitia, Quevedo y Torres Obleas que recibieron asilo político en Perú, lo que motivó protestas del gobierno boliviano.
Carvajal Donoso reside en España y Añez Moscoso en Estados Unidos.
La mayoría de los delitos que se les imputa están referidos a las 63 muertes y más de cien heridos que dejó el intento de controlar con el ejército las movilizaciones sociales de septiembre y octubre del 2003 en la vecina ciudad de El Alto.
Según el fiscal Uribe, una vez planteada la imputación formal seguirá ahora la deposición de los más de dos mil testigos que presentarán tanto la fiscalía como los abogados de los parientes de las víctimas.
Imputan al ex presidente de Bolivia
A Gonzalo Sánchez de Lozada se lo acusa de varios delitos, entre ellos, el de homicidio y torturas. Sin embargo, no está presente en el juicio porque reside en Estados Unidos desde las movilizaciones de octubre de ese año que lo obligaron a renunciar. Los otros imputados están en el exterior y son los ex ministros Torres Goitia, Quevedo y Torres Obleas que recibieron asilo político en Perú, lo que motivó protestas del gobierno boliviano.