Por un lado, el Senado de Estados Unidos difundió un informe (o mejor dicho una mínima parte de ese informe) sobre la aplicación sistemática de la tortura por parte de la CIA, entre 2001 y 2006. Después del atentado contra las Torres Gemelas, y en el marco de la llamada “Guerra contra el terrorismo” de George W. Bush. Y hasta que en setiembre de 2006 el propio presidente tuvo que admitir el programa secreto y, sin el apoyo de ningún país de la comunidad internacional, tuvo que darle de baja.
Prácticas propias de la dictadura argentina, como la “mojarrita” o “submarino” (ahogamiento por inmersión), violaciones, vejaciones sexuales, golpes, amenazas, tortura psicológica, entre otros métodos. Incluso, la CIA subcontrató por 80 millones de dólares a psicólogos para dirigir esos métodos de terrorismo de Estado. La gran diferencia con la Argentina es que todas estas cosas fueron parte de un plan sistemático pero en democracia, y en el país que se atribuye la representación mundial de la democracia y la libertad.
Por supuesto que el principal responsable es George W. Bush, pero el premio Nobel de la Paz, Barak Obama, es corresponsable por encubrimiento, ya que su administración maquilló el informe por “razones de seguridad nacional”. Es decir que no nos enteramos de todo lo que dice dicho informe. Y además, ¿sabe usted cuántas personas respondieron ante la Justicia por estos delitos de lesa humanidad? Ninguna. ¿Sabe usted cuántas personas responderán ante la Justicia? Ninguna.
La reacción de Obama fue decir: “Esto estuvo mal, pero no hay que ser demasiado duros con los responsables. Somos una gran nación, y lo que nos hace excepcionales es que reconocemos y corregimos nuestros errores”. Una sucesión de hipocresías, y más que eso, de provocaciones. Insiste obama con el carácter excepcional de Estados Unidos, condición de excepcionalidad que ha estado en la base de todas las tropelías del país del norte, desde su fundación bajo el concepto del Destino Manifiesto, aquel que lo ponía por sobre el resto de las naciones. Si se reconocen y corrigen los errores, que lleve a la Justicia a los responsables. Si no, la posibilidad de que estas prácticas continúen ejercitándose es lícita. Más aún cuando el actual director de la CIA, John Brennan, defendió la tortura como método y dijo que se utilizaron “por el bien de la nación”.
Desde la ONU, el relator especial contra la tortura, Ben Emmerson, le dijo a Obama que Estados Unidos tiene la obligación legal de llevar a los culpables a la Justicia, porque es firmante de la Convención contra la Tortura de 1984.
Es decir, nada nuevo bajo el sol. Sabemos que la CIA estuvo detrás de todos los genocidios en las dictaduras latinoamericanas, sabemos que Estados Unidos ha violado sistemáticamente la ley internacional a lo largo de la historia. Pero quizá lo nuevo sea que hoy un informe del Senado da cuenta de un plan sistemático de torturas, que el propio presidente de ese país lo reconoce, pero con la soberbia que caracteriza al Imperio, encubren esos crímenes, que es una forma de justificarlos y de decirle al mundo que seguirán empleándolos.
Es decir, hoy por hoy, Estados Unidos es un Estado paria, es un Estado fuera de la ley.
Brasil y Chile, lejos de la memoria, la verdad y la justicia
Viniendo más cerca, el mismo Día Internacional de los Derechos Humanos, en Brasil una comisión de la verdad entregó a la presidenta Dilma Rousseff un informe de más de 4.000 págicas sobre las violaciones a los Derechos Humanos de la dictadura (1964-1985). En ese informe se acusa a 377 militares por esos delitos y se aconseja llevarlos a la Justicia. Pero también aquí eso será imposible, porque existe una amnistía del año 1979, dictada por la propia dictadura, en anuencia con los partidos políticos tradicionales. Y la voluntad política tampoco se ve muy firme en Brasil. La presidenta Dilma, luego de llorar un poquito para las cámaras dijo: “Honramos a los caídos en la lucha contra un Estado ilegal, pero también honramos los pactos políticos”. Con esa frase, sepultó cualquier esperanza de justicia, siguiendo el camino español del Pacto de la Moncloa, pactos de impunidad y que lo único que hacen es no dejar que cierren las heridas del pasado.
Uno de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Aurelio Mello, fue más explícito y dijo: “La amnistía del ’79 fue buena para los dos lados, y ahora lo que debe hacer el Brasil es mirar al futuro y no al pasado”. Perfecto aggiornamiento de la Teoría de los Dos Demonios.
En Chile, el 10 de diciembre superó cualquier récord Guinness, porque un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), llevó adelante en pleno Congreso de la Nación, en Valparaíso, un homenaje al dictador fascista Augusto Pinochet. Y lo hicieron porque el plexo jurídico de Chile permite que se homenajee a un dictador sanguinario como Pinochet. Es más, el plexo jurídico de Chile permitió que Pinochet muriera hace ocho años como senador vitalicio de la nación. Y murió en su cama tranquilito. Nótese la diferencia con Videla, que murió en una cárcel común.
Ejemplos de lo que está pasando en el mundo. Y siempre es bueno contextualizar y comparar. El mismo día, el Nabo Barreiro intentaba embarrar la cancha porque está siendo juzgado en la megacausa La Perla, junto con su jefe Menéndez y otros genocidas más. En Argentina, la Justicia ordinaria ya ha condenado a más de 500 represores y más de 250 han muerto en cárceles comunes. Como para marcar diferencias.
Mariano Saravia.