La ley ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso establece por un periodo de tiempo un programa de incentivos a las grandes inversiones en la Argentina. Contiene en sus ítems principales desregulaciones, garantías legales, beneficios impositivos y excepciones en materia cambiaria.
El programa se denominará Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sus principales normas se establecieron en un anexo especial en el proyecto de ley.
Sus principales objetivos son:
Incentivar las Grandes Inversiones nacionales y extranjeras consideradas como esenciales para el "interés nacional". Incluye a los sectores que recibirían estos incentivos, a saber, agroindustria, minería, energía, tecnología, infraestructura, forestal y gas y petróleo.
Promover el desarrollo económico.
Desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos.
Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior relacionados con esas inversiones. Se aclara en la ley que quedará prohibido impedir las exportaciones en cualquier caso y que no se priorizará al mercado interno, por lo que las empresas podrán exportar la totalidad de su producción. Tampoco habrá restricción alguna o límite a las importaciones necesarias para desarrollar los proyectos.
Favorecer la creación de empleo
Generar de condiciones de previsibilidad y estabilidad para esas inversiones
Crear un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado. Con este ítem se plantea la protección contra posibles futuras estatizaciones o recisiones de contrato.
El desarrollo coordinado con el Estado Nacional y las provincias en materia de recursos naturales.
Se incentivarán las inversiones en el agro. Shutterstock
La ley establece un periodo de dos años para adherir y otros dos a definir por el Poder Ejecutivo y ofrece a cambios distintos tipos de beneficios.
Establecen un instrumento llamado “vehículos de proyecto único (VPU)”, que permitirá a los titulares de los proyectos ser calificados como "gran inversión" en cada uno de los sectores incluidos.
Entre los principales incentivos aparecen la reducción del impuesto a las Ganancias, distintas deducciones del IVA y otros impuestos como créditos del impuesto a las Ganancias, exenciones al pago de derechos de exportación (retenciones) y reducción de la obligación de liquidación de dólares por importaciones del 20% en el primer año, del 40% en el segundo y del 100% a partir del tercer año.