El dilema resulta asfixiante. Washington debe optar una vez más entre seguir apoyando a un dictador aliado o colaborar con una democratización de resultados impredecibles.
El riesgo es que Pakistán desemboque en lo que desembocó Argelia cuando, tras décadas de régimen laico izquierdista, las urnas condujeron al triunfo del fundamentalista Frente Islámico de Salvación (FIS), y las potencias de Occidente terminaron apoyando la anulación de los comicios y la instauración de un régimen ilegítimo.
El caso de Pakistán es inmensamente más grave en términos estratégicos, por tratarse de la única potencia musulmana con arsenales nucleares y por jugar un rol clave en la cuestión afgana, uno de los principales escenarios de la guerra norteamericana contra Al Qaeda.
En rigor, el principal escenario de la lucha contra el terrorismo sunita no es exclusivamente Afganistán, sino la región centroasiática que abarca el sur afgano con eje en la ciudad de Kandahar, y el oeste pakistaní con capital religiosa en la ciudad de Peshawar; o sea la tierra habitada por la etnia pashtún, de cuyas madrazas surgió ese engendro ultra fundamentalista llamado talibán.
El general Pervez Musharraf, condecorado como héroe en la guerra indo-paquistaní de 1965, llegó al poder en 1999 mediante un golpe de Estado indirectamente anti-norteamericano, ya que derrocó al primer ministro Nawaz Sharif acusándolo de ceder ante la presión de Washington y detener la ofensiva separatista cachemir contra la India en el Himalaya, tal como lo exigía la administración Clinton.
Con el argumento de la corrupción, la dictadura persiguió a Sharif y a la ex primer ministra y líder opositora Benazhir Butho, logrando que ambos se refugiaran en el destierro. Pero pronto el régimen debía optar entre justificar su golpe de Estado reiniciando la ofensiva que la organización separatista Lashkar e-Toiba había lanzado contra la India con el apoyo militar paquistaní, o dar un giro copernicano para obtener la bendición de los Estados Unidos.
El 11-S dio a Musharraf la posibilidad de lo segundo, y su régimen se convirtió en el principal aliado de Washington; una sociedad de gran utilidad en la invasión de las fuerzas occidentales a Afganistán para derrocar al régimen talibán que presidía el emir Omar en Kandahar.
Sin embargo, los once mil millones de dólares que Washington le dio al régimen para fortalecer su ejército, su policía y sus servicios de inteligencia (la ISI y la Mujabarat), no han mostrado una clara efectividad en lo que implica la persecución de la cúpula de Al Qaeda, oculta en las montañas que se extienden desde la ciudad afgana de Jalalabad hasta la región pashtún de Pakistán que comprende, principalmente, la provincia nororiental de Waziristán.
Paralelamente, la corrupción y la ineficiencia del régimen, sumado a los excesos de sus fuerzas represivas, fueron horadando la base de apoyo popular con la que Musharraf contó, en un primer momento debido al nacionalismo anti India, y en una segunda etapa, por los amplios sectores de la clase media y alta paquistaní que quieren el Estado secular y no la teocracia que promueven los fundamentalistas.
Por eso Washington había decidido seguir apoyando a Musharraf, aunque obligándolo a legitimarse en las urnas con la reinstauración de la plena institucionalidad. Pero en el medio de ese lento y sinuoso trayecto democratizador, ocurrió la rebelión fundamentalista de Lal Masjid, la imponente Mezquita Roja de Islamabad.
Indudablemente, los hermanos Abdulaziz y Abdul Rashid Ghazi, líderes de aquella asonada, buscaban que el gobierno la aplastara con una masacre que sirviera como efecto propagandístico contra la dictadura aliada de los Estados Unidos. Y también buscaban que los efectos de la masacre, o sea el malestar generalizado contra Musharraf y su régimen, detuvieran el proceso democratizador.
Lograron ambas cosas; por lo tanto creció la influencia de los islamistas de la escuela “deobandi” (la vertiente teológica que inspira al talibán), quienes promueven la instauración en Pakistán de un régimen teocrático y apoyan organizaciones terroristas como Harkat ul Jihad e Islami (que asesinó al periodista norteamericano Daniel Pearl y atentó varias veces contra Musharraf) y su brazo político, Jamiat Ulema e Islam.
En ese nuevo escenario, Washington presionó al régimen para que ampliara su base de apoyo estableciendo acuerdos con los principales líderes de la oposición democrática y laica, o sea Benazhir Butho y Nawaz Sharif, lo que primero requería el cese de las demandas judiciales contra ellos para que pudieran regresar de sus respectivos exilios.
El brusco retroceso
En ese sentido se estaba avanzando, cuando Musharraf emprendió una torpe contramarcha que dejó al proceso democratizador en estado de coma, quizá por haber llegado a la tardía conclusión de que, con un poder relativo y no absoluto, ni su gobierno ni su vida estarían fuera de peligro.
Para legitimarse como presidente en una elección legislativa que gana fácilmente porque en el Parlamento tiene mayoría el partido que fundó (la Liga de los Musulmanes Pakistán-Q), el general debía cumplir con la cláusula constitucional que impone al jefe de Estado no ser al mismo tiempo jefe de las Fuerzas Armadas.
Concretamente, Musharraf debía renunciar a ser jefe militar pero resolvió no hacerlo. Y su decisión fue inmediatamente objetada por el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial que se disponía a invalidar la elección legislativa del presidente que está violando la Constitución.
Tirando insólitamente por la borda todo lo que había avanzado en la legitimación de su poder, Pervez Musharraf reaccionó destituyendo al presidente del Tribunal Supremo, el respetado magistrado Iftijar Chaudri, para colocar en su lugar a Abdul Hamid Dogar, un amigo del régimen, para lo cual tuvo que declarar el Estado de Emergencia y, de paso, imponer nuevamente la censura y la persecución de los opositores.
En síntesis, justo cuando estaba por darse la legitimación del tercer mandato de Musharraf mediante un acuerdo que uniría a los grandes partidos laicos cerrando el paso a las fuerzas ultra-islamistas, el general patea el tablero provocando un retroceso institucional y colocando a Washington en una disyuntiva atroz: seguir apoyando al dictador que le es útil en Afganistán y en la lucha contra Al Qaeda, o ser consecuente con el proceso democratizador que ese aliado decidió por propia cuenta sepultar.
"El dramático giro político en Pakistán"
La sorpresiva involución hacia el origen dictatorial del régimen del general Musharraf, abre oscuros interrogantes sobre el único país musulmán con armas nucleares.
