Finalmente, el Gobierno promulgó la reforma de la polémica Ley de abastecimiento, altamente resistida por empresarios y dirigentes opositores, mediante un decreto que la presidenta Cristina Fernández dejó firmado antes de su partida a Roma.
Se trata del decreto 1622 de promulgación, que fue publicado en el Boletín Oficial con las firmas de CFK, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Justicia, Julio Alak.
La ley de "Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo" fue sancionada en la madrugada de ayer con el voto positivo de 130 diputados, la negativa de 105 y la abstención de 5 y los empresarios del Grupo de los Seis ya anticiparon su estrategia judicial contra la norma.
El G-6 que nuclea a la UIA, banqueros, el campo, la construcción y el comercio viene estudiando y asesorándose para frenar la norma mediante una acción en conjunto antes de que se reglamente y no esperará a la oposición, que se comprometió a derogarla si llegaba al poder en 2015.
Carlos de la Vega.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, criticó la Ley toda vez que "el Poder Ejecutivo tenga la facultad de decirles a las empresas qué deben producir, cuánto y a quién le deben vender".
Si bien la Cámara hizo presentaciones puntuales y lograron, por lo menos, diez modificaciones, estas "no le cambian la esencia, pero atenúan su aplicación".
El referente empresarial dijo que acudirá a la Justicia contra la ley, pero explicó que esa decisión dependerá de lo que resuelva el denominado Grupo de los Seis.
Luis Etchevehere.
El presidente de Sociedad Rural (SRA), Luis Etchevehere, anticipó que habrá “una catarata de amparos en toda la Argentina” a partir de que se aplique la ley de Abastecimiento.
“En la medida de que el Gobierno intente entrar al campo para sacar mercadería, ya estamos asesorados con abogados para presentar amparos. Prestigiosos constitucionalistas dicen que esto es inconstitucional, porque le da facultades judiciales al Ejecutivo”, consideró Etchevehere, en diálogo con MDZ Radio. Sin embargo, la "lluvia de amparos" no sería tan eficaz como una estrategia conjunta por parte del todo el G-6.
"(El grupo empresario) no quieren que ninguna empresa o asociación menor se desgaste en la pelea judicial y hasta pueda perder ante los magistrados provinciales, generalmente más porosos a la presión política", resalta hoy TN, por eso, plantearán una acción declaratoria de inconstitucionalidad, medida que esperan tenga un alcance nacional para todos los afectados.
Así lo resolvieron en un reciente encuentro en el que participaron los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Echevehere, y de los Bancos Privados de la Capital Argentina (ADEBA), Jorge Brito.
El estudio Cassagne, experto en este tipo de amparos, ya fue contactado para ser parte del equipo legal.
El gran cerebro legal del G-6 será el constitucionalista Daniel Sabsay, quien ya aceptó el desafío. También se busca sumar a los expertos en derecho constitucional Jorge Vanossi y Alberto García Lema como consejeros y así sumar peso político y jurídico.