La obra está planteada en cuatro partes. Las tres primeras muestran a Pedro tratando de eludir las preguntas del capitán en cada sesión de tortura. Sus respuestas son erráticas y, aunque por momentos el dolor parece doblegarlo, el torturado sigue sin dar los nombres que le exige su torturador.
En el cuarto y último acto, al ver que Pedro utilizaba sus últimas fuerzas y, aunque reducido a un manojo de huesos y piel lacerada, lograba mantener la heroica dignidad del silencio, quien se quiebra es el capitán. Por eso estalla en llantos y le suplica al torturado que delate a sus camaradas, ya que esa confesión es lo único que “justifica” la cruel ferocidad de su tarea.
“Pedro y el capitán”, la obra dramática que escribió para dos actores Mario Benedetti en 1979, plantea el remordimiento de un torturador al que sólo redime de su culpa la confesión arrancada al torturado.
En el razonamiento que, por estos días, expuso George W. Bush para defender la tortura, lo que redime la delictiva bestialidad del método es la delación que permitiría evitar sangrientos atentados terroristas y la onda expansiva del dolor que provocan tantas muertes.
El presidente norteamericano no habla de tortura sino de métodos de presión física. Específicamente se refiere a lo que los marines llaman el “waterbording”, inmersión en agua para provocar asfixia, y afirma que vetará la ley con que el Congreso de los Estados Unidos se dispone a prohibir semejante práctica.
El debate tiene un sinfín de aspectos. Por caso, que Guantánamo es un agujero negro del derecho por no ser territorio norteamericano. De todos modos, la cuestión central es si la inmersión asfixiante es tortura y si se justifica para evitar masacres terroristas.
Con “Abadón el exterminador”, Ernesto Sábato camufló en una novela lo que, en los hechos, constituyó la primer denuncia pública de los tormentos aplicados por la última dictadura militar a sus víctimas.
En esas páginas publicadas durante la oscura década del setenta, muchos por entonces adolescentes leímos estupefactos la descripción de la tortura a la que los represores argentinos llamaban “submarino”.
Por cierto, no la inventaron los feroces grupos de tareas ni las bestias que cumplían órdenes del general Camps o de Menéndez. Tampoco la inventaron los legionarios franceses en Argelia ni los matones del haitiano Duvalier ni los guardias de Aushwitz y del Gulag, ni siquiera los tristemente célebres torturadores de los mandarines chinos.
Quizá existe desde siempre, como el grueso de las demás torturas; porque la tortura nació con las primeras luchas del hombre contra el hombre. Pero ni su ancestral existencia ni la presunta utilidad que tendría en evitar crímenes en masa, justifica que un presidente de los Estados Unidos la defienda.
Cuando se aplica el terrorismo del Estado, el Estado desaparece. Lo paradójico es que deja de existir cuando pareciera ser inmensamente poderoso. Sin embargo, sólo se trata de una engañosa apariencia; porque si el estado es “la Nación jurídicamente organizada”, salirse del marco jurídico le implica dejar de ser.
Bush intentó mantener el tema fuera del campo del derecho mediante recursos insólitos: por caso, realizando sesiones de tortura en aviones en pleno vuelo, usando cárceles secretas en países de Europa central que todavía no adecuaron muchas leyes heredadas del totalitarismo, y manteniendo a Guantánamo en el limbo jurídico. Pero no logró evitar que los poderes Judicial y Legislativo avanzaran sobre el tema.
El proyecto de Ley que avanza en el Capitolio, más que prohibir la tortura (que de hecho está prohibida en los Estados Unidos) califica de tortura a los métodos que la Casa Blanca y el Pentágono bautizaron con eufemismos y defienden a rajatabla.
El mismo debate se da en Israel y en otros estados, lo que no deja de resultar un paradójico y triste mérito ya que, en muchísimos países, la tortura es una realidad que ni siquiera se debate. Ahora bien, el tema está hoy en la tapa de los diarios por Estados Unidos, donde el Congreso quiere impedir lo que el presidente Bush y el vicepresidente Cheney defienden y justifican.
Quizá debieran escuchar nuevamente el primer debate entre los precandidatos al comenzar las primarias del Partido Republicano, en el que John McCain interrumpió abrupta y lucidamente a Mitt Romney.
El moderador había pedido a los precandidatos definir sus posiciones en el debate sobre la tortura en la “guerra contra el terrorismo” y Romney se excusaba de opinar mediante un argumento incomprensible, cuando McCain lo interrumpió con una reflexión impecable.
En síntesis, el senador de Arizona planteó que aceptar cualquier forma de tortura es atentar contra la esencia misma de la república norteamericana, que es el Estado de derecho y la defensa de las libertades públicas y las garantías individuales.
En este tema, John McCain merece ser escuchado porque, en los cinco años que fue un prisionero del vietcong, sufrió innumerables vejaciones y torturas similares a las que los marines aplicaron en la cárcel bagdadí de Abu Grahib.
Por eso, para el triunfador de la interna republicana, al menos hasta ese primer debate, la cuestión es simple: en Estados Unidos no se puede aceptar ninguna forma de vejación y tortura sin renunciar a los fundamentos esgrimidos por los fundadores de la república.
Y está claro que los argumentos de Bush son refutados, en América, desde el siglo 18 por Thomas Paine en su brillante opúsculo “Sentido Común”, y en el mundo, desde el concepto de “homine libero exibendo” que creó el Imperio Romano, pasando por la carta magna inglesa de 1215, hasta el libro “De los delitos y las penas” con que el jurista milanés Cesare Beccaria, impulsó la abolición de la tortura como forma de obtener información y del suplicio como modo de castigo.